Columna INCÓGNITA LEGAL
Por: Julio César Pastor Herrera*
En México, contar con un inmueble no necesariamente significa que se tenga certeza jurídica sobre su propiedad. Existen numerosos terrenos, casas y predios que, aunque han sido poseídos durante años por una persona o familia, carecen de antecedentes registrales ante el Registro Público de la Propiedad.

Esta situación puede generar problemas al momento de vender, heredar, donar, hipotecar o defender jurídicamente un inmueble frente a terceros.

Para solucionar este problema existe una figura jurídica denominada inmatriculación, que consiste en incorporar por primera vez un inmueble al Registro Público de la Propiedad cuando carece de antecedentes registrales.

Sin embargo, es importante saber que existen dos vías para realizar este procedimiento: la inmatriculación administrativa y la inmatriculación judicial. Aunque ambas tienen como finalidad incorporar un inmueble a la vida registral, sus procedimientos, autoridades competentes y efectos jurídicos son diferentes.

¿Qué es la inmatriculación?

Se refiere al procedimiento mediante el cual se realiza la primera inscripción de la propiedad o posesión de un inmueble en el Registro Público de la Propiedad, siempre que este carezca de antecedentes registrales.

Su importancia radica en proporcionar publicidad y certeza jurídica respecto de la situación registral del inmueble, permitiendo que exista un antecedente que identifique el predio y los derechos que sobre él se inscriben.

Es importante aclarar que la inmatriculación no debe confundirse automáticamente con la adquisición de la propiedad, pues sus efectos dependen del procedimiento mediante el cual se obtenga y de los derechos que se acrediten.

La inmatriculación administrativa

La inmatriculación administrativa es el procedimiento que se tramita ante la autoridad administrativa encargada del Registro Público de la Propiedad, en el Estado de México, el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM).

Su finalidad es incorporar al sistema registral un inmueble que no cuenta con antecedentes de inscripción, previa acreditación de los requisitos legales correspondientes.

Este procedimiento se promueve mediante una solicitud del interesado, acompañada de la documentación que permita identificar el inmueble y acreditar la situación jurídica que se pretende registrar.

Entre los elementos que generalmente deben considerarse se encuentran:

° Certificado de no inscripción expedido por el Registro Público de la Propiedad.
° Documento que acredite el origen de la posesión o el derecho que se pretende inscribir.
° Documentación que permita identificar plenamente el inmueble, incluyendo sus medidas, colindancias y superficie.
° Comprobantes relacionados con el cumplimiento de obligaciones fiscales, cuando sean exigibles.
° Los demás requisitos establecidos en la legislación registral y su reglamentación.

Una característica importante de esta modalidad es que la autoridad registral no resuelve una controversia judicial sobre la propiedad del inmueble, sino que analiza la solicitud y la documentación presentada para determinar si procede su incorporación al Registro Público.

Por ello, la resolución administrativa deja a salvo los derechos de terceros que pudieran acreditar un mejor derecho sobre el inmueble.

En otras palabras, la inmatriculación administrativa permite incorporar un inmueble al Registro Público, pero no constituye por sí misma una declaración judicial de propiedad ni resuelve posibles conflictos sobre su titularidad.

La inmatriculación judicial

A diferencia de la anterior, la inmatriculación judicial se tramita ante un órgano jurisdiccional, mediante los procedimientos previstos en la legislación civil.

En esta modalidad, el interesado acude ante un juez para acreditar los hechos y circunstancias que justifican la incorporación del inmueble al Registro Público de la Propiedad.

Dependiendo de las características del caso, pueden utilizarse mecanismos como:

° Información de dominio: procedimiento mediante el cual el interesado acredita los elementos necesarios para que la autoridad judicial reconozca su derecho de propiedad sobre un inmueble que carece de antecedentes registrales.
° Información posesoria: procedimiento dirigido a acreditar la posesión del inmueble en los términos y bajo los requisitos establecidos por la legislación aplicable.
° Resolución judicial sustentada en título fehaciente: cuando se cuenta con un documento que acredita el derecho correspondiente y cumple con los requisitos legales para obtener la primera inscripción.

En este procedimiento, el juez analiza las pruebas aportadas, la documentación del inmueble y los demás elementos necesarios para determinar si se cumplen las condiciones legales.

La diferencia fundamental consiste en que existe una intervención jurisdiccional, en la que la autoridad judicial puede emitir una resolución sobre la situación jurídica sometida a su conocimiento.

En particular, cuando se promueve información de dominio, el objetivo es obtener una declaración judicial respecto del derecho de propiedad, siempre que se acrediten los requisitos legales.

Por tanto, la resolución judicial puede representar un título jurídico para solicitar la inscripción correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad.

¿Cuáles son las principales diferencias?

Aunque ambas modalidades buscan incorporar un inmueble al Registro Público de la Propiedad, existen diferencias importantes:

A) Autoridad competente
° Inmatriculación administrativa: se tramita ante la autoridad registral competente.
° Inmatriculación judicial: se tramita ante un órgano jurisdiccional.

B) Naturaleza del procedimiento
° Administrativa: se desarrolla mediante una solicitud y un procedimiento ante la autoridad registral.
° Judicial: requiere la intervención de un juez, quien analiza las pruebas y emite una resolución.

C) Finalidad
° Administrativa: obtener la primera inscripción registral de un inmueble, acreditando los requisitos correspondientes.
° Judicial: obtener una resolución jurisdiccional que permita la inmatriculación y, dependiendo del procedimiento, el reconocimiento judicial del derecho de propiedad o de la situación posesoria.

D) Efectos jurídicos
° Administrativa: la inscripción no resuelve controversias sobre la propiedad ni perjudica los derechos de terceros.
° Judicial: los efectos dependen del tipo de procedimiento y del contenido de la resolución. En la información de dominio puede obtenerse una declaración judicial de propiedad.

E) Existencia de controversias
° Administrativa: no es un procedimiento diseñado para resolver conflictos entre personas que reclaman derechos sobre un mismo inmueble.
° Judicial: permite someter a conocimiento de un juez las cuestiones jurídicas que correspondan, con respeto a las formalidades procesales y los derechos de quienes deban intervenir.

¿La inmatriculación administrativa convierte automáticamente al poseedor en propietario?

Esta es una de las preguntas más importantes y merece especial atención.

La respuesta es no.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer el criterio jurisprudencial de rubro “Inmatriculación administrativa a solicitud de parte interesada”, determinó que la inmatriculación administrativa no genera por sí misma el derecho a obtener posteriormente una declaración de prescripción adquisitiva o usucapión.

Esto significa que el hecho de conseguir la inscripción administrativa de un inmueble no convierte automáticamente al poseedor en propietario ni acredita, por sí solo, que haya transcurrido el tiempo necesario para adquirir la propiedad mediante prescripción.

La inscripción administrativa constituye un antecedente registral y puede representar un elemento probatorio respecto de la posesión, pero no sustituye los requisitos que deben acreditarse ante un juez para obtener una declaración de usucapión.

Por ello, es fundamental distinguir entre tener inscrita una posesión y contar con una resolución judicial que declare la adquisición de la propiedad.

¿Qué procedimiento conviene utilizar?

La elección entre una inmatriculación administrativa y una judicial dependerá de las circunstancias particulares del inmueble y de los documentos con los que cuente el interesado.

Si una persona posee un inmueble sin antecedentes registrales y cuenta con documentación que permite acreditar los requisitos para realizar el trámite administrativo, puede analizarse la procedencia de esta vía.

Por otra parte, cuando se busca obtener una declaración judicial de propiedad, cuando se pretende acreditar una posesión susceptible de generar usucapión o cuando las características jurídicas del asunto requieren la intervención de un juez, deberá analizarse la procedencia de la vía judicial correspondiente.

No debe perderse de vista que la existencia de una controversia sobre la propiedad puede hacer inadecuado intentar resolver el problema únicamente mediante un trámite administrativo.

Por ello, antes de iniciar cualquier procedimiento, resulta indispensable revisar los documentos, antecedentes de posesión, situación registral, características físicas y régimen de propiedad del inmueble.

En suma…

La inmatriculación administrativa y la inmatriculación judicial son mecanismos legales que permiten incorporar inmuebles sin antecedentes registrales al Registro Público de la Propiedad; sin embargo, no producen necesariamente los mismos efectos jurídicos.

La primera constituye un procedimiento administrativo de incorporación registral que no resuelve controversias sobre la propiedad ni reconoce por sí mismo la adquisición del dominio.

La segunda permite acudir ante un juez para obtener una resolución jurisdiccional, cuyo alcance dependerá del procedimiento promovido y de los derechos que se acrediten.

En consecuencia, antes de iniciar la regularización de un terreno, casa o predio, es indispensable identificar cuál es la situación jurídica del inmueble y determinar qué procedimiento resulta legalmente procedente.

No es lo mismo acreditar que se posee un inmueble, que demostrar jurídicamente que se es su propietario. La certeza jurídica de tu patrimonio comienza con una adecuada regularización.

*Socio fundador de la firma jurídica Incógnita Legal y creador de contenido

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