Por: De la Redacción
En un giro que deja un amargo sabor de boca a los habitantes de El Oro, Estado de México, la Presidenta Municipal Juana Díaz Peñaloza ha logrado aferrarse a su cargo, aunque ahora bajo la "supervisión directa" del Gobierno estatal.
Este acuerdo, surgido de la tercera mesa de negociación, parece más un salvavidas político que una solución real para los problemas que han plagado su administración. Mientras los aurenses claman por transparencia y justicia, el GEM opta por un parche temporal que huele a favoritismo partidista y viola flagrantemente el principio de autonomía municipal consagrado en el artículo 115 de la Constitución.
Recordemos los puntos clave de este pacto, que más bien parece un arreglo entre compadres: las auditorías del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y la Contraloría seguirán su curso, con un enfoque en el manejo de recursos públicos. Se anuncia un cambio drástico en el 90% del gabinete municipal durante la próxima sesión de Cabildo, con nuevos funcionarios oriundos de El Oro, pero asesorados por el Ejecutivo estatal. Los regidores y el síndico mantienen sus puestos, y la destitución de la alcaldesa queda descartada... por ahora.
Sin embargo, los ciudadanos no se quedan callados: una protesta convocada para este 27 de enero exige claridad financiera y la reapertura de emblemáticos espacios como el Vagón Express Minero, el Rastro municipal, la Casa de Cultura y el Teatro Juárez, símbolos de un pueblo que se siente abandonado.
Pero vayamos al fondo del asunto. Este acuerdo revela una cruda realidad sobre la llamada Cuarta Transformación (4T): a ella no le importa la ciudadanía ni el erario municipal. Prefiere encubrir irregularidades antes que dar un golpe en la mesa y resolver el problema de raíz, destituyendo a una alcaldesa que, probadamente, ha exhibido un comportamiento indigno de su representación.
Las denuncias contra Díaz Peñaloza no son rumores de pasillo; hay docenas de testimonios sobre malos manejos financieros, falta de respeto hacia la comunidad y una notoria incapacidad para liderar. ¿Por qué descartar su destitución? ¿A qué esperan las autoridades? Su permanencia en el cargo no solo perpetúa el caos, sino que permite que siga medrando a costa del pueblo.
El cambio en el gabinete, aunque necesario, ahora estará dirigido por el GEM. Esto significa que solo aquellos "bien" con el gobierno estatal tendrán cabida en la administración local. ¿Estamos ante una verdadera renovación o ante una intervención disfrazada? La "asesoría" del Ejecutivo estatal plantea una pregunta inevitable: ¿será realmente una guía técnica o un gobierno remoto desde Toluca? Esta intromisión no solo erosiona la independencia municipal, sino que contradice el espíritu del artículo 115, que garantiza a los ayuntamientos la libertad para gestionar sus asuntos sin injerencias externas.
Claramente, en el GEM prefieren cubrirle las espaldas a una morenista, amiga cercana de la gobernadora, antes que velar por los intereses de los aurenses.
Y qué decir de los regidores y el síndico, quienes permanecen en sus cargos. ¿Alguien esperaba que los destituyeran por confrontar a la "impresentable" Juana Elizabeth? Es sabido que todos tienen sus propios "trapitos sucios", pero nada comparable a los abusos y desfiguros de la presidenta. Su permanencia podría interpretarse como un premio por lealtad o, peor aún, como un pacto de silencio. En un contexto donde la corrupción municipal es un cáncer endémico, este acuerdo no hace más que prolongar la agonía.
Los habitantes de El Oro merecen más que promesas vagas y supervisiones cosméticas. La protesta de hoy es un grito legítimo por el rescate de su patrimonio cultural. Si la 4T realmente aspira a transformar México, debe empezar por purgar sus propias filas y priorizar la justicia sobre el compadrazgo. De lo contrario, acuerdos como este solo alimentarán el descrédito y la desilusión ciudadana.
Es hora de que el GEM escuche: la autonomía municipal no es negociable, y la impunidad tiene un costo que los aurenses no están dispuestos a pagar.
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