° La exposición a pantallas avanza más rápido que las habilidades para utilizarlas de manera segura, mientras persisten profundas desigualdades en el acceso a tecnología y conectividad escolar.

Redacción d'interés

La discusión sobre el uso de celulares, redes sociales y otros dispositivos digitales entre niñas, niños y adolescentes no puede reducirse a decidir a qué edad deben utilizarlos o cuándo deben restringirse. El verdadero desafío, advierte un análisis presentado en el marco del foro “La vida frente a la pantalla; el impacto de los dispositivos digitales”, consiste en proteger el aprendizaje y la seguridad de los menores sin profundizar las brechas educativas y tecnológicas que ya existen.

De acuerdo con la información presentada por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad, existen al menos tres grandes desfases que deberían considerarse antes de diseñar o aplicar nuevas medidas de regulación: la conectividad llegó después que la necesidad de utilizar dispositivos; la exposición digital ocurre antes que el desarrollo de habilidades para protegerse y la regulación puede llegar antes que la evaluación de sus efectos.

El celular llegó antes que la conectividad escolar

Uno de los principales problemas identificados es la diferencia entre el uso de internet y las condiciones de conectividad dentro de las escuelas.

Las estimaciones presentadas señalan que 82 por ciento de las y los menores utiliza internet para realizar tareas, pero solamente 35 por ciento cuenta con conectividad escolar.

La consecuencia es una paradoja: existe una creciente necesidad de realizar actividades educativas en línea, pero la infraestructura escolar no necesariamente ofrece las mismas condiciones para todos.

La brecha también se refleja en el tipo de dispositivos disponibles. Según las estimaciones basadas en microdatos de la ENDUTIH 2025 del INEGI, 13.1 millones de niñas, niños y adolescentes dependen exclusivamente del celular, mientras que alrededor de la mitad de los menores en México vive en hogares sin computadora o tableta.

En otras palabras, para millones de estudiantes el teléfono celular no representa únicamente una herramienta de entretenimiento o comunicación: puede ser su principal —y en algunos casos único— medio de acceso a contenidos educativos.

La exposición llega antes que las habilidades

El segundo desfase resulta todavía más significativo.

La información presentada indica que 9 de cada 10 adolescentes de entre 12 y 14 años utilizan celular, pero solamente 26 por ciento cuenta con habilidades para protegerse digitalmente.

Es decir, la exposición a las pantallas es prácticamente generalizada, mientras que las capacidades para enfrentar riesgos como la pérdida de privacidad, la desinformación, los fraudes o las dinámicas de las redes sociales están mucho menos extendidas.

El documento define la alfabetización digital crítica como la capacidad para gestionar la seguridad y la privacidad, ejercer la autorregulación y evaluar críticamente la fiabilidad de la información.

Bajo esta perspectiva, enseñar a utilizar la tecnología no debería limitarse a aprender a manejar una plataforma o un dispositivo. También implica saber cuándo una información es confiable, cómo proteger los datos personales y cómo gestionar el tiempo y la atención frente a las pantallas.

Y esa formación, plantea el análisis, no debería recaer exclusivamente en los estudiantes. Debe integrarse al currículo escolar y alcanzar también a docentes y familias.

El problema empieza mucho antes de los 15 años

Otro de los datos que llaman la atención corresponde a la edad en que se incrementa el uso de redes sociales.

La información presentada muestra un salto importante entre los 9 y los 12 años, mientras que a los 15 años el 90.4 por ciento de los adolescentes ya utiliza redes sociales y a los 18 años la proporción alcanza 95 por ciento.

La conclusión resulta relevante para el debate regulatorio: si las restricciones se concentran únicamente en determinadas edades de la adolescencia, podrían estar llegando después de que la exposición digital ya comenzó.

Por ello, el documento plantea que cualquier política pública debe considerar que el contacto con las plataformas y dispositivos ocurre mucho antes de las edades en las que tradicionalmente se concentra la discusión.

Regular sin medir también puede ser un problema

El tercer desfase señalado es quizá el que mayores implicaciones tiene para las políticas públicas: la regulación no debería adelantarse a la evaluación de sus efectos.

La propuesta plantea establecer primero una línea base que permita conocer cómo impacta el uso de dispositivos en el rendimiento académico y otros aspectos del aprendizaje.

También plantea utilizar las evaluaciones nacionales existentes para medir habilidades digitales y resultados educativos antes de implementar nuevas reglas, y establecer mecanismos de monitoreo con responsables definidos y plazos concretos para revisar las políticas.

La lógica es sencilla: no basta con regular; hay que saber si aquello que se regula realmente funciona.

Una política que limite el acceso a dispositivos podría reducir determinados riesgos, pero también podría afectar a estudiantes que dependen de ellos para realizar tareas, acceder a contenidos o mantener su conectividad educativa.

Proteger y cerrar brechas no son objetivos opuestos

El planteamiento central del documento es que la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos digitales no debería convertirse en una nueva fuente de desigualdad educativa.

Por el contrario, propone colocar en el centro una alfabetización digital que permita proteger a los menores, pero que al mismo tiempo considere las diferencias existentes entre hogares, escuelas y comunidades.

La pregunta, entonces, no debería ser únicamente “¿cómo restringimos el uso de los dispositivos?”, sino también:

¿Cómo conseguimos que niñas, niños y adolescentes tengan las herramientas necesarias para utilizarlos de manera segura, crítica y provechosa?

Porque mientras algunos estudiantes cuentan con computadora, tableta, internet y acompañamiento familiar, otros dependen exclusivamente de un teléfono celular para cumplir con sus actividades escolares.

Y ahí se encuentra uno de los mayores desafíos: proteger el aprendizaje sin ampliar las brechas que ya existen.

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FUENTE Y CRÉDITOS:
La información y estimaciones utilizadas en esta nota corresponden a las infografías “Proteger el aprendizaje sin ampliar brechas. Reflexiones en el marco del foro: La vida frente a la pantalla; el impacto de los dispositivos digitales”, elaboradas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad.

Las cifras señaladas en el material corresponden a estimaciones propias con microdatos de la ENDUTIH 2025 (INEGI), ponderadas con los factores de expansión FAC_HOGAR y FAC_PER, para población de 6 a 17 años.

Nota editorial: d'interés presenta estos datos como parte del debate público sobre educación, tecnología y equidad, dando el crédito correspondiente a sus autores y sin atribuir a las instituciones conclusiones distintas de las expresadas en el material original.