La llegada de un nuevo Delegado Regional de Movilidad a Atlacomulco abre, una vez más, una ventana de esperanza para miles de ciudadanos que desde hace años han visto cómo el espacio público ha sido tomado, poco a poco, por intereses particulares, ante la mirada complaciente o la inacción de las autoridades encargadas de regular el transporte.
Delegados y delegadas han pasado por esa oficina. Los nombres cambian, las fotografías oficiales se renuevan y los discursos de coordinación institucional se repiten, pero la realidad en las calles permanece prácticamente intacta. La problemática de las bases y lanzaderas de taxis en la cabecera municipal es una de las asignaturas pendientes que ninguna administración ha querido o sabido resolver.
Basta recorrer el centro de Atlacomulco para comprobar que numerosas calles, avenidas y esquinas se encuentran ocupadas por unidades del servicio público, limitando espacios que deberían estar destinados al libre tránsito de peatones y automovilistas. La inconformidad ciudadana no es nueva, sino una demanda que se ha acumulado con el paso de los años.
Un caso particularmente irritante es el de los parquímetros. Mientras cualquier conductor está obligado a depositar monedas para evitar una infracción, los taxistas parecen vivir bajo un reglamento distinto. Los cajones son utilizados durante horas sin pagar un solo peso y, curiosamente, las sanciones brillan por su ausencia. La ley, que debería aplicarse por igual para todos, parece encontrar excepciones inexplicables.
En este contexto, resulta positiva la reunión sostenida entre el Director de Gobernación Municipal, Héctor Cruz Calixto, y el recién nombrado Delegado Regional de Movilidad, Nicolás Reyes Domínguez. Según se informó, uno de los temas abordados fue precisamente la problemática social derivada de las autorizaciones de bases de transporte y la necesidad de trabajar coordinadamente para regular el servicio y plantear proyectos de movilidad en beneficio del municipio.
Las palabras son alentadoras. Sin embargo, la ciudadanía ya está cansada de los anuncios y las fotografías para redes sociales. Lo que la gente exige son resultados visibles, acciones concretas y una autoridad capaz de hacer valer la ley sin privilegios ni excepciones.
La pregunta es inevitable: ¿será esta ocasión diferente? ¿Existirá la voluntad política para coordinar esfuerzos entre la Secretaría de Movilidad y la Dirección de Gobernación y poner orden en un problema que se ha prolongado por años? ¿O estaremos ante otro funcionario que simplemente llegará a ocupar una oficina y calentar la silla mientras todo sigue igual?
Atlacomulco no necesita más discursos; necesita autoridad, regulación y decisiones. Porque el espacio público pertenece a todos, no a unos cuantos. Y porque gobernar también significa tener la capacidad de enfrentar los problemas que otros prefirieron dejar intactos.
El tiempo, como siempre, tendrá la última palabra.
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