La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que las nuevas reglas de evaluación escolar emitidas por la Secretaría de Educación Pública son constitucionales y compatibles con el derecho a una educación de excelencia establecido en el artículo 3° de la Constitución.

Con esta decisión, el Máximo Tribunal confirmó la validez del Acuerdo 10/09/23, el cual establece las normas generales para evaluar, acreditar, promover y certificar a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México.

La resolución deja claro que la “excelencia educativa” no debe entenderse únicamente como altas calificaciones, estrictos controles de asistencia o mayores índices de reprobación. Por el contrario, la Corte consideró que una educación de calidad también implica garantizar que niñas, niños y adolescentes permanezcan en las aulas, participen en su proceso educativo y desarrollen habilidades como el pensamiento crítico.

De acuerdo con el Pleno, el artículo 3° constitucional habla de un mejoramiento integral y constante del aprendizaje, así como del fortalecimiento de la relación entre la escuela y la comunidad, por lo que los mecanismos de evaluación pueden ser graduales y flexibles, siempre que contribuyan al desarrollo académico del alumnado.

En ese sentido, las ministras y ministros determinaron que los criterios contemplados en el acuerdo de la SEP no eliminan la evaluación, sino que establecen esquemas complementarios y subsanables para apoyar a estudiantes que enfrenten dificultades durante el ciclo escolar.

La Corte también sostuvo que estas medidas buscan proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes, al priorizar el acceso, permanencia y participación dentro del sistema educativo, evitando que factores administrativos o académicos rígidos se conviertan en barreras para continuar estudiando.

La resolución ocurre en medio del debate nacional sobre los nuevos modelos educativos y los mecanismos de evaluación implementados en las escuelas públicas del país, donde sectores críticos han señalado que la disminución de requisitos estrictos podría afectar el nivel académico, mientras que especialistas en educación consideran que los modelos tradicionales de evaluación no siempre reflejan el verdadero aprendizaje de las y los estudiantes.

Fuente: SCJN