Columna CON LETRA DE LEY

Por: Rubén Alejandro Domínguez Bernal*

Es común escuchar frases como "La gente lo pidió", "El pueblo está de acuerdo" o "La mayoría quiere que se haga así". En una democracia, la opinión de la ciudadanía es indispensable para la toma de decisiones; sin embargo, existe una pregunta que pocas veces nos hacemos ¿puede una autoridad realizar cualquier acción únicamente porque cuenta con el respaldo de la mayoría?

LA RESPUESTA, DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO

México es un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, esto significa que toda autoridad, sin importar el respaldo popular que tenga, debe ejercer sus funciones con estricto apego a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, la legalidad no es un obstáculo para gobernar; es el fundamento que legitima el ejercicio del poder público.

Nuestra Constitución establece, en su artículo 16, que toda autoridad debe fundar y motivar sus actos, en otras palabras, ninguna decisión gubernamental puede sustentarse únicamente en la voluntad popular, en la presión social o en la conveniencia política. Cada acto de autoridad debe encontrar respaldo en una norma jurídica que le otorgue competencia y justifique su actuación.

Este principio adquiere especial relevancia cuando surgen problemas que generan indignación social, es natural que la ciudadanía exija soluciones inmediatas; sin embargo, el deseo colectivo no puede sustituir el debido proceso, las garantías individuales ni los derechos humanos. Gobernar implica tomar decisiones difíciles, pero siempre dentro de los límites que establece el Estado de Derecho, de igual forma, una autoridad tampoco puede negarse a actuar cuando la ley le impone una obligación, el principio de legalidad funciona en ambos sentidos impide hacer lo que la ley no autoriza y obliga a realizar aquello que la ley sí ordena, ese equilibrio protege tanto a la sociedad como a las propias instituciones.

La democracia no consiste únicamente en escuchar a las mayorías; consiste en garantizar que todas las decisiones públicas respeten el orden constitucional, de lo contrario, el ejercicio del poder dependería del momento, de la presión política o de la popularidad de quien gobierna, y no de la certeza jurídica que toda sociedad necesita.

Por ello, una ciudadanía informada debe exigir dos cosas al mismo tiempo, que sus autoridades escuchen las necesidades de la población y que cada decisión se adopte conforme a la ley, la legalidad no debe verse como una barrera para resolver los problemas públicos, sino como la mejor garantía para evitar arbitrariedades y proteger los derechos de todas las personas.

Al final, el verdadero liderazgo no consiste en hacer todo lo que la mayoría exige, sino en tener la responsabilidad de hacer aquello que la Constitución permite y que el interés público demanda, solo así se fortalece la confianza ciudadana y se consolida un auténtico Estado de Derecho.

"La democracia no se fortalece cuando gobierna la voluntad sin límites, sino cuando la voluntad se ejerce dentro del marco de la ley."