Por De la Redacción
En un municipio pequeño como El Oro, en el norte del Estado de México, los problemas no deberían ser tan grandes. Sin embargo, desde el arranque de la administración 2025-2027, la alcaldesa Juana Elizabeth Díaz Peñaloza ha convertido lo cotidiano en un caos administrativo y social que ya nadie puede ignorar: calles a oscuras por falta de alumbrado público, basura acumulada en las esquinas, el rastro municipal cerrado, protestas ciudadanas con vísceras arrojadas al Palacio Municipal y un cabildo fracturado donde la mayoría exige respuestas.
Las acusaciones no son rumores de redes sociales. Vienen de funcionarios que ella misma designó o que operan bajo su mando: el tesorero municipal, Carlos Felipe Sánchez Florentino, denunció públicamente —y con deslinde formal— que desde el 19 de diciembre de 2025 la alcaldesa asumió el control irregular de las cuentas bancarias del Ayuntamiento, excluyendo a la tesorería y violando la Ley Orgánica Municipal.
El secretario del Ayuntamiento, Alfonso Carmona Castro, presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por sustracción de sellos oficiales y papelería, operación que atribuye directamente a órdenes de Díaz Peñaloza. A esto se suma la denuncia conjunta del síndico y cinco regidores ante medios estatales: retención y manejo discrecional de dinero municipal fuera de tesorería, pagos millonarios sin aval técnico y un manejo opaco que ha dejado al municipio paralizado.
Frente a este cúmulo de señalamientos graves —que incluyen posibles delitos como usurpación de funciones, falsificación, malversación y abuso de autoridad—, ¿cuál fue la respuesta del Gobierno del Estado de México?
Una reunión “de diálogo” entre el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y la propia alcaldesa, seguida de un mensaje en redes donde Duarte anuncia mesas de conversación con “actores políticos y ciudadanía” para “mantener la paz y el bienestar”, todo por instrucción de la gobernadora Delfina Gómez.
Lo que muchos mexiquenses interpretan como un espaldarazo descarado, el gobierno estatal lo presenta como mediación neutral. Pero los hechos hablan solos: en lugar de activar mecanismos de fiscalización inmediata, auditorías externas o incluso una intervención temporal para garantizar la continuidad de servicios básicos, se opta por “dialogar” con la figura central de la controversia.
Duarte incluso minimizó la gravedad en entrevistas, tratando la crisis como un simple roce político interno cuando hay denuncias penales de por medio y un municipio al borde del colapso en servicios públicos.
Este enfoque genera preguntas incómodas: ¿por qué el gobierno morenista —que llegó prometiendo combatir la corrupción y la impunidad— elige el camino de la conciliación en vez de la rendición de cuentas? ¿Se está protegiendo a una alcaldesa de su propio partido a costa de la ciudadanía de El Oro? ¿O es que el “diálogo” es solo una forma elegante de ganar tiempo mientras se diluyen las responsabilidades?
La ciudadanía de El Oro no necesita mesas interminables ni frases bonitas sobre paz. Necesita luz en las calles, basura recogida, agua potable, un rastro que funcione y, sobre todo, autoridades que respeten la ley y el erario público. Si el Gobierno del Estado realmente quiere servir —como reza el hashtag oficial—, debería priorizar una investigación imparcial, transparente y expedita, en vez de aparentar neutralidad mientras los señalamientos se acumulan.
En El Oro, como en muchos rincones del EdoMéx, la verdadera paz se construye con justicia y transparencia, no con reuniones que parecen más un salvavidas político que una solución real. La ciudadanía está atenta, y el tiempo de las explicaciones ya llegó.
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