Por De la Redacción
Concepción Caro, Jocotitlán, Estado de México, 24 de abril de 2026.- El bloqueo de esta mañana en la carretera Atlacomulco-San Felipe del Progreso por parte de habitantes de la comunidad Concepción Caro visibiliza, una vez más, un conflicto territorial con la comunidad vecina de San Miguel Tenochtitlán. Sin embargo, detrás de las protestas y las máquinas que pretenden entrar, existe una historia más profunda que tiene que ver con responsabilidad ciudadana, representación y el respeto al Estado de Derecho.
Según lo que se ha señalado desde hace tiempo, a los representantes (delegados) de ambas comunidades se les notificó puntualmente sobre los procesos y juicios agrarios relacionados con el terreno en disputa. Estos no fueron trámites rápidos ni resueltos en las oficinas de la presidencia municipal de Jocotitlán. Por el contrario, se trataron de procedimientos que duraron más de dos años, llevados ante los juzgados especializados en la Ciudad de México, donde magistrados capacitados analizaron las pruebas presentadas y aplicaron la Ley Agraria vigente en México.
A los ejidatarios que cumplían con sus obligaciones también se les informó de cada etapa. El problema radica en que, por falta de interés o de una adecuada difusión por parte de los propios representantes (quienes fueron elegidos precisamente para informar y representar a su población), muchos habitantes no se enteraron a tiempo o simplemente no acudieron a participar. Ahora, cuando el fallo ya está emitido y no les favorece, surge la inconformidad y se recurre al bloqueo de una vía estatal como forma de presión.
Esto genera una pregunta incómoda pero necesaria: ¿es justo protestar contra una resolución judicial después de no haber participado activamente en el proceso? La Ley Agraria no es una norma improvisada ni creada en los últimos años; es un marco legal consolidado que busca dar certeza jurídica a la propiedad ejidal y comunal. Si el fallo fue favorable a una de las partes, fue precisamente porque se apegaron a esa ley, a las pruebas y al procedimiento establecido.
Protestar es un derecho, pero cuando se hace ignorando el cauce legal ya agotado, se corre el riesgo de convertir un asunto de justicia agraria en un conflicto de poder o de “quién grita más fuerte”. Si la decisión no gusta, la vía correcta no es bloquear carreteras ni intentar revertir hechos consumados en el terreno. La ruta legítima sería acudir nuevamente a las instancias federales en la CDMX, presentar los argumentos correspondientes y, si se considera necesario, impulsar una reforma a la Ley Agraria a través de los canales democráticos.
Mientras tanto, la población de ambas comunidades —Concepción Caro y San Miguel Tenochtitlán— saldría ganando si exigiera mayor transparencia y compromiso real de sus delegados. Un representante que no informa adecuadamente a quienes lo eligieron está fallando en su función básica. Y una comunidad que no pregunta, no asiste ni se involucra en sus propios asuntos agrarios, termina reaccionando tarde y de forma reactiva.
El desarrollo de estas comunidades no se construye con bloqueos ni con máquinas que entran por la fuerza. Se construye con información oportuna, participación activa y respeto a las instituciones que, aunque perfectibles, son las que dan certeza a la tenencia de la tierra en México.
Es momento de que la población deje de delegar por completo su futuro y asuma su parte de responsabilidad. Porque al final, en los asuntos agrarios como en muchos otros, la indiferencia también tiene un costo: se llama sentencia firme.
Nota final:
Este artículo de opinión refleja un punto de vista basado en los procesos legales descritos. Las comunidades y autoridades mencionadas pueden ejercer su derecho de réplica si desean presentar su versión de los hechos.
*Nota relacionada: https://revistadinteres.com.mx/2026/04/24/concepcion-caro-bloquea-carretera-y-exige-a-aylin-lopez-solucion-al-conflicto-territorial-con-san-miguel-tenochtitlan/
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