En los últimos años, una frase se ha vuelto recurrente en la relación entre ciudadanos y autoridades, “es por seguridad”. Con ella se justifican revisiones, retenes, inspecciones, detenciones momentáneas, aseguramientos y restricciones que, en muchos casos, carecen de sustento legal claro.

Lo preocupante no es solo su uso frecuente, sino la normalización de su abuso, la seguridad pública es, sin duda, una función legítima del Estado. Sin embargo, cuando ésta se invoca sin límites ni fundamentos, deja de ser una herramienta de protección y se convierte en una excusa para vulnerar derechos.

Seguridad no es sinónimo de arbitrariedad

Desde el punto de vista jurídico, toda actuación de la autoridad debe regirse por el principio de legalidad, solo puede hacerse aquello que la ley expresamente permite. Decir “es por seguridad” no sustituye una orden escrita, una causa justificada o un fundamento legal.

La Constitución no autoriza a la autoridad a actuar con discrecionalidad absoluta. Por el contrario, establece límites claros, legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Cuando una revisión, retén o inspección no cumple con estos criterios, deja de ser preventiva y se convierte en arbitraria.

Hoy, muchos ciudadanos son tratados como sospechosos por el simple hecho de transitar, trabajar o circular en determinados espacios.

Esta práctica genera una cultura de desconfianza institucional, donde el ciudadano siente que debe justificar constantemente su conducta, mientras la autoridad evade la obligación de justificar la suya.

La normalización del abuso

Lo más peligroso no es que existan actos arbitrarios, sino que estos se vuelvan cotidianos. Cuando el ciudadano acepta que “así son las cosas”, el abuso se institucionaliza. La frase “mejor no te metas en problemas” se convierte en una renuncia silenciosa a los derechos.

Esta normalización debilita el Estado de derecho y fortalece una relación vertical donde el poder no se cuestiona, solo se padece.

La seguridad pública no puede ser una carta blanca para todo. Proteger a la población implica respetarla, no someterla, el verdadero reto del Estado no es ejercer poder, sino hacerlo conforme a la ley.

Un país más seguro no es aquel donde la autoridad puede hacer todo, sino aquel donde incluso la autoridad está obligada a rendir cuentas. Porque cuando la seguridad se usa como excusa, el derecho deja de ser garantía y se convierte en discurso vacío.

“Un Estado verdaderamente seguro es aquel donde el ciudadano no teme a la autoridad, sino que confía en ella”.

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Abogado miembro de la firma jurídica Incógnita Legal 📖

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