Columna DESDE LA BANQUETA.

Por Gabriel Escalante Fat

                Cuando el PRI era un partido casi único y el Estado Mexicano no se preocupaba por maquillar sus acciones, reprimiendo sin pudor a sus adversarios, había en las cárceles de nuestro país una buena cantidad de presos políticos.

                Una época en que el debido proceso era letra muerta y en la que la presunción de inocencia, si de un enemigo del gobierno se trataba, era sólo una ilusión. La siniestra Dirección Federal de Seguridad (DFS) era la policía política del gobierno y no andaba con miramientos.

                Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-70) se encarceló a líderes del Movimiento Estudiantil del 68, como el ingeniero y catedrático Heberto Castillo, el escritor José Revueltas, el periodista Eduardo “el Búho” Valle, el líder estudiantil y campesino Gilberto Rincón Gallardo y a un buen número de dirigentes del Consejo Nacional de Huelga (CNH), entre ellos el hoy autoritario y gobiernista Pablo Gómez. Se mantuvo tras las rejas a líderes sindicales y agrarios como Demetrio Vallejo y Valentín Campa, símbolos por cuya liberación lucharon los universitarios.

                Si bien Luis Echeverría ordenó la liberación —mediante un proceso de amnistía— de más de 1,500 presos políticos del Movimiento del ’68, la represión continuó y líderes guerrilleros y agrarios fueron llevados a prisión, como los dirigentes de la Liga Comunista 23 de Septiembre: Ignacio Arturo Salas Obregón, Enrique Pérez Mora e Ignacio Olivares Torres, este último ejecutado extrajudicialmente. Miembros del Partido de los Pobres de la Sierra de Guerrero (PPSG) fueron encarcelados o desaparecidos, destacando desde luego Lucio Cabañas, abatido el 2 de diciembre de 1974.

                Durante el gobierno de López Portillo se abrió una rendija para que empezara a entrar la luz de la democracia. En congruencia con la Reforma Electoral de 1977, impulsada por don Jesús Reyes-Heroles, se promulgó —el 28 de septiembre de 1978— la Ley de Amnistía, en la que se ordenaba poner en libertad a todas aquellas personas en prisión por los delitos de sedición, instigación a la rebelión, conspiración u otros delitos cometidos con el propósito de alterar la vida institucional del país, que no sean contra la vida, la integridad corporal, terrorismo o secuestro.

                Esta ley se abrogó en 2014, durante la administración de Enrique Peña Nieto, al considerarse que ya no existía en las prisiones mexicanas ninguna persona privada de la libertad por motivos políticos.

                Apenas 12 años después de que el Congreso de la Unión consideró que encarcelar personas por motivos políticos era un asunto superado, la Fiscalía General de la República acaba de detener el 16 de julio, en Ensenada, BC., a quien es claramente el tercer preso político notable del régimen de la 4T —precedido por Rosario Robles y Jesús Murillo Karam—.  Me refiero a Ernesto Ruffo Appel, primer político de oposición en alcanzar una gubernatura (Baja California) en 1989.

                La FGR acusa a Ruffo de delincuencia organizada y contrabando, delitos que se desprenden, a decir de la propia Fiscalía, de una “investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible, realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California”.

                Pasando por alto que la empresa involucrada, Ingemar, no fue fundada por Ruffo, sino que el exgobernador se integró a ella como accionista tres años después de su fundación, en 2018, hace ya un año que se explicó con claridad que dicha empresa no compra ni vende combustibles, sino que funciona como operador logístico entre vendedores y compradores gestionando solamente el papeleo ante Aduanas. Ruffo enfatizó, en julio de 2025: “nosotros no vemos el combustible, vemos papeles; la labor de comprobar la veracidad de esos documentos y la naturaleza del producto transportado corresponde a las autoridades aduaneras”.

                               Ernesto Ruffo Appel es un administrador de empresas egresado del Tecnológico de Monterrey. Nació en 1952 en San Diego, California, hijo y nieto de padres mexicanos y ha vivido desde sus primeros días en Ensenada, BC, de donde fue presidente municipal entre 1986 y 1989, luego de haber sido docente en el CETYS de su ciudad, empleado en la compañía Pesquera Zapata, en la que ascendió desde jefe de personal hasta director general. Entre 1975 y 1982 fue presidente del Centro Empresarial de Ensenada y del Consejo Coordinador Empresarial en aquel puerto.

                En 1984 se afilió al Partido Acción Nacional, como muchos empresarios del país lo hicieron, siguiendo el ejemplo de Manuel Clouthier. El 6 de julio de 1986 ganó con el 55% de los votos, la presidencia municipal de Ensenada.

                La buena gestión de Ruffo al frente del ayuntamiento ensenadense, ejercida con honestidad y eficacia, sumada a la coyuntura política que se vivía en todo México, luego de la cuestionada elección de Carlos Salinas de Gortari en 1988, más la pésima administración del gobernador saliente Xicoténcatl Leyva, constituyeron el escenario ideal para que el joven alcalde obtuviera la candidatura a la gubernatura de Baja California, con amplias posibilidades de triunfar.

                El PRI, presidido entonces por Luis Donaldo Colosio, presentó como candidata a Margarita Ortega Villa, una mujer sin gran trayectoria política pero, al mismo tiempo, sin aspectos negativos que pudieran causarle problemas. 

                La noche del dos de julio de 1989, entre gritos de “Colosio traidor” Luis Donaldo pronunció una frase sin precedentes en 60 años del PRI: “La tendencia electoral no nos favorece”.

                Ernesto Ruffo había ganado la gubernatura con el 48% de los votos, diez puntos por arriba de su contrincante, quien después de esa fecha, desapareció del espectro político del país, al no regresar al Senado de la República, en donde ocupó su escaño por sólo 7 meses.  Además, el PAN repitió triunfo en la presidencia municipal de Ensenada y ganó Tijuana y Tecate, siendo derrotado únicamente en Mexicali, tierra de Ortega Villa.

                Al día siguiente, el presidente Salinas, urgido de legitimarse en el cargo, se sumó al reconocimiento del triunfo del panista, pronunciando la memorable frase: “Se acabó el carro completo y el de todas, todas”.  Con este acto, CSG le tendía un puente más al PAN, aún agraviado por el “fraude patriótico” de Chihuahua en 1986, cuando Francisco Barrio fue despojado del triunfo para beneficiar a Fernando Baeza, en una siniestra operación política liderada por Adolfo Lugo Verduzco, presidente del PRI y Manuel Bartlett, secretario de Gobernación.

                Ernesto Ruffo Appel, quien además de presidente municipal y gobernador ha sido Comisionado para Asuntos de la Frontera Norte (2000-2006), senador (2012-2018) y diputado federal (2018-2021), es en México un icono del cambio democrático. Él amplió la estrechísima brecha de nuestra incipiente democracia, para que, once años después, México viviera la primera alternancia partidista en la Presidencia de la República, después de 71 años de dominio priista.

                Ruffo siempre fue un político congruente. Nunca buscó estar, a como diera lugar, en el candelero de la política. Al salir de la gubernatura, regresó por cinco años a sus actividades particulares y, bajo la presidencia de Fox, aceptó un cargo de nivel medio, aunque de gran relevancia para la región fronteriza de México. En la administración de Calderón no ocupó ningún puesto público. Se le considera un político conservador, aunque no en el espectro de la extrema derecha. En el ejercicio de sus puestos ha sido más pragmático que ideológico.

                En 2019, después de 30 años y 6 gobernadores panistas (en el período 1995-2001 falleció Héctor Terán y fue sustituido por Alejandro González), montados aún en la cresta de la ola de AMLO, Morena y aliados arrasaron en las elecciones locales. El candidato a gobernador, Jaime Bonilla, obtuvo más del 50% de los votos, superando por 28 puntos al candidato del PAN. El partido oficial ganó además las cinco presidencias municipales y, junto con sus partidos satélite, se quedó con 20 de las 25 curules del congreso local.

                En esa elección, todos los cargos fueron electos para un período de 2 años, a fin de empatar la elección de aquella entidad con la federal, a partir de 2021. Ya en su puesto, el gobernador Bonilla intentó hacer una reforma para quedarse 5 años en su puesto y empatar la elección a partir del 2024, lo que desencadenó muchos enfrentamientos entre los mismos miembros de su partido. El intento resultó infructuoso y Bonilla tuvo que regresar al Senado una vez cumplidos los 2 años de su ejercicio.

                En 2021, la entonces alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, fue designada candidata de Morena a la gubernatura y el 6 de junio superó holgadamente a sus contrincantes, Jorge Hank, por el PES y Lupita Jones —ex Miss Universo— por el PAN.  

                Ya electa Marina del Pilar y aún en funciones Jaime Bonilla, empezaron duros enfrentamientos entre ellos, principalmente porque Marina se oponía a darle continuidad a proyectos iniciados por Bonilla. Se puede decir que en el momento de su toma de posesión, la flamante gobernadora ya veía a su antecesor como un adversario político.

                La gestión de la gobernadora mexicalense ha estado repleta de escándalos políticos y mediáticos. Los más graves son los relacionados con su ex esposo, Carlos Torres Torres y el hermano de éste, Luis Alfonso, que están siendo investigados por la FGR por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, al tener posibles vínculos con una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

                En mayo del año pasado, se supo que las visas estadounidenses de la gobernadora y de su entonces esposo fueron canceladas, puesto que también en los Estados Unidos el matrimonio está siendo investigado por probables delitos. Cinco meses después, Marina del Pilar anunció que estaba en proceso de divorcio de Carlos, quien por un tiempo fungió como Coordinador de Proyectos Estratégicos, aunque de manera honoraria, para no caer en nepotismo. Extraoficialmente, era un vicegobernador muy poderoso.

                Existe la sospecha de que el divorcio entre Torres y Ávila es una estrategia de la gobernadora para desligarse de los delitos que se atribuyen a su excónyuge y no una desavenencia en la pareja.

                En semanas recientes, el escándalo alrededor de Marina del Pilar se ha incrementado, a raíz de al menos tres grabaciones reveladas por el periodista Héctor de Mauleón, en el que se escucha a la gobernadora platicar con quienes dicen ser funcionarios de dependencias estadounidenses.  En esas pláticas, Ávila —quien, por una parte, anhela recuperar su visa y por la otra, teme que le finquen cargos penales en el vecino del norte— ofrece toda clase de cooperación, incluyendo revelar información de las reuniones de seguridad (no especifica si locales o del Gobierno Federal).

                Marina del Pilar tiene contratado un prestigioso despacho de abogados del estado de Florida —Arktouros PLLC, especializado en delitos financieros y lavado de dinero— a quienes se estima ha pagado honorarios de entre doscientos y cuatrocientos mil dólares.

                Tratándose de una servidora pública electa, que gobierna una importante entidad fronteriza asolada por el crimen organizado, esos ofrecimientos me parecen, por decir poco, temerarios.  Si pasara de una promesa a un hecho consumado, podría cometer los delitos de traición a la patria y espionaje, consignados en los artículos 123 y 137 del Código Penal Federal. ¡Poca cosa!

                Pero en estos últimos siete años y medio, hemos aprendido que a la 4T le queda chico el concepto atribuido a Juárez: “Para los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. En la práctica, este régimen otorga a los amigos gracia, protección, encubrimiento y privilegios para evadir la justicia; a los adversarios políticos, la aplicación torcida de la ley.

                Tarde se le hacía a Omar García Harfuch —a quien no le corresponden este tipo de evaluaciones— para salir a declarar que de las conversaciones filtradas no se desprende conducta delictiva alguna de Marina del Pilar.  La presidentA con “A” de descaradA, ha dicho que eso le corresponde a la Fiscalía y que la gobernadora cuenta con su apoyo.

                Y la respuesta de la Fiscalía ha sido, como debería ser la justicia que tiene obligación de procurar, pronta y expedita. En cuestión de días revivió una investigación sin pies ni cabeza en contra de un exgobernador de oposición, ¿de qué estado sería más conveniente? ¡Claro, de Baja California! y lo ha arrestado como si de un peligroso delincuente se tratara, provocando un escándalo mediático que pretende acallar la insostenible situación jurídico política de la gobernadora bajacaliforniana.

                La vileza de la FGR —reflejo del actuar ruin del régimen— ha llegado al extremo (con el apoyo incondicional de la jueza del bienestar Alejandra Ramírez de la Vega, electa en 2025 por el sistema del acordeón), concedió orden de aprensión y medida cautelar de prisión preventiva en el Reclusorio Federal del Altiplano en contra de Ruffo Appel. Cabe señalar que el juez de control especializado en Sistema Penal Acusatorio, Mario Elizondo Martínez, negó el pasado 22 de junio esa orden de aprehensión, al considerar que la FGR no presentó pruebas suficientes para acreditar los delitos.

                La ya conocida historia del “No me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, que tanto daño ha hecho a este México que hace unas cuantas décadas soñó con librarse del autoritarismo y vivir bajo un régimen justo, honesto y democrático.

                ¿Hasta dónde aguantará la liga?

                ¿Hasta cuándo se darán cuenta los partidarios de Morena que están hipotecando al país por un plato de lentejas en forma de programas sociales?

                Los optimistas piensan que el declive del régimen cuatrotero empezará tan pronto como el próximo 2027.

                Yo no lo pienso así.

                Creo que hacen falta muchos más abusos autoritarios, mucho más cinismo, muchas más pruebas de la ineficiencia y corrupción de la nueva clase política, para que México despierte.

                Pero estoy seguro de que, llegado el momento, el derrumbe de la Cuatroté será estrepitoso y quizá podremos ver cómo, en su inmensa miseria moral, se devoran los unos a los otros.

CINISMO.

                Una probadita local: La presidenta municipal de El Oro, mi tierra, se inscribió con otros 8 aspirantes, para intentar reelegirse en los comicios del 2027. La alcaldesa más ineficiente, corrupta y cuestionada de la historia aurense, quiere seguir haciendo daño al municipio, mientras el cuerpo aguante.  Lo malo es que tiene posibilidades de conseguir su objetivo. Veremos.

                Una internacional: La señora Claudia Sheinbaum, quien declinó estar en la inauguración del Mundial de Futbol en el Estadio Azteca de nuestro país, en donde jugó la Selección Nacional, salió volando a Nueva Jersey al primer chasquido de dedos de Donald Trump para estar, junto con él, con el primer ministro de Canadá y con los reyes y presidente de gobierno de España, en la clausura de la Copa del Mundo.

                ¿Cuánto le costó al erario el jet militar que la llevó de Cancún a Nueva Jersey y la trajo de vuelta a la CDMX? Seguramente más que el boleto para el partido inaugural que rechazó “por austeridad”.

                Dos discursos, dos caras, una forma constante de burlarse de sus ciudadanos.

Guadalajara, Jalisco, julio 20, 2026.