Columna: PULSO SOCIAL

Por Arturo Allende González*

Sin duda el tema más relevante de la agenda política nacional durante el mes de marzo de 2026, ha sido la Reforma Constitucional Electoral, en sus dos versiones, la original que no fue aprobada, por no haber alcanzado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la coloquialmente denominada Plan B, misma que al momento de escribir el presente artículo, ha sido aprobada por el Senado de la República –con reserva en la revocación de mandato-, después de un ríspido proceso de análisis, cabildeo y discusión. La minuta del dictamen fue remitida a la Cámara de Diputados para su revisión.

Toda reforma constitucional de gran calado, resulta casi de manera inevitable controversial, entre otros factores -de manera genérica-, porque beneficia directa e indirectamente a cierto sector de la clase política y va en contra de los intereses de otra porción del tablero político.

En este particular caso, para algunos analistas la reforma se quedó corta en sus alcances, comparada con la propuesta originalmente planteada por la presidenta Sheinbaum, en tanto que, para otros, incluyendo los voceros de la oposición, la iniciativa va más allá de lo que el fortalecimiento del sistema electoral y de participación democrática requieren en estos momentos.

Lo anterior genera que los académicos y analistas políticos expongan sus argumentos, algunos acordes con la línea que les marcan y otros con profundidad, seriedad y ética profesional.

La Reforma Constitucional en comento ha sido y seguirá siendo por un buen rato, blanco de análisis y discusión con argumentos en pro y en contra. Con la finalidad de sumarme al debate en torno a la reforma electoral en marcha, expongo a continuación algunas reflexiones en torno a su argumentación, alcances y probables implicaciones, en caso de ser aprobada.

Exposición de Motivos de la iniciativa de reforma

• Uso eficiente del gasto, con un claro compromiso en el cuidado de los recursos, para que los ahorros se destinen a quienes más lo necesitan.

• Fortalecimiento de la democracia directa a través de la revocación de mandato, con el objeto de que el pueblo cuente con un instrumento constitucional que garantice que un gobernante que no procure el bienestar de la población o atente contra el interés popular nacional, sea revocado en su mandato de manera institucional y pacífica.

• La desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos públicos, así como su deficiente e ineficaz administración, han sido un lastre que ha afectado negativamente la correcta administración pública en todos los órdenes de gobierno.

• Continuar impulsando como política de Estado la austeridad republicana mediante reformas y acciones que incidan en la simplificación de la estructura pública y en la eliminación de los privilegios del pasado. Acabar con las prebendas y la corrupción de la alta burocracia.

• La reforma constitucional contempla la reducción de costos y privilegios y que ningún funcionario gane más que la Presidenta de la República.

• Amplia los periodos para solicitar la revocación de mandato y no modifica la fecha de la elección judicial.

• Reduce número de regidurías de siete a un máximo de 15, además de limitar a una sindicatura por municipio.

• El tope presupuestal será del 0.7 por ciento del presupuesto para los congresos estatales y los ahorros irán a obras de infraestructura pública.

• Propone que funcionarios electorales de los estados no podrán ganar más que la Presidenta de la República. Además, se eliminarán bonos y seguros, así como ingresos adicionales. 

• Para el Senado de la República, contempla una reducción progresiva de gasto hasta llegar al 15 por ciento.

• Probable costo político para Morena y sus aliados en el proceso electoral de 2027. Todo proceso de reforma lleva implícito un cambio que demanda de los actores que en él participan, compartir responsablemente los costos políticos que emanan de este proceso, riesgos que invariablemente se presentan y que son consustanciales a toda transformación.

• La reforma reducirá los montos onerosos de la nómina de las Legislaturas Locales, funcionarios electorales estatales y de los Ayuntamientos, que en muchos casos resultan ofensivos para el ciudadano de a pie y que se han convertido en incentivos perversos del entramado político-electoral.

• Otra incidencia positiva de la reforma, será el fortalecimiento de las finanzas públicas de estados y municipios, lo que tendrá un impacto, pues como se prevé en la iniciativa, el ahorro de recursos derivado del ajuste a la nómina, se destinará a la ejecución de obras de infraestructura social básica (a servicios públicos municipales, obra pública local y acciones que inciden directamente en el bienestar de la población).