Columna DESDE LA BANQUETA

Por Gabriel Escalante Fat*

            El 5 de julio de 2018 se registró una grave explosión en zona conocida como La Saucera, municipio de Tultepec, Estado de México, la capital nacional de la pirotecnia, cobrando un saldo de 24 personas muertas y 49 lesionadas.  Uno de los más graves accidentes de la historia reciente, sólo superado por el ocurrido en el Mercado de San Pablito, en 2016, cuando 46 personas perdieron la vida y alrededor de un centenar fueron heridas por una reacción en cadena.

            Me impactó particularmente el accidente del 2018, porque en él murió un amigo y paisano, Mario Lino Salinas, comandante de bomberos del vecino municipio de Melchor Ocampo, quien, con otros bomberos, paramédicos y policías, acudieron a auxiliar en la tragedia. Sin embargo, apenas estaban llegando al lugar, una segunda explosión cobró la vida de siete personas, entre ellas mi mencionado amigo.

            El más reciente accidente por pirotecnia nos tocó hondo, porque sucedió en el cercano municipio de Temascalcingo, en la próspera comunidad de Santa María Canchesdá, famosa internacionalmente por la calidad de su cerámica al alto fuego, actividad que fue introducida a principios de los ’70, durante la administración del profesor Hank en la gubernatura estatal, a través de la Dirección de Promoción Industrial y Artesanal.

            Allí en Canchesdá, durante las fiestas de Nuestra Señora de la Luz, patrona de la comunidad, 10 víctimas mortales (entre ellas, dos menores) y más de 80 lesionados fue el saldo del irresponsable manejo de explosivos en una fecha en la que el pueblo se reunió para festejar y no para llorar.

            Sólo entre enero de 2020 y octubre de 2025, se registraron 72 explosiones accidentales en el Estado de México, que provocaron la muerte de 45 personas, la hospitalización por lesiones de 90 y la localización de 41 establecimientos clandestinos de pirotecnia.

            La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos confiere a la SEDENA el control sobre la fabricación, almacenaje, compra, venta y transporte de explosivos y artificios pirotécnicos. Eso, en el papel. Pero en el mundo real, la responsabilidad se diluye entre autoridades estatales, municipales, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, los fabricantes y hasta los organizadores de fiestas, dando cada quien su interpretación a la Ley, que, por cierto, es mucho más clara y específica tratándose de armas que de pirotecnia.

            El ejército tiene tantas tareas ajenas a su responsabilidad primigenia de velar por la seguridad del país, que no veo cómo podrían dedicar recursos y personal para convertir a la pirotecnia en una industria segura.

            Cabe mencionar que de esta actividad de fuego y luces dependen hasta 200,000 familias y genera una derrama económica de unos 17,000 millones de pesos anuales. Esto es unas 14 veces lo que ingresará el Tren Maya, 17 veces lo que venderá en pasajes Mexicana de Aviación o 6 veces lo que captará el Grupo Mundo Maya, que incluye 12 aeropuertos (Tulum, Palenque, Tamuín y otros elefantes blancos), 7 hoteles, 4 parques, 2 museos y 18 gasolineras, todo eso operado por nuestras Fuerzas Armadas.

            Así que les pido a los mercenarios y parásitos del Partido Verde que ni se les ocurra elaborar una iniciativa para prohibir la pirotecnia (recordemos que casi acabaron con la industria circense y están en vías de hacerlo con la tauromaquia). Mejor sería que el Congreso o el ejército movieran las manos para  que esta lucrativa industria —de la que el Estado de México concentra hasta el 60% de la producción— sea regulada adecuadamente, para beneficio de todos: productores, organizadores de festividades populares, cívicas y religiosas y de los espectadores que nos deslumbramos (en el más amplio sentido de la expresión) con el espectáculo que los hábiles artesanos de la pólvora son capaces de crear y que, en mi opinión, ningún show de drones puede todavía superar.

            Debo también reconocer que, ante la tragedia de Canchesdá, las autoridades y organizaciones civiles cumplieron cabalmente con sus obligaciones, siendo eficaces y solidarios.

            La Secretaría de Salud estatal brindó asistencia médica y derivó a los pacientes más graves a otras instituciones públicas y privadas, incluyendo el prestigioso Hospital Shriners, de Galveston, Texas, especializado en pacientes con quemaduras graves.

            El Ayuntamiento de Temascalcingo cubrió los gastos funerarios de las 10 personas que, lamentablemente, perdieron la vida en el accidente.

            El Ayuntamiento de Atlacomulco apoyó con los recursos humanos y materiales a su alcance, para que la dimensión de la tragedia pudiera ser, de alguna forma, contenida.

            Ni cómo regatear el esfuerzo casi heroico de los cuerpos de rescate, paramédicos, bomberos y protección civil, siempre en la primera línea, casi siempre subvalorados.

            Y la Iglesia Católica, institución que promueve miles de fiestas patronales como esta de Nuestra Señora de la Luz, en las que los cepos de los templos desbordan limosnas y en las que la devoción de los feligreses se refuerza, sosteniendo a esta productiva y milenaria empresa multinacional…  La Iglesia Católica, a través de su más alto jerarca regional, el obispo de Atlacomulco, monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca, emitió un comunicado oficial, en el que se pronunció a propósito de los tristísimos hechos.

            Un texto en el que abundan el pesar, la tristeza, los rezos, los ruegos, las bendiciones y las recomendaciones para que la pirotecnia se maneje con más precaución y en coordinación con las autoridades religiosas (sic) y civiles.

            Y el señor Castaño, quien seguramente todavía no se entera de que hace más de 160 años se promulgaron las Leyes de Reforma en las que se quita al clero todo viso de autoridad, no informa en su sentida carta con cuántos recursos materiales colaborará la institución que representa para auxiliar a los deudos de los fallecidos, a la recuperación larga y costosa de los heridos y a la recomposición social y anímica de la comunidad.

            Para ser sincero, un solo peso rebasaría todas mis expectativas.

Guadalajara, Jalisco, septiembre 17, 2026.

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