CAEN DOS DIRECTIVOS DEL EDOMÉX; FGJEM LOS SEÑALA POR PRESUNTA RED DE EXTORSIÓN A VERIFICENTROS
° Cuotas, amenazas y concesiones bajo presión: la Fiscalía destapa una presunta red de corrupción que habría operado desde el aparato público
°La Fiscalía mexiquense afirma que el esquema habría generado varias decenas de millones de pesos mensuales mediante cuotas ilegales; uno de los funcionarios fue detenido en Acapulco y otro en la Ciudad de México
Redacción d’interés
ESTADO DE MÉXICO. — Una presunta red de extorsión que habría operado contra propietarios de Centros de Verificación de Emisiones (Verificentros) y estaciones de servicio de combustible llevó a la detención de dos servidores públicos del Gobierno del Estado de México, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
De acuerdo con la institución, los mandamientos judiciales fueron cumplimentados mediante un operativo coordinado en el que participaron autoridades de seguridad y procuración de justicia, con apoyo de la Guardia Nacional, así como de las Fiscalías Generales de Justicia de los estados de Guerrero y de la Ciudad de México.
Los detenidos fueron identificados como Raúl “N”, quien se desempeñaba como Director General de Control de Emisiones Atmosféricas de la Secretaría del Medio Ambiente estatal, y Carlos Eduardo “N”, Director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia.
El primero fue localizado y detenido en Acapulco, Guerrero, mientras que el segundo fue aprehendido en la Ciudad de México.
Una red que habría cobrado cuotas ilegales
Según las investigaciones citadas por la FGJEM, diversas denuncias presentadas por víctimas y los actos de investigación realizados permitieron establecer la probable participación de los dos funcionarios en una estructura integrada también por otros servidores públicos, exservidores públicos y particulares.
La Fiscalía sostiene que este grupo habría obligado a propietarios de Verificentros a entregar cuotas ilegales a cambio de permitirles continuar con sus actividades, utilizando presuntamente las facultades de los funcionarios involucrados para ejercer presión sobre los concesionarios.
Pero el esquema, de acuerdo con la investigación, habría ido más allá del cobro de dinero.
La autoridad señala que en algunos casos los involucrados habrían utilizado sus atribuciones para simular actos administrativos con la finalidad de despojar a legítimos propietarios de las concesiones otorgadas a su favor e incluso de la infraestructura adquirida por las propias víctimas.
Amenazas para evitar las denuncias
La FGJEM también señala que los propietarios afectados habrían sido advertidos de que, si denunciaban los hechos, podrían sufrir consecuencias o ser objeto de algún tipo de represalia.
Este elemento, de acuerdo con la Fiscalía, habría contribuido a que algunas de las posibles víctimas no formalizaran sus denuncias ante las autoridades.
Por ello, la institución informó que buscará establecer contacto con otras personas que pudieran haber sido afectadas, con el objetivo de que aporten información y, en su caso, presenten formalmente sus denuncias.
Decenas de millones de pesos cada mes
Uno de los aspectos más graves de la investigación es el monto que, según la FGJEM, habría generado este presunto esquema.
La Fiscalía refiere que, hasta el estado actual de las investigaciones, el mecanismo extorsivo habría producido varias decenas de millones de pesos mensuales, principalmente mediante el cobro de cuotas para evitar el cierre de líneas de verificación.
A estas cantidades se sumarían, presuntamente, cobros adicionales por la revalidación de las autorizaciones, lo que habría incrementado de manera considerable los recursos obtenidos ilegalmente.
La autoridad señala además que los pagos eran exigidos en efectivo y entregados en un domicilio que ya se encuentra identificado dentro de las investigaciones.
La investigación apunta a más involucrados
La detención de Raúl “N” y Carlos Eduardo “N” representa, de acuerdo con la Fiscalía, solamente una parte de una investigación más amplia.
La FGJEM informó que continúan las indagatorias para obtener nuevas órdenes de aprehensión que permitan localizar y detener a los demás individuos que presuntamente formarían parte de esta estructura.
La propia Fiscalía busca además que otras posibles víctimas rompan el silencio y aporten información que permita dimensionar el alcance real de la operación.
Una investigación que podría crecer
El caso abre ahora varias interrogantes: ¿cuántos Verificentros habrían sido afectados?, ¿cuánto dinero habría generado realmente el esquema?, ¿cuántos servidores públicos y particulares estarían involucrados y hasta dónde llegaba la estructura?
Por ahora, la FGJEM sostiene que cuenta con elementos de investigación que vinculan a los dos funcionarios detenidos con la probable red extorsiva.
Será el proceso judicial el que determine su situación jurídica y, en su momento, su responsabilidad penal.
Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar y detener al resto de los presuntos integrantes de esta red.
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