LOS JALES DE EL ORO -UNA HISTORIA QUE COMENZÓ HACE 45 AÑOS-
Columna COLABORADOR INVITADO
Por Héctor Bernal Hernández*
El conflicto por los jales (residuos que quedan después de procesar el mineral para extraer metales como oro y plata) de El Oro, Estado de México, ha escalado en los últimos meses: protestas, bloqueos, reclamos ambientales y exigencia de transparencia han colocado al Ayuntamiento y a la presidenta municipal Juana Elizabeth Díaz Peñaloza en el centro de la discusión.
Pero esta historia no comenzó en 2026. Se remonta a 1981, cuando bajo el gobierno estatal de Jorge Jiménez Cantú (con Alfredo del Mazo González como gobernador electo) se publicó el Decreto 318 en el que se autorizó al Ayuntamiento a enajenar, fuera de subasta pública, los derechos de explotación de los jales a la Empresa Minera México‑Michoacán.
No fue un acuerdo privado, sino una acción avalada por decreto, en un contexto donde los municipios aún carecían de plena autonomía patrimonial, la que se dio en la reforma al artículo 115 constitucional de 1983. Así, las preguntas son inevitables: ¿Bajo qué criterios se autorizó?, ¿Qué recibió el Estado?, ¿Qué recibió el municipio?, ¿Dónde quedaron registrados esos recursos? Si hoy se exige transparencia, también debe revisarse lo ocurrido en 1981.
Igualmente se debe explorar la cadena empresarial: La Empresa Minera México‑Michoacán fue absorbida en 1984 por Industrias Luismin, luego llegaron capitales canadienses, Goldcorp y finalmente Newmont. Desde 2013, los derechos se fragmentaron: 50% para Desarrollos Mineros San Luis (Newmont/Goldcorp) y 50% para Minera CCM El Oro Jales, filial de Xali Gold Corp.
En 2013, durante el gobierno de Rogelio Garnica, Candente Gold celebró un acuerdo: 25 mil dólares iniciales y 3 mil dólares mensuales para proyectos sociales. Los estados financieros de la compañía registran pagos hasta abril de 2015. Pero un registro corporativo no prueba su ingreso al municipio. ¿Dónde están las pólizas, recibos, estados bancarios, conceptos y registros de aplicación? ¿Quién autorizó, contabilizó y supervisó? Estas preguntas son para Garnica, no para Díaz Peñaloza.
En 2017, con Cristina Cruz como presidenta municipal, surgió el “Convenio de Usufructo del Terreno Los Jales Tiro México”, con una cláusula del 8% de utilidades para el municipio. Ratificado en 2019 (Marco Antonio Barranco) y en 2022 (Ruth Salazar), sigue sin evidencia documental de cobro. Y siguen las dudas: ¿Ese 8% llegó? ¿Cuánto fue? ¿Dónde están las pólizas? ¿Se ratificaron los convenios sin verificar el cumplimiento?
En 2024, Kappes, Cassiday & Associates transfirió 25 mil, luego otros 25 mil y posteriormente 100 mil dólares. Pero fueron pagos de KCA a Xali Gold, no al Ayuntamiento, esto debe quedar claro.
Es hasta 2026 que aparece "Teocuitlapilli S.A. de C.V." vinculada al cambio de titularidad de la Manifestación de Impacto Ambiental y a un convenio de usufructo con el Ayuntamiento. Se habla de transformar el predio en parque ecoturístico con instalaciones deportivas y hoteleras. Pero no hay información oficial que confirme su competencia para extraer jales.
En una asamblea del 21 de septiembre que se llevó a cabo en el Hotel Casa Blanca de El Oro, un representante de Teocuitlapilli dijo tener el convenio original, pero que “no puede” dar copias.
Otro tema crucial es el ambiental: los jales contienen arsénico, mercurio, plomo y cadmio. Algunos estudios han detectado concentraciones preocupantes en suelos y aguas, incluso en la presa Brockman, la principal fuente de agua potable de la cabecera municipal. Por ello, cualquier proyecto debe analizarse en términos económicos, jurídicos y ambientales.
En la mencionada asamblea del 21 de septiembre, los vecinos exigieron un comité ciudadano de supervisión. El síndico Ubaldo Velázquez Piedra y el 4⁰ Regidor José Dolores González Cruz se comprometieron a vigilar la legalidad, pero la ausencia de la presidenta municipal fue notoria.
Reducir el problema a un tema político sería perder de vista lo esencial. Los jales no nacieron en 2026 ni en 2013: la historia documentada se remonta a 1981. Han pasado gobiernos, empresas, convenios y ratificaciones, pero la pregunta sigue abierta: ¿qué se pactó, cuánto dinero se generó y qué parte llegó realmente al Ayuntamiento?
Si hubo algo más que el decreto en 1981, que se conozca. Si hubo contratos en 2013, que se publiquen. Si hubo pagos, que se acrediten. Si hubo ingresos, que aparezcan en cuentas públicas. Si hubo utilidades, que se determine cuánto correspondía al municipio. Y si existen responsabilidades, que se documenten y se actúe en consecuencia.
Y aún más importante: ¿Cuánto dinero ha recibido realmente el Municipio de El Oro por los jales entre 1981 y 2026?, ¿En qué benefició a la población?, ¿Qué obras se realizaron?, ¿Qué servicios mejoraron?, ¿Quién supervisó su aplicación?
En un asunto en el que se involucran el patrimonio municipal, recursos económicos, actividad minera y medio ambiente, conocer la verdad no puede ser concesión de ningún gobierno. Es un derecho de los habitantes de El Oro.
