Columna: LA LIBRETA DE JACK

Por Jacobo Gregorio Ruiz Mondragón*

El día comenzó como tantos otros, en el Country Mart Café, de Missouri. Estados Unidos, clientes con prisa y vitrinas llenas de donas y un dulce aroma a café. Nadie imaginaba que una rosquilla de cincuenta y dos centavos de dólar, terminaría convirtiéndose en un caso jurídico, que años después, estudiantes de derecho utilizarían como ejemplo en su asignatura de «Criminal Law» o derecho penal.

La Sala de Audiencias «Courtroom» estaba llena. Scott A. Masters evitaba mirar al Fiscal, sus manos «inquietas» descansaban sobre la mesa de su defensa. En su expediente, había algunos antecedentes, «pequeñas facturas» pendientes con la ley, las cuales ahora podrían pesar más que aquella rosquilla hurtada.

Esa mañana, el Fiscal acusaba a Masters, de robo con violencia. La empleada, Laura Bennett, declaró: «el señor aquí presente, tomó la rosquilla y se fue. Cuando le pedí que pagara… me empujó y salió corriendo. El golpe no me causó ninguna lesión, pero al verme sorprendida caí contra una estantería, me levanté y de inmediato llamé a la policía».

Fue entonces, cuando apareció la prueba más extraña del caso. Al llamado, acudió el Oficial Harris, quien en su declaración, manifestó: «Al llegar a la escena del crimen, había unas pocas migajas de pan y azúcar en el suelo, desde la puerta del negocio hasta unas yardas -metros- después». 

El Juez contuvo la sonrisa. ¿Está diciendo que siguió… un rastro de migajas y azúcar?. Sí, su Señoría. La rosquilla dejó una pista, marcando la huida del acusado, con una ironía casi literaria. Apenas a unos metros de la cafetería, en un edificio de apartamentos, el azúcar y las migajas parecían dejar pequeños indicios de un crimen. Cuando toqué la puerta, Masters abrió y aún tenía azúcar en los labios. Al informarle el motivo de mi presencia, aceptó haber tomado la rosquilla, pero negó haber empujado a la empleada.

Entonces, la Defensa argumentó: «¿Sino está acreditada la violencia no se puede tratar el asunto como si fuera un asalto a mano armada?, de ser así, habría desproporción jurídica».

En su turno, el Fiscal, alegó: «Su Señoría, miembros del Jurado. No se trata de cincuenta y dos centavos. Se trata de distinguir entre el valor económico y el bien jurídico tutelado, y ello, sumado a los antecedentes del acusado, deben considerarse al momento de resolver el asunto que nos ocupa».

La cobertura mediática del caso, hizo que la prensa hablara de diez, veinte o más años de prisión para el acusado, pero el derecho se complementa de moderación e individualización de la pena. Finalmente, el acusado se declaró culpable de «second-degree robbery», robo en segundo grado. El veredicto… no fue extremo, noventa días de cárcel y cinco años de libertad condicional.

Al final, no fue la rosquilla lo que ocupó el centro del estrado. El proceso demostró, que el eje de protección no fue el precio del objeto sustraído, sino la seguridad de la persona frente a la posible fuerza ejercida para obtenerlo. Esa dimensión entre lo material y lo humano, revela la esencia de la justicia penal: recordar que los bienes pueden reponerse, pero la seguridad vulnerada quizá pueda dejar una huella más profunda.

Así, esta historia, tan ligera en apariencia como el rastro de azúcar, termina siendo una lección jurídica, marcada por el respeto al debido proceso: distinguiendo entre lo permitido y lo prohibido, entre lo que vulnera y lo que se protege.