Por Jacobo Gregorio Ruiz Mondragón*

A manera de introducción. ¿Por qué ha sido instituido el gobierno? Porque las pasiones del ser humano no se ajustan a los dictados de la razón y la justicia sin una fuerza coercitiva. Alexander Hamilton

Eran las elecciones de 1932, cuando Franklin Delano Roosevelt derrotó al candidato republicano Herbert Clark Hoover, asumiendo el cargo en medio de la «Gran Depresión», una severa recesión económica cuya génesis se suscitó con el desplome de la Bolsa de New York, caracterizada por una profunda crisis económica y social, considerada la más extensa de la historia moderna.   

El presidente número treinta y dos de los Estados Unidos de América, tenía una cita con la historia, debía implementar acciones urgentes para un país agraviado en un mundo a la mitad de la nada. No existía más opción que ofrecer resultados a corto plazo, y para ello, propuso un paquete de reformas legislativas denominadas «New Deal», las cuales requerían del consenso legislativo e infinidad de sesiones para lograr el objetivo. Esa determinación y resultados obtenidos durante los 100 primeros días, catapultaron a Roosevelt como uno de los mandatarios más exitosos de ese tiempo, y ese fue el precedente de la «tradición» que aún se conserva entre los diversos actores políticos.  

Tal ejemplo, puede encontrarse en la película de Marvel Studios: «Capitán América: Un nuevo Mundo», la cual inicia su trama, con la preocupación del presidente Thaddeus Ross, por implementar en los 100 primeros días de su gobierno, un acuerdo con las potencias del orbe para la explotación de adamantium en la «Isla Celestial», y con ello, evitar una guerra de graves consecuencias, cuyo propósito no hubiese conseguido sin el apoyo del sucesor del Capitán América.

Ahora bien, en la cotidianidad de nuestra realidad, si bien es cierto, ese «plan de acción» adolece de fundamento jurídico para su aplicación en los ámbitos internacional, nacional, estatal y municipal, no menos cierto es que, ha sido adoptado como referente para medir el impacto en el liderazgo, capacidad de gerencia en la gestión pública y compromiso de un equipo de trabajo, en la construcción de una visión estratégica diseñada para el beneficio de la colectividad. En la praxis, y específicamente, por cuanto hace a los municipios de la geografía estatal, ese plazo también sirve para la elaboración del Plan de Desarrollo, es decir, la agenda planteada por el mandatario en turno a realizarse durante su administración, pues al amparo del principio de imparcialidad, un período de gobierno son más que cien días, y lógicamente, éstos pueden o no predecir el resto de una gestión.

Aunque, el municipio es la célula básica de la organización política y administrativa del País, al ser el nivel de gobierno más cercano a la gente, sus acciones quedan en parte supeditadas a las aportaciones federales y estatales, e indiscutiblemente a su capacidad de recaudación, y desde luego, al cumplimiento de obligaciones contraídas por los titulares de las administraciones que le precedieron.

En la proximidad de los 100 días de gobierno municipal, resulta oportuno plantearse un cuestionamiento, obviamente, sin olvidar las circunstancias descritas en las líneas que anteceden. ¿Cuál sería la acción gubernamental de la que cada presidente de la región pudiera sentirse orgulloso?, al traducirse en un beneficio real para sus gobernados, en materia educativa, agraria, industrial, de empleo, social, cultural, deportiva, de servicios, ambiental o de seguridad, etc.

Parafraseando a Alberto Moravia, curiosamente, los electores hablan de los aciertos de su gobierno, pero en su caso, no se sienten responsables de los fracasos aun a pesar de haberle otorgado su voto.

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