La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una ampliación en los plazos para que los usuarios de telefonía móvil de prepago vinculen sus números telefónicos a su identidad, luego de que millones de líneas permanecen sin registrar pese a la campaña impulsada por las autoridades.

Aunque el organismo destacó que hasta el momento se han vinculado 63 millones de líneas —40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago—, las cifras también evidencian que todavía existe un universo considerable de usuarios que no ha realizado el trámite, situación que obligó a replantear los tiempos originalmente previstos.

La estrategia, presentada como una medida para combatir delitos como fraudes y extorsiones telefónicas, busca que cada número celular quede asociado a una persona mediante el registro de nombre y CURP ante las compañías telefónicas.

Sin embargo, la realidad parece haber sido menos obediente que los calendarios institucionales.

Ante ello, la CRT optó por establecer nuevas fechas límite escalonadas de agosto a diciembre, determinadas por el último dígito del número telefónico, otorgando así una nueva oportunidad a quienes, por olvido, desinterés, desconfianza o simple resistencia burocrática, aún no han realizado la vinculación.

El organismo insistió en que México se encuentra entre los últimos países que permitían adquirir una línea telefónica sin identificación y señaló que la medida ya es una práctica común en 166 naciones.

Asimismo, aclaró que el trámite no será realizado por el gobierno, sino directamente por las empresas telefónicas, las cuales únicamente asociarán el nombre y la CURP del usuario al número de celular, eliminando otros datos o imágenes utilizadas durante el proceso de registro.

La CRT advirtió que, una vez vencido el plazo correspondiente a cada usuario, las compañías suspenderán el servicio de las líneas no vinculadas en un periodo de 72 horas. Los números afectados únicamente podrán realizar llamadas de emergencia, comunicarse con su operador y recibir alertas sísmicas hasta regularizar su situación.

La autoridad sostiene que la medida fortalecerá la seguridad pública y dificultará el uso anónimo de líneas telefónicas para actividades delictivas. Mientras tanto, la ampliación de los plazos deja entrever que convencer a millones de usuarios de entregar voluntariamente sus datos ha resultado un desafío mayor al previsto.

Al final, la promesa de que “ahora sí” se acabarán las extorsiones telefónicas deberá esperar algunos meses más… o al menos hasta que todos encuentren tiempo para registrar su chip.