Columna LA LIBRETA DE JACK
Por Jacobo Gregorio Ruiz Mondragón*
Hablar de la «Pirámide de Kelsen», es hablar de una de las ideas más difundidas en la enseñanza del Derecho. La imagen es conocida: en la cúspide se encuentra la Constitución; debajo, las leyes; posteriormente los reglamentos y, finalmente, los actos de Autoridad. De esa representación suele extraerse una conclusión aparentemente incuestionable: la norma de mayor jerarquía debe prevalecer sobre la de rango inferior.
El artículo 1° de la Carta de Querétaro, Carta Magna o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, en el sentido de que la Autoridad no puede permanecer indiferente al efecto que su decisión tendrá sobre los derechos de las personas, y ello, se conoce como el «Principio Pro Persona».
Para el austriaco Hans Kelsen, una norma no existe de manera aislada, su validez se encuentra vinculada con otra, que regula su creación y le sirve de fundamento. La Constitución establece el proceso para su creación. La ley, a su vez, delimita el ámbito de los reglamentos, y éstos no pueden apartarse de la norma que les dio su origen. La jerarquía, entonces, no es una cuestión de «importancia política»: es una relación de fundamento, competencia y validez. Una norma inferior que contradice los límites impuestos por una superior enfrenta, precisamente, un problema de validez dentro del propio sistema.
Ahora bien, en el supuesto de que una norma de menor jerarquía ofrezca mayor protección al gobernado, la respuesta no puede ser tan simple como afirmar que debe aplicarse la disposición más favorable. Si así fuera, la jerarquía normativa perdería buena parte de su sentido y cada Autoridad podría justificar sus determinaciones a partir de una valoración subjetiva sobre lo que considera más favorable, pero, tampoco debe aseverarse que la norma superior debe aplicarse siempre de forma automática.
Es decir, no significa que cualquier norma inferior pueda imponerse sobre una superior sólo porque es más favorable para el gobernado. Su función no es destruir la Supremacía Constitucional ni dispensar a las Autoridades del deber de actuar dentro del ámbito de su competencia. Su esencia radica en impedir que, existiendo diversas alternativas jurídicas válidas, se elija aquella que restrinja innecesariamente los derechos de una persona cuando otra interpretación permita una protección más amplia.
La «Pirámide de Kelsen» y el «Principio Pro Persona», responden a diversos ámbitos. La teoría kelseniana, cuestiona de dónde obtiene validez una norma y cuál es su posición dentro del sistema jurídico; el principio de mayor beneficio, pregunta cómo debe interpretarse y aplicarse el Derecho cuando están en juego derechos humanos. Uno, se ocupa esencialmente de la estructura del orden jurídico; el otro, incorpora un criterio sustantivo de protección dentro del Estado de Derecho.
El derecho constitucional contemporáneo, exige una interpretación armónica entre la jerarquía normativa y la protección de los derechos humanos. En este contexto, la «pirámide de Kelsen» permite comprender la estructura y validez de las normas, mientras que el «Principio Pro Persona», orienta su interpretación hacia la protección más amplia de los derechos. Ambos, plantean una reflexión jurídica fundamental: la aplicación del derecho no sólo debe atender a la supremacía normativa, sino también a la tutela efectiva de la dignidad humana.
En suma, el verdadero reto para jueces, abogados y autoridades consiste en no caer en ninguno de los extremos. El formalismo absoluto puede convertir al Derecho en una estructura insensible frente a las consecuencias de sus decisiones. Una interpretación indiscriminada del mayor beneficio para el gobernado, puede generar incertidumbre si se utiliza como fórmula para ignorar reglas de jerarquía, competencia o validez. La labor jurídica exige algo más complejo: identificar las normas aplicables, determinar su relación dentro del sistema y, cuando existan derechos humanos involucrados, buscar la interpretación jurídicamente viable que ofrezca la protección más amplia.
A manera de reflexión: la persona no está por encima de la Constitución, pero la Constitución coloca la protección de la persona en el centro de actuación del Estado. Ésta es una diferencia fundamental. No se trata de sustituir a la «Pirámide de Kelsen», por una regla según la cual siempre gana la norma más benéfica; se trata de comprender que el orden jurídico moderno exige que la jerarquía normativa conviva con los principios constitucionales de protección a los derechos humanos.
Bajo esa perspectiva, es aplicable la metáfora del italiano Piero Calamandrei: «Que en la balanza de la justicia, el peso de la razón no haga olvidar la delicadeza de una rosa».

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