Columna: PULSO SOCIAL

Por Arturo Allende González*

A lo largo de siete años de los gobiernos de la cuarta transformación, en los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal y más recientemente en los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, se ha pregonado como principio de la nueva ética del servicio público: la austeridad republicana, sin embargo, en un porcentaje de la clase política que al cobijo del Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, con méritos o sin ellos, ha ascendido al poder, no ha podido sustraerse de una de las debilidades humanas más recurrentes en el ejercicio del poder: la corrupción en sus diversas expresiones; corroborando con su desempeño público la tesis de Lord Acton de que “El poder corrompe”.

La austeridad se enarboló primero como postulado político-electoral, buscando con ello marcar un cambio con respecto a la clase política perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes durante mucho tiempo incurrieron en el saqueo y derroche de recursos públicos, corrupción, impunidad y componendas con el poder económico para hacer negocios al amparo del poder político, disfrute de privilegios, frivolidad y desprecio por el pueblo.

Ya como nueva clase política en el poder, incorporaron al código de ética del servicio público el principio de austeridad, como paradigma de la transformación de la vida pública en nuestro país.

Sin embargo, la oferta electoral y el valor ético pregonado en el discurso y narrativa gubernamental, se han visto cuestionados por buena parte de la sociedad mexicana y aquí es necesario enfatizar que la crítica no sólo ha sido por la oposición, también por ciudadanos simpatizantes del oficialismo, a partir de conocer conductas contrarias al principio de austeridad cometidas por servidores públicos federales y estatales, legisladores, presidentes municipales y hasta por integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la reciente compra de camionetas blindadas, con un costo superior a los dos millones de pesos por unidad, lo que dio pauta a un escándalo mediático innecesario.

Las conductas insensibles a la austeridad en las que han incurrido diversos integrantes de los gobiernos morenistas, van desde bodas y fiestas ostentosas, vuelos aéreos en primera clase, vacaciones al extranjero, estadías turísticas en hoteles de lujo, compras de ropa y objetos lujosos en tiendas exclusivas, viajes familiares de vacaciones contratando servicios recreativos suntuosos y caros, entre otras.

En la mayoría de los casos, sus protagonistas han esgrimido a su favor como justificación de su proceder, que tales acciones fueron sufragadas -para algunos casos- con recursos de su propio pecunio, para otros, que las adquisiciones se apegaron a la normatividad institucional establecida para tal efecto, sin haber incurrido en ninguna ilegalidad. Ambas justificaciones pudieron ser ciertas y correctas desde el punto de vista estrictamente normativo y financiero, pero a todas luces decepcionantes para una sociedad humillada y lastimada durante muchos años por conductas similares de los gobiernos del PRIAN.

Otro aspecto de elemental sentido común, tiene que ver con la insensibilidad al principio de austeridad en el que han incurrido con dichas acciones; no se requiere ser ni muy inteligentes ni muy avezados en cuestiones políticas para entender que la sociedad mexicana al sufragar en favor de la alternancia política en el poder, votó por un cambio sustancial en el ejercicio del quehacer público.

Lo anterior reclama de la clase política en el poder, entender que su desempeño público y privado, está escudriñado -de manera natural-, no sólo por sus adversarios políticos, sino sobre todo y esto es la más importante y lo que deben tener permanentemente presente, por el escrutinio de la sociedad a la que deben responder con probidad y transparencia.

Los políticos y servidores públicos del oficialismo morenista, deben evitar con extremo cuidado, dar pauta a que sus detractores dispongan del mínimo recurso de ostentosidad en su desempeño público y hasta en su vida privada, del cual, siempre echarán mano de manera exagerada y hasta sesgada para criticarlos, cuestionarlos y descalificarlos.

Las conductas insensibles a la austeridad en el servicio público por parte de políticos morenistas, han incidido de manera preponderante en el resultado de diversos procesos electorales, principalmente locales, sin que ello haya sido entendido y corregido por los dirigentes del movimiento, ni por los candidatos electos, situación que ha generado una merma en el capital político de Morena, con mayor énfasis en donde el desempeño de sus gobernantes ha sido cuestionado en el mejor de los casos y enfáticamente reprobado en otros; lo que ha derivado en que los gobiernos morenistas pierdan las elecciones de un trienio a otros.

Algunos actores políticos que han incurrido en las conductas insensibles aludidas, han corregido o intentado dar marcha atrás a las tentaciones encaminadas al disfrute de privilegios al amparo del poder o como prebendas consustanciales a su puesto en el entramado del servicio público, como sucedió recientemente por parte de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la adquisición de 9 camionetas de lujo rigurosamente blindadas. Lo que no ponderan, es el efecto que una acción de este tipo genera en la percepción de la población, aun cuando corrijan o se retracten de dicha acción; como reza el refrán: Lo hecho, hecho está.

Es inobjetable que lo que más irrita a la sociedad mexicana, es la incongruencia en la que incurren servidores públicos entre lo que se dice -lo que se difunde con tanto énfasis- y lo que se hace, por más que pretenda justificarse.

La clase política en general, pero de manera enfática la que forma parte de la autodenominada cuarta transformación, debe entender que el ejercicio del poder, de la responsabilidad conferida por la voluntad popular, debe atender las necesidades sociales, el interés colectivo por encima del interés particular. Que el escenario político nacional ha cambiado, así como las reglas escritas y no escritas del quehacer gubernamental, en el que cada decisión y acción de la clase política está observada y evaluada por el escrutinio social.

Si bien esta premisa de observación permanente al desempeño de la clase política, se aplica a los servidores públicos y gobernantes emanados de los diferentes partidos políticos, a los pertenecientes al Movimiento de Regeneración Nacional MORENA, por las razones señaladas en los primeros párrafos del presente artículo, se les escudriña con mayor rigurosidad. Ojalá lo entiendan y sean más sensibles en su desempeño al principio de austeridad.

CONTACTO FB: https://web.facebook.com/arturo.allendegonzalez