ACULCO, ESTADO DE MÉXICO. — La construcción de la autopista Atlacomulco–Polotitlán enfrenta un nuevo obstáculo legal. El Poder Judicial de la Federación concedió la suspensión de oficio y de plano en favor de la Comunidad Indígena de San Lucas Totolmaloya, municipio de Aculco, medida que impide, por el momento, la realización de cualquier acto relacionado con la ejecución de la obra dentro de dicha comunidad, hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo.
La resolución fue dada a conocer por el licenciado Alejandro Javier Becerril, representante jurídico del movimiento “Unidos por Aculco en Defensa de Nuestras Tierras”, organización integrada por ciudadanos que buscan la protección de los derechos colectivos de las comunidades y ejidos que consideran afectados por el proyecto carretero.
Lic. Alejandro Javier Becerril, representante del movimiento “Unidos por Aculco en Defensa de Nuestras Tierras
De acuerdo con el abogado, la suspensión deriva de diversos juicios de amparo promovidos por los habitantes de la comunidad indígena y tiene como propósito preservar sus derechos mientras se desarrolla el proceso constitucional.
En la resolución judicial se establece que:
Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede decretar de oficio y de plano la suspensión para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de desposeer y privar a la comunidad de los derechos agrarios sobre la tierra, agua y bosques que integran la superficie de la Comunidad Indígena de San Lucas Totolmaloya, municipio de Aculco, Estado de México, en relación con la construcción de la autopista Atlacomulco–Polotitlán, hasta en tanto quede firme la sentencia que se emita en la presente instancia constitucional.
Alejandro Javier Becerril aclaró que el movimiento no se opone a la construcción de la autopista, sino que exige que el proyecto garantice el respeto a los derechos de los habitantes de Aculco y que la obra contemple medidas para evitar afectaciones a las comunidades.
Imagen ilustrativa generada con IA
Entre las principales demandas destacan el respeto al libre tránsito; la construcción de pasos vehiculares, peatonales y ganaderos; la protección de las redes de agua potable, agua de riego, drenaje y energía eléctrica; la conservación de los mantos acuíferos, la flora y la fauna; así como la reparación de caminos y carreteras que pudieran resultar dañados por el tránsito de maquinaria pesada.
Asimismo, el movimiento plantea que la autopista cuente con una incorporación para el municipio de Aculco y que los habitantes puedan utilizar la vía de manera gratuita, al considerar que serán quienes resientan directamente los impactos derivados de la construcción.
De manera paralela a los procesos legales, las comunidades y ejidos agrupados en Unidos por Aculco en Defensa de Nuestras Tierras también han solicitado a la empresa responsable del proyecto la realización de diversas obras de infraestructura para el municipio, entre ellas la conclusión del Hospital de Aculco, la construcción del bulevar Aculco–El Rosal, la edificación del denominado Puente de Bañe para cruzar de forma segura la Carretera Panamericana, además de pavimentaciones, jardines, techumbres y espacios recreativos para distintas comunidades.
Imagen ilustrativa Plataforma Proyectos México
Finalmente, el representante jurídico sostuvo que, una vez que exista plena garantía de respeto a los derechos de la población y sean atendidas las peticiones planteadas por las comunidades afectadas, no existiría oposición a la construcción de la autopista.
Una vía de comunicación representa desarrollo y progreso, siempre que su ejecución no implique atropellos a los derechos de la población ni afectaciones injustificadas a quienes habitan la región”, concluyó.

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