El Oro, Estado de México, 17 de enero de 2026 — Ayer, 16 de enero, a las 11:00 horas, la ciudadanía respondió una vez más al llamado anónimo difundido en redes sociales. El motivo: manifestarse frente al Palacio Municipal por la acumulación intolerable de irregularidades que han sumido al municipio en una profunda crisis de gobernabilidad.

Semanas de falta de servicios públicos básicos —agua potable, recolección de basura, alumbrado—, el cierre indefinido del rastro municipal, opacidad total en el manejo de recursos públicos y, como detonante reciente, la misteriosa ausencia del tesorero municipal, Carlos Felipe Sánchez Florentino, quien desde hace diez días no acude a sus funciones.

En su comunicado del 14 de enero, el funcionario acusa directamente a la presidenta municipal, Juana Elizabeth Díaz Peñaloza, de haberle negado el acceso a sus oficinas mediante elementos de seguridad pública, y la señala como la única responsable del control exclusivo de las cuentas bancarias del Ayuntamiento. Sánchez Florentino se deslinda tajantemente de cualquier movimiento financiero realizado desde el 19 de diciembre de 2025.

Ante este panorama, un grupo de ciudadanos —los mismos que desde hace meses exigen la destitución tanto del tesorero como de la alcaldesa por la evidente falta de resultados— se reunió con cobertura de medios locales, regionales y de la capital estatal. La indignación es palpable: denuncias reiteradas ante instancias estatales y federales que, hasta ahora, no han generado acción alguna. El colmo llegó cuando el Secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, minimizó la situación ante los medios calificándola como “un tema de conflicto político”, ignorando el sufrimiento real de la población.

Como expresión de hartazgo por el cierre del rastro, un camión arrojó deshechos en descomposición en plena calle. La acción, aunque simbólica, generó repudio generalizado: los perros callejeros acudieron en busca de alimento, convirtiendo la zona en un foco de infección y riesgo sanitario para toda la ciudadanía.

Tanto el tesorero como el administrador han intensificado su campaña de deslinde a través de redes sociales —incluso mediante perfiles anónimos o falsos—, apuntando a la presidenta como la única culpable del “desaseo administrativo”. Han salido a la luz grabaciones comprometedoras: la edil recibiendo dinero en efectivo de contratistas al interior de la iglesia municipal, así como depósitos bancarios a una “amiga muy cercana”. Estas evidencias alimentan las sospechas de malversación y uso indebido de recursos.

Los manifestantes, en un acto pacífico, tomaron las oficinas administrativas ubicadas en la parte alta del Mercado Municipal para exigir diálogo. Los trabajadores fueron instruidos a desalojar el lugar. Minutos después, la titular de Derechos Humanos atendió a los inconformes y confirmó que la omisión en la prestación de servicios básicos viola derechos humanos constitucionales. Reafirmó el derecho ciudadano a manifestarse y anunció que los hechos se plasmarán en un acta circunstanciada para remitirse a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Por la tarde, parte de los manifestantes regresaron al pórtico del Palacio Municipal ante la inminente sesión de cabildo programada para las 18:00 horas. El medio local Aurense.com tuvo acceso al recinto, donde se encontraban la presidenta, la contralora, el regidor Agustín Bastida Hurtado, las regidoras Susana Sánchez González y Claudia Moreno, pero notablemente ausente el secretario del Ayuntamiento.

Durante una transmisión en vivo, se conoció un comunicado del secretario Alfonso Carmona Castro, quien denunció ante el Ministerio Público el robo del sello de secretaría el 12 de enero (carpeta TOL/CCF/SPO/107/013783/26/01), señalando como imputada a Laura Josefina Vales de la O. Asimismo, la regidora Ericka Rodríguez Tinajero informó que, por la toma del palacio, solicitaron suspender la sesión por motivos de seguridad. Sin embargo, un comunicado del secretario particular de la presidenta también anunciaba la cancelación, aparentemente con la intención de desprestigiar a los regidores ausentes. Lo paradójico: los regidores Susana Sánchez, Agustín Bastida y Claudia Moreno sí se presentaron.

Esta inconsistencia genera preguntas ineludibles: ¿a qué le temen ahora los regidores, cuando antes se mostraban firmes en solicitar la destitución del tesorero, el administrador y la propia alcaldesa? ¿Qué intereses ocultos están en juego?

En la sesión abierta, la presidenta presentó a Everardo Salgado Salgado, responsable de la recolección de basura desde hace dos semanas, y prometió que en máximo siete días el servicio se restablecería en un 85% en todas las comunidades.

Ciudadanos tomaron la palabra para denunciar el boicot de los regidores a las sesiones de cabildo y exigir a la alcaldesa asumir su responsabilidad por la irresponsabilidad generalizada.

La sesión se descontroló y terminó sin acuerdos, por la ausencia de la mayoría de los regidores.

El Oro, un hermoso Pueblo Mágico con historia minera y encanto turístico, no merece este nivel de descrédito. La ciudadanía ha demostrado paciencia y disposición al diálogo, pero la opacidad, las acusaciones cruzadas, las evidencias de posibles malos manejos y la parálisis administrativa han agotado la confianza. Es hora de que las autoridades —estatales y federales— dejen de minimizar el problema como “conflicto político” y actúen con responsabilidad.

La población exige transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, el restablecimiento inmediato de los servicios básicos que son derechos fundamentales, no favores. Mientras tanto, los aurenses seguiremos en las calles, pacíficamente pero con firmeza, porque el futuro de nuestro municipio no puede seguir en manos de quienes lo mancillan. El Oro merece mucho más.

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