Por: la Redacción de Revista d’interés*

Cada vez que un automovilista sin discapacidad estaciona su vehículo en un cajón azul, no solo está violando la ley: está robándole dignidad y movilidad a una persona que realmente lo necesita. En Atlacomulco, esta práctica se ha vuelto cotidiana, descarada y, lamentablemente, tolerada.

El Ayuntamiento, encabezado por el Lic. Nicolás Martínez Romero, lanzó una campaña de “concientización” (https://www.facebook.com/reel/1835640787089009), con el objetivo de invitar a la población a respetar estos espacios reservados. Se colocaron señalamientos, se difundieron mensajes y se hicieron llamados públicos. El resultado: cero. Los cajones azules siguen siendo ocupados por particulares que ni portan placa de discapacidad, ni marbete autorizado, ni justificante alguno. La buena voluntad no bastó.

Ya es momento de pasar de las palabras a los hechos. El Reglamento de Tránsito del Municipio de Atlacomulco es claro y vigente: el uso indebido de espacios reservados para personas con discapacidad está tipificado como infracción grave y amerita multa económica. Para eso existe la Dirección de Seguridad Pública y la Coordinación de Movilidad: no para andar de pilmamas ni para hacerse de la vista gorda, sino para hacer valer la ley y garantizar que los derechos de los más vulnerables sean respetados.

Tolerar esta falta de respeto no es “ser comprensivos”. Es injusticia pura. Cada cajón azul ocupado ilegalmente significa que una madre con hijo en silla de ruedas, un adulto mayor con bastón o una persona con discapacidad motriz tiene que dar vueltas interminables, exponerse al peligro o simplemente renunciar a salir de casa. Eso no es un “detalle menor”; es discriminación cotidiana.

El compromiso del gobierno municipal con la inclusión y la movilidad segura no puede quedarse en operativos de retiro de objetos o en campañas de concientización que nadie escucha. Ha llegado la hora de aplicar sanciones. Que las multas se cobren, que los vehículos sean retirados con grúa cuando sea necesario y que la corporación policial cumpla con su verdadera función: hacer respetar el orden y proteger a quienes más lo necesitan.

Atlacomulco no puede presumir de ser un municipio ordenado y accesible mientras siga permitiendo que unos cuantos se crean dueños de los espacios que la ley reserva para los que más lo requieren. Es tiempo de actuar con firmeza. La ciudadanía lo exige y la ley lo obliga.

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