Por Isa Vera

La integridad en la función pública no es un ideal romántico: es el mínimo ético indispensable para generar confianza ciudadana, sostener instituciones y evitar que la democracia se degrade en un circo de impunidad y privilegios. Cuando falla, lo que queda es un gobierno al filo de la navaja: impunidad ante la corrupción, indiferencia ante la degradación y tolerancia ante la negligencia más flagrante.

En el Municipio de El Oro, Estado de México, hemos visto este deterioro en carne propia. Los titulares de Tesorería (Carlos Felipe Sánchez Florentino), Oficialía Mayor y la propia presidencia municipal están muy lejos de promover transparencia, rendición de cuentas o compromiso real con la ciudadanía aurense. Lo que impera es un manejo opaco de recursos que ha dejado al pueblo sin servicios básicos: calles en tinieblas, basura acumulada por semanas, agua potable ausente en colonias y comunidades, seguridad precaria.

El episodio del 8 de enero de 2025 fue revelador. Se convocó a una sesión extraordinaria de Cabildo para discutir la posible destitución del tesorero por mal uso de recursos públicos, falta de transparencia, corrupción evidente y grave atentado a la ética. El síndico Ubaldo Velázquez Piedra y las regidoras Melissa González Infante, Fernanda Gutiérrez Aldana, Ericka Rodríguez Tinajero, J. Dolores González Cruz y Claudia Moreno López no llegaron puntualmente a las 18:30 horas. Minutos después aparecieron juntos —de manera sospechosa— y concedieron entrevista a Aurense.com.

Allí justificaron su ausencia por “falta de anexos” en el orden del día y, con tono combativo, exigieron la destitución inmediata de tesorero y oficial mayor. Incluso llamaron a la ciudadanía a protestar… ¡no pagando predial ni derechos por agua potable! Un llamado al boicot fiscal que sonó a indignación genuina. Pero, el teatro duró poco. Dos días después, el 10 de enero, en sesión ordinaria transmitida públicamente, el mismo grupo votó en contra de la destitución. Argumento: “no hay pruebas suficientes”.

¿Pruebas? Lo que abunda son secretos a voces: nóminas infladas con familiares y aviadores bien pagados mientras el pueblo sufre. ¿Es justo que el hermano del síndico perciba 20,000 pesos mensuales sin trabajar? ¿Que la regidora Fernanda tenga en nómina a su novio, sobrina y madre? ¿Que la regidora Claudia incluya a casi toda su familia? ¿Que Luz María Núñez García figure como aviadora de Ericka Rodríguez Tinajero? Esto es nepotismo descarado, abuso de poder que viola principios básicos de la administración pública.

El Cabildo, para colmo, acusó a la presidenta y a la contralora de no entregar el token bancario al tesorero. Sin embargo, cuando se les permitió asistir, se les negó voz y participación. Contradicciones que no resisten análisis.

Desde aquel 8 de enero, tesorero y oficial mayor no han regresado a sus funciones: ausencias injustificadas que constituyen falta administrativa grave, susceptible de sanciones disciplinarias, económicas, destitución e inhabilitación. El ayuntamiento ha tolerado esta parálisis, elevando la corrupción a “situación de hecho” donde las potestades se usan para intereses particulares y se abandonan servicios esenciales.

La crisis no se detuvo en enero. Meses antes, en octubre-noviembre de 2025, el mismo síndico Ubaldo Velázquez Piedra y la mayoría del Cabildo solicitaron formalmente al Congreso del Estado de México la destitución de la presidenta Juana Elizabeth Díaz Peñaloza. Las acusaciones: desvío de cientos de miles de pesos mensuales (de plazas, baños públicos y turismo que no llegan a Tesorería), abandono de funciones, ingobernabilidad, prohibición de transmisiones de sesiones, bloqueo a ciudadanos, cierres de espacios culturales y deportivos, impagos de nómina y colapso total de servicios. El pueblo protestó con fuerza: retenciones de funcionarios, basura arrojada en calles y Palacio Municipal. Denuncias penales por malversación se acumulan.

Ciudadanía aurense: esta es la radiografía cruda. Un Cabildo que finge rebelión contra la tesorería cuando le conviene atacar a la presidenta, pero protege sus propios privilegios familiares y calla ante el nepotismo interno. Doble moral, opacidad y corrupción en todos los frentes. No se combate la corrupción con shows mediáticos, llamados populistas al no pago de impuestos o cambios de bando oportunistas. Se combate con coherencia, pruebas aplicadas a todos —sin excepciones de parentesco o alianza política—, rendición de cuentas real y consecuencias legales para quien abusa.

El Oro, Pueblo Mágico con historia minera y potencial turístico, no merece este caos: calles en tinieblas, basura acumulada, agua ausente y funcionarios ausentes o corruptos. La ciudadanía exige Cabildo Abierto urgente para presentar pruebas, comprobantes y explicar retiros cuantiosos en rubros fantasma, falsificaciones y desobediencia a indicaciones.

Esto apenas comienza. Los días que vienen traerán revelaciones duras sobre el destino de los recursos públicos. Como comunidad seguiremos informando sin pausas. Ya basta de tolerar esta farsa. La integridad debe volver a ser requisito indispensable, no excepción. El pueblo tiene la última palabra: ¿seguirá permitiendo la hipocresía o exigirá cuentas a todos, sin distingo?

El tiempo de las excusas terminó. El Oro merece —y necesita— un cambio real.