Por: Julio César Pastor Herrera*

En un país donde la corrupción ha permeado diversas estructuras gubernamentales, es fundamental empoderar a la ciudadanía con mecanismos eficaces de participación y vigilancia. En este sentido, la protesta ciudadana y la denuncia ante los Órganos Internos de Control (OIT) se consolidan como herramientas esenciales tanto para la prevención como para el combate a la corrupción.

¿Qué es la protesta ciudadana?

De conformidad con la Ley General de Mejora Regulatoria, los ciudadanos pueden presentar una protesta ciudadana, cuando consideren que en un trámite o servicio público:

• Se solicitan requisitos adicionales a los establecidos.
• El costo es más elevado del previamente establecido.
• Se obstaculiza el curso del procedimiento, trámite o servicio.

Esta figura permite que cualquier persona solicite la revisión de un trámite o servicio por parte del área de mejora regulatoria correspondiente (federal, estatal o municipal), cuya finalidad será revisar que el trámite o servicio se apegue a los principios que rigen la mejora regulatoria, entre ellos, la simplificación administrativa.

Por ejemplo, si un Ayuntamiento exige requisitos adicionales a los previamente establecidos en su Registro Municipal de Trámites y Servicios (REMTyS) para autorizar una licencia comercial, o si una dependencia impone cobros indebidos por un trámite o servicio, el ciudadano puede presentar una protesta ciudadana para que esa regulación se revise, modifique o incluso se elimine.

La denuncia ante el Órgano Interno de Control

Además de la protesta ciudadana, la denuncia ante el Órgano Interno de Control es un mecanismo para activar responsabilidades administrativas contra los servidores públicos que impongan, apliquen o exijan trámites ilegales o corruptos.

Cuando una regulación se convierte en un pretexto para extorsionar, obstaculizar negocios o discriminar a ciudadanos, el OIC puede investigar la conducta del servidor público responsable, y sancionarlo si incurrió en faltas administrativas graves o no graves.

Por ejemplo:

• Si un funcionario exige un «moche» para autorizar un trámite.
• Si condiciona servicios públicos a cambio de favores políticos.

En estos casos, la propia instancia de mejora regulatoria puede hacer de conocimiento al Órgano Interno de Control que existen elementos que presumen la existencia de faltas administrativas para que en su caso inicie las indagatorias correspondientes, siendo la protesta ciudadana una especie de “antesala” de la denuncia ante el Órgano Interno de Control.

En suma…

La protesta ciudadana en mejora regulatoria sirve para corregir el diseño o la aplicación de normas desde una lógica de legalidad y eficiencia.

La denuncia ante el Órgano Interno de Control, por su parte, permite castigar conductas de corrupción en la operación de esas normas.

Ambos mecanismos se complementan y empoderan al ciudadano no solo como vigilante, sino como agente activo en la construcción de un gobierno más transparente, menos burocrático y libre de corrupción.

*Socio fundador de la firma jurídica Incógnita Legal y creador de contenido

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