Columna CON LETRA DE LEY
Por: Rubén Alejandro Domínguez Bernal*
Cuando escuchamos hablar de drogadicción, generalmente pensamos en delincuencia, inseguridad, problemas familiares o personas que han perdido el control de sus vidas. En muchas ocasiones, basta con que alguien sea identificado como consumidor de drogas para que la sociedad lo señale, lo rechace o incluso considere que debería estar en prisión, sin embargo, existe una pregunta que pocas veces nos hacemos ¿una persona que tiene una adicción debe ser considerada delincuente o alguien que necesita atención médica? La respuesta no es tan sencilla como parece, porque en México el derecho distingue entre el consumo de sustancias, la posesión de narcóticos y las actividades relacionadas con su comercialización o distribución. Comprender esta diferencia es fundamental para evitar que los prejuicios sociales se confundan con lo que realmente establece la ley. ¿QUÉ DICE NUESTRA LEGISLACIÓN? El artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud. Este derecho también comprende la atención de problemas relacionados con las adicciones, pues la Ley General de Salud contempla medidas para su prevención, tratamiento y control. De hecho, el artículo 192 de dicha ley establece la elaboración de un programa nacional para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia, así como la participación de las autoridades sanitarias en la atención de las personas que consumen estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Esto significa que el problema de las adicciones no debe analizarse únicamente desde una perspectiva penal, sino también desde la salud pública, una persona puede encontrarse en una situación de dependencia que requiere atención médica, psicológica y acompañamiento social, independientemente de las consecuencias jurídicas que pudieran derivarse de sus actos. ¿CONSUMIR DROGAS SIGNIFICA COMETER UN DELITO? Aquí es donde debemos hacer una distinción importante. En México, el consumo de drogas no debe confundirse automáticamente con los delitos relacionados con su posesión, comercio o suministro, la Ley General de Salud, particularmente en sus artículos 477, 478 y 479, contempla reglas específicas sobre la posesión de determinados narcóticos, el artículo 478 establece supuestos en los que el Ministerio Público no ejercerá acción penal contra una persona consumidora o farmacodependiente que posea determinadas sustancias dentro de las cantidades previstas legalmente, destinadas a su estricto consumo personal y siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas por la propia ley, pero esto no significa que cualquier cantidad de droga esté permitida, ni que toda posesión quede automáticamente excluida de consecuencias penales. Cada situación debe analizarse conforme a la sustancia, la cantidad, las circunstancias de la posesión y las disposiciones legales aplicables. Por ello, ser consumidor no es jurídicamente lo mismo que dedicarse a la venta o distribución de narcóticos. LA ADICCIÓN NO ELIMINA LA RESPONSABILIDAD LEGAL Reconocer la drogadicción como un problema de salud tampoco significa justificar cualquier conducta realizada por una persona que consume sustancias. Si alguien comete un robo, lesiona a otra persona o realiza alguna conducta prevista como delito, el hecho de tener una adicción no lo libera automáticamente de responsabilidad penal. La existencia de una dependencia y sus posibles efectos jurídicos deberán valorarse conforme a las circunstancias particulares y a la legislación correspondiente. El derecho debe proteger tanto a las personas que enfrentan una adicción como a quienes pudieran resultar afectados por conductas ilícitas. Por eso es importante comprender que brindar atención médica no significa permitir la impunidad, de la misma manera que aplicar la ley no debería significar ignorar las necesidades de salud de una persona. ¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENE EL ESTADO? La prevención de las adicciones no puede depender únicamente de las familias o de la voluntad de quienes consumen drogas, el estado tiene responsabilidades en materia de salud pública, prevención, información y acceso a servicios de atención. La Ley General de Salud contempla acciones orientadas a informar a la población sobre los efectos del consumo de sustancias, prevenir la farmacodependencia y brindar atención a quienes la necesitan, estas obligaciones adquieren especial importancia cuando hablamos de adolescentes y jóvenes, quienes requieren información confiable, orientación y entornos que favorezcan su desarrollo, no basta con advertir que las drogas son peligrosas. También es necesario contar con mecanismos de prevención, detección oportuna y tratamiento. Una sociedad que solamente señala a quienes padecen una adicción, pero no facilita alternativas de atención, difícilmente contribuye a resolver el problema. ¿CASTIGAR O REHABILITAR? Durante mucho tiempo, el consumo problemático de drogas ha sido observado principalmente desde el rechazo social, sin embargo, la pregunta no debería reducirse a decidir entre castigar o rehabilitar, porque ambas respuestas corresponden a situaciones jurídicas diferentes. Cuando existe una conducta delictiva, corresponde a las autoridades investigar y, en su caso, aplicar la ley respetando los derechos y garantías de las personas involucradas, pero cuando una persona enfrenta una dependencia a las drogas, también debe reconocerse la necesidad de recibir atención profesional y tratamiento adecuado, la rehabilitación no es un premio para quien consume sustancias, sino una respuesta sanitaria que busca proteger la salud y favorecer la recuperación. EN CONCLUSIÓN La drogadicción representa uno de los problemas sociales y de salud que requieren atención desde diferentes ámbitos, incluido el jurídico, la ley mexicana distingue entre la condición de una persona consumidora o farmacodependiente y las conductas relacionadas con narcóticos que pueden constituir delitos, comprender esta diferencia no significa promover el consumo de drogas ni restar importancia a sus consecuencias. Significa reconocer que la aplicación de la ley debe acompañarse de prevención, atención médica y respeto a los derechos humanos, como sociedad debemos dejar de pensar que todas las personas que enfrentan una adicción son delincuentes, pero también comprender que una adicción no justifica causar daño a los demás, el verdadero desafío consiste en prevenir el consumo problemático, atender a quienes necesitan ayuda y aplicar la ley cuando corresponda. “La justicia no consiste solamente en castigar a quien comete un delito, sino también en reconocer cuándo una persona necesita ayuda antes de que su problema se convierta en una tragedia.” ¿Te resultó útil esta información? Si tienes dudas legales o necesitas asesoría personalizada, no dudes en comunicarte. O envía un correo a: incognitalegal@gmail.com

Abogado miembro de la firma jurídica Incógnita Legal 📖
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