Columna COLABORADOR INVITADO

Por Luis Ángel Flores García*

México es un país cuya identidad se encuentra profundamente relacionada con sus pueblos originarios. Sus lenguas, conocimientos, tradiciones, formas de organización y expresiones culturales forman parte de la historia que ha dado origen a la nación. Sin embargo, existe una contradicción que merece ser cuestionada: mientras las culturas indígenas son presentadas como motivo de orgullo nacional, muchas de las comunidades que las mantienen vivas continúan enfrentando pobreza, discriminación, dificultades para acceder a servicios básicos y obstáculos para conservar su patrimonio cultural.

Esta situación permite hablar de una deuda histórica con los pueblos indígenas. No se trata únicamente de reconocer los abusos cometidos durante la conquista y los siglos posteriores, sino de analizar las desigualdades que persisten en el presente y la responsabilidad que tienen las instituciones, la sociedad y el Estado mexicano para atenderlas. Una deuda histórica no se salda con discursos, celebraciones o reconocimientos simbólicos; requiere garantizar derechos, generar oportunidades y respetar la autonomía de las comunidades.

El pueblo mazahua, presente principalmente en el Estado de México y Michoacán, representa un ejemplo importante para comprender esta problemática. Su lengua, vestimenta, conocimientos tradicionales y formas de vida constituyen una parte fundamental del patrimonio cultural mexicano. No obstante, al igual que otros pueblos originarios, enfrenta desafíos relacionados con la transmisión de su lengua, las condiciones económicas y el reconocimiento de su identidad. Estas dificultades no deben entenderse como un problema exclusivo de los mazahuas, sino como parte de una realidad más amplia que afecta, de distintas maneras, a pueblos nahuas, otomíes, mixtecos, zapotecos, mayas, mixe y muchos otros.

La tesis de este ensayo sostiene que México mantiene una deuda histórica con sus pueblos indígenas porque el reconocimiento de su importancia cultural y de sus derechos no ha sido suficiente para eliminar las desigualdades sociales ni para garantizar la conservación de sus lenguas y tradiciones. Por ello, es necesario examinar las causas de su vulnerabilidad, la responsabilidad del Estado, la discriminación que enfrentan y las medidas que pueden contribuir a construir una sociedad más justa, en la que los pueblos originarios no sean recordados solamente por su pasado, sino respetados como parte viva del presente y del futuro nacional.

1. La riqueza cultural de México y el olvido de sus pueblos originarios

La historia de México no puede comprenderse sin la participación de sus pueblos indígenas. Antes de la formación del Estado mexicano existían numerosas sociedades con sistemas propios de organización, conocimientos agrícolas, lenguas, prácticas medicinales, expresiones artísticas y formas particulares de comprender su relación con la naturaleza. Muchas de estas tradiciones han sobrevivido hasta nuestros días, a pesar de los procesos de conquista, colonización, discriminación y transformación social que han experimentado las comunidades.

Sin embargo, reconocer la riqueza de estas culturas no significa que sus integrantes disfruten necesariamente de las mismas oportunidades que el resto de la población. En ocasiones, la sociedad mexicana celebra las artesanías, la gastronomía, la música y las vestimentas indígenas, pero presta poca atención a las condiciones en las que viven quienes producen y conservan esas expresiones culturales. Esta contradicción revela que el reconocimiento cultural puede quedarse en el terreno simbólico cuando no va acompañado de acciones que garanticen derechos y mejores condiciones de vida.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 aproximadamente 39.2 millones de personas se identificaban como indígenas en México, mientras que 7.4 millones de personas de tres años y más hablaban alguna lengua indígena. Estas cifras muestran que los pueblos indígenas no constituyen una minoría insignificante, sino una parte fundamental de la sociedad mexicana. También permiten distinguir entre la identidad indígena y el uso de una lengua originaria: no todas las personas que se identifican como indígenas hablan actualmente la lengua de su comunidad.

Por lo tanto, el problema no consiste en que estas culturas pertenezcan a una época pasada, sino en que sus integrantes continúan formando parte de un país que todavía enfrenta dificultades para reconocer plenamente su diversidad. México no puede afirmar que protege su patrimonio cultural si no garantiza condiciones para que las propias comunidades decidan cómo conservarlo, desarrollarlo y transmitirlo a las nuevas generaciones.

2. La vulnerabilidad social y económica de los pueblos indígenas

Uno de los principales problemas que enfrentan numerosos pueblos originarios es la desigualdad en el acceso a los derechos sociales. La pobreza, las dificultades para recibir atención médica, la falta de infraestructura, las barreras educativas y las limitadas oportunidades de empleo pueden afectar de manera particular a las comunidades que históricamente han sido excluidas del desarrollo económico.

Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) muestran la magnitud de esta situación. En 2022, el 65.2% de la población indígena considerada en su medición se encontraba en situación de pobreza, frente al 33.1% de la población no indígena. Asimismo, el 58% de la población indígena presentaba carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, en comparación con el 13.4% de la población no indígena. Estas cifras corresponden a 2022 y deben interpretarse como indicadores de ese periodo, no como estimaciones actuales.

La diferencia entre ambos grupos evidencia una desigualdad importante. No significa que todas las personas indígenas vivan en pobreza ni que todos los problemas de sus comunidades tengan una sola causa. Sin embargo, sí demuestra que la pertenencia a un grupo históricamente discriminado puede relacionarse con mayores obstáculos para ejercer derechos y acceder a condiciones adecuadas de vida.

En algunas localidades, las distancias hasta los centros de salud, la insuficiencia de personal médico, la falta de servicios públicos y las dificultades de transporte pueden complicar la atención de necesidades básicas. En el ámbito educativo, la ausencia de materiales adecuados en lenguas indígenas y la falta de docentes capacitados en educación intercultural pueden limitar el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

Frente a esta realidad, es necesario cuestionar la idea de que la pobreza de las comunidades indígenas se explica únicamente por sus decisiones individuales o por sus costumbres. Las desigualdades también deben analizarse a partir de factores históricos, económicos, territoriales e institucionales. Cuando una comunidad carece durante años de infraestructura, servicios y oportunidades, no basta con exigirle que supere sus dificultades: también es necesario examinar qué acciones han realizado las autoridades y qué obstáculos estructurales siguen presentes.

La responsabilidad pública no consiste en sustituir las decisiones de los pueblos, sino en garantizar que puedan desarrollarse con dignidad y en condiciones de igualdad, respetando sus formas de organización y sus prioridades.

3. El pueblo mazahua: identidad, desigualdad y conservación cultural

El pueblo mazahua constituye un ejemplo especialmente relevante para el Estado de México, debido a su presencia histórica en esta entidad y a la continuidad de sus expresiones culturales. Su lengua, sus textiles, sus conocimientos comunitarios y sus tradiciones forman parte de una identidad que ha sido transmitida entre generaciones. No obstante, la conservación de esta herencia depende de condiciones sociales que permitan a las comunidades mantenerla viva.

Uno de los desafíos más importantes es la transmisión de la lengua mazahua. Cuando las nuevas generaciones dejan de utilizarla o tienen pocas oportunidades de aprenderla, se debilita un medio fundamental para transmitir conocimientos, relatos, formas de organización y maneras particulares de interpretar el mundo. La pérdida de una lengua no significa solamente que desaparezcan determinadas palabras; también puede implicar que se reduzcan los espacios en los que circulan conocimientos y memorias colectivas.

El Programa Institucional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) 2025-2030 incluye al mazahua entre las agrupaciones lingüísticas clasificadas con riesgo de extinción acelerada, de acuerdo con el índice de reemplazo etnolingüístico citado en el documento. Esta clasificación se basa en información censal histórica y en una metodología específica, por lo que debe entenderse como una señal de riesgo y no como una predicción de que la lengua necesariamente desaparecerá.

Este dato obliga a reflexionar sobre las condiciones que favorecen la continuidad de una lengua. No es suficiente pedir a las familias que la transmitan si, al mismo tiempo, sus hablantes enfrentan discriminación, si los espacios educativos no la incorporan adecuadamente o si hablarla se percibe como una desventaja en determinados ámbitos sociales. La conservación lingüística requiere que sus hablantes puedan utilizarla con orgullo y sin sufrir exclusión.

También es importante reconocer el trabajo de las mujeres y de las personas mayores, quienes frecuentemente desempeñan un papel fundamental en la transmisión de conocimientos, bordados, relatos y prácticas comunitarias. Sus aportaciones no deben verse como simples expresiones folclóricas, sino como parte del patrimonio intelectual y cultural de los pueblos.

El caso mazahua demuestra que la conservación cultural y el bienestar social están relacionados. Una comunidad necesita oportunidades económicas, educación pertinente, servicios públicos y respeto a su autonomía para fortalecer su identidad. Preservar una cultura no significa obligar a sus integrantes a permanecer aislados o impedir que adopten nuevas formas de vida; significa garantizar que puedan decidir libremente qué tradiciones conservar, cómo transformarlas y qué conocimientos transmitir.

4. Una problemática que afecta a todos los pueblos originarios

Aunque el pueblo mazahua permite analizar el problema desde una perspectiva cercana al Estado de México, la deuda histórica de México comprende una diversidad mucho más amplia. Los pueblos nahuas, mayas, otomíes, zapotecos, mixtecos, purépechas, rarámuris y muchos otros tienen historias, lenguas y necesidades particulares. Por ello, sería incorrecto pensar que todas las comunidades experimentan exactamente las mismas dificultades o que una sola solución puede responder a sus necesidades.

En algunas regiones, los problemas más visibles se relacionan con el acceso al agua, la atención médica y la educación. En otras, destacan los conflictos territoriales, la migración, la explotación laboral, las dificultades para comercializar productos artesanales o las amenazas a los recursos naturales de los que dependen determinadas comunidades. También existen obstáculos para acceder a la justicia cuando las personas no reciben información comprensible en su lengua o no cuentan con intérpretes y defensores capacitados.

La migración merece especial atención. Cuando las personas indígenas se trasladan a ciudades u otras entidades en busca de empleo o educación, pueden encontrar nuevas oportunidades, pero también exponerse a discriminación, empleos precarios y dificultades para conservar el contacto cotidiano con su lengua y sus tradiciones. Esto no significa que migrar sea necesariamente negativo, sino que las condiciones en las que ocurre pueden aumentar la vulnerabilidad de algunas personas y familias.

Otro aspecto importante es la protección del territorio. Para numerosas comunidades indígenas, el territorio no representa únicamente una fuente de ingresos, sino también un espacio de identidad, memoria, organización y relación con la naturaleza. Cuando los proyectos económicos, las decisiones administrativas o los conflictos sobre recursos afectan sus tierras sin una participación efectiva de las comunidades, pueden ponerse en riesgo tanto sus medios de subsistencia como sus prácticas culturales.

Por esa razón, las políticas públicas deben reconocer la diversidad de los pueblos originarios y evitar soluciones uniformes. Las medidas que funcionan en una comunidad pueden no responder a las necesidades de otra. Escuchar a sus integrantes, conocer sus condiciones concretas y respetar sus decisiones es indispensable para que cualquier programa tenga resultados duraderos.

5. El fundamento jurídico y la responsabilidad del Estado mexicano

Desde la perspectiva del Derecho, la situación de los pueblos indígenas no puede analizarse solamente como un problema social o cultural. También constituye una cuestión relacionada con el cumplimiento de obligaciones jurídicas y la garantía efectiva de los derechos humanos.

El artículo 1.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos humanos previstos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Además, prohíbe la discriminación motivada, entre otras causas, por el origen étnico o nacional. Este precepto constituye una base para cuestionar cualquier práctica que excluya a una persona por su identidad, su lengua o su pertenencia comunitaria.

Por su parte, el artículo 2.º constitucional reconoce la composición pluricultural y multiétnica de la nación, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Después de la reforma publicada el 30 de septiembre de 2024, este artículo reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de establecer garantías relacionadas con su libre determinación, autonomía, patrimonio cultural y educación intercultural y plurilingüe.

Este reconocimiento representa un fundamento jurídico importante. Sin embargo, el reconocimiento de un derecho no garantiza automáticamente su cumplimiento. Para que la protección constitucional sea efectiva, se necesitan instituciones capaces de atender las necesidades de las comunidades, presupuestos suficientes, personal preparado y mecanismos que permitan evaluar los resultados de las políticas públicas.

También es relevante el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a los pueblos indígenas y tribales, que establece obligaciones en materia de consulta, participación, identidad cultural y protección de sus derechos. Este instrumento refuerza la importancia de que las comunidades participen en las decisiones que puedan afectarlas, de acuerdo con las condiciones y los procedimientos aplicables.

Desde esta perspectiva, la responsabilidad del Estado no se limita a evitar actos de discriminación directa. También implica desarrollar medidas para reducir obstáculos que impiden a los pueblos indígenas ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. Esto exige coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, así como la participación de las propias comunidades en el diseño, la aplicación y la evaluación de los programas.

En consecuencia, la deuda histórica debe entenderse también como una exigencia de cumplimiento jurídico. Si la Constitución reconoce la diversidad cultural y establece derechos específicos, las instituciones deben actuar de manera congruente con esos principios. La distancia entre la norma y la realidad es precisamente uno de los aspectos que deben analizarse de forma crítica.

6. La conservación cultural no debe reducirse a los discursos

Uno de los errores más frecuentes al hablar de los pueblos indígenas consiste en confundir su reconocimiento con su conservación efectiva. Celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, organizar exposiciones de artesanías o utilizar vestimentas tradicionales en eventos públicos puede contribuir a visibilizar su cultura, pero estas actividades no sustituyen las acciones necesarias para garantizar su continuidad.

Una política de conservación cultural debe comenzar por reconocer a los pueblos indígenas como protagonistas de sus propias decisiones. No corresponde únicamente a las instituciones determinar qué tradiciones deben preservarse ni cómo deben practicarse. Las comunidades tienen derecho a participar en la definición de sus prioridades y a decidir cómo transmitir su patrimonio cultural, de acuerdo con sus propias formas de organización y con el respeto a los derechos humanos.

En materia lingüística, por ejemplo, es necesario fortalecer la enseñanza y el uso cotidiano de las lenguas indígenas en las familias, las escuelas, los medios de comunicación y los espacios comunitarios. Esto requiere materiales educativos pertinentes, formación de docentes, producción de contenidos y oportunidades para que las lenguas originarias se utilicen en ámbitos públicos sin que sus hablantes sean discriminados.

En el ámbito económico, los artesanos y productores indígenas necesitan condiciones más justas para comercializar sus productos, acceder a capacitación cuando la soliciten y recibir una remuneración adecuada por su trabajo. También deben existir medidas para proteger sus conocimientos y expresiones culturales frente al uso comercial no autorizado, respetando sus derechos colectivos y las disposiciones jurídicas aplicables.

La conservación también necesita documentar los conocimientos de las personas mayores y crear espacios en los que niñas, niños y jóvenes puedan aprender de sus comunidades. No obstante, estas iniciativas deben desarrollarse con consentimiento y participación comunitaria, evitando que los conocimientos tradicionales se extraigan o se difundan sin autorización.

Por último, preservar una cultura no significa congelarla en el tiempo. Todas las culturas cambian y se adaptan. Lo importante es que esos cambios ocurran en condiciones de libertad y dignidad, sin que la discriminación o la falta de oportunidades obliguen a las personas a abandonar su identidad para integrarse a la sociedad.

7. Propuestas para saldar la deuda histórica

Si México pretende avanzar hacia una relación más justa con sus pueblos originarios, debe transformar el reconocimiento simbólico en acciones concretas. Estas medidas requieren continuidad, evaluación y participación de las comunidades.

En primer lugar, es necesario mejorar el acceso efectivo a servicios de salud, educación, agua potable, saneamiento, vivienda y transporte. Los programas deben partir de diagnósticos territoriales y considerar las necesidades de cada comunidad, evitando distribuir recursos sin tomar en cuenta sus condiciones particulares.

En segundo lugar, debe fortalecerse la educación intercultural y plurilingüe. Las escuelas pueden contribuir a que las nuevas generaciones aprendan español y otros conocimientos sin tener que renunciar a su lengua materna. Para ello, es indispensable contar con docentes preparados, materiales adecuados y participación comunitaria en los procesos educativos.

En tercer lugar, las autoridades deben combatir la discriminación mediante mecanismos de denuncia accesibles, campañas de sensibilización y capacitación para quienes trabajan en instituciones públicas. En los ámbitos de salud y justicia, es especialmente importante garantizar intérpretes y personal que pueda atender a las personas en su lengua cuando sea necesario.

En cuarto lugar, se deben impulsar oportunidades económicas sostenibles. El apoyo a los productores, agricultores y artesanos debe acompañarse de condiciones comerciales justas, infraestructura y acceso a mercados, sin imponer modelos de desarrollo que desconozcan las prioridades de las comunidades. Asimismo, los programas públicos deben informar con claridad sobre el uso de los recursos y permitir la vigilancia ciudadana.

En quinto lugar, la conservación cultural debe contar con recursos y estrategias de largo plazo. Los proyectos de revitalización lingüística, los archivos comunitarios, la enseñanza de tradiciones y la protección del patrimonio deben diseñarse con la participación directa de sus hablantes y portadores. Las instituciones pueden brindar apoyo técnico y financiero, pero no deben sustituir la voz de las comunidades.

Finalmente, es indispensable fortalecer la participación de los pueblos indígenas en las decisiones que afecten sus territorios, recursos y formas de organización. La consulta y la participación no deben convertirse en simples formalidades: deben permitir que las comunidades reciban información suficiente, expresen sus preocupaciones y participen conforme a sus derechos en los procesos correspondientes.

Estas propuestas no deben entenderse como favores concedidos por el gobierno. Son medidas orientadas a hacer efectivos derechos reconocidos jurídicamente y a reducir desigualdades que limitan la dignidad y las oportunidades de millones de personas.

México mantiene una deuda histórica con sus pueblos indígenas porque, a pesar de la importancia que tienen para la identidad nacional y de los avances en su reconocimiento jurídico, persisten desigualdades que afectan su bienestar, el ejercicio de sus derechos y la continuidad de sus lenguas y tradiciones. Esta deuda no pertenece exclusivamente al pasado: se manifiesta en las condiciones actuales de las comunidades y en las oportunidades que las nuevas generaciones tienen —o dejan de tener— para construir su futuro.

El pueblo mazahua permite comprender esta contradicción desde el Estado de México. Su lengua y su patrimonio cultural representan una riqueza que no puede reducirse a una imagen turística o a una celebración ocasional. La clasificación de su lengua dentro de las agrupaciones con riesgo de extinción acelerada recuerda que la conservación cultural requiere condiciones reales para que las nuevas generaciones puedan aprenderla, utilizarla y transmitirla. Sin embargo, el reto no se limita a los mazahuas: comprende a todos los pueblos originarios que buscan mantener su identidad en una sociedad marcada por profundas diferencias económicas y sociales.

Desde el punto de vista jurídico, los artículos 1.º y 2.º de la Constitución establecen principios fundamentales para combatir la discriminación y reconocer los derechos de los pueblos indígenas. No obstante, la existencia de normas no debe confundirse con el cumplimiento pleno de sus objetivos. La verdadera medida del compromiso institucional está en los resultados: en los servicios que llegan a las comunidades, en la atención que reciben sus integrantes, en la protección de sus territorios y en las oportunidades que tienen para decidir sobre su propio desarrollo.

Por ello, saldar esta deuda exige abandonar la idea de que los pueblos indígenas necesitan únicamente ayuda ocasional. Lo que necesitan es justicia, igualdad de oportunidades, respeto a su autonomía y condiciones para ejercer sus derechos sin renunciar a su identidad. También exige reconocer que la conservación cultural no puede imponerse desde fuera, sino que debe construirse con la participación de quienes mantienen vivas esas culturas.

En definitiva, un México que se enorgullece de sus raíces, pero permite que sus pueblos originarios enfrenten discriminación, desigualdad y pérdida cultural, todavía tiene una tarea pendiente con su propia historia. La verdadera conservación no consiste solamente en recordar de dónde venimos, sino en garantizar que quienes han mantenido viva esa herencia puedan continuar transmitiéndola con dignidad. La deuda histórica comenzará a saldarse cuando los pueblos indígenas dejen de ser reconocidos únicamente en los discursos y sean respetados, escuchados y atendidos en la realidad cotidiana.