La burocracia excesiva ha sido históricamente uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico, la competitividad y el ejercicio efectivo de derechos en México. Trámites innecesarios, requisitos redundantes y procesos opacos no solo generan costos para la ciudadanía y las empresas, sino que también abren espacios para la discrecionalidad y la corrupción.

Frente a este panorama, nació la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos sustituyendo a la Ley General de Mejora Regulatoria, misma que surgió como un instrumento normativo clave para transformar la relación entre el Estado y la sociedad.

La burocracia como problema estructural

El exceso de trámites no es un problema menor ni meramente administrativo. Cada requisito injustificado implica pérdida de tiempo, recursos económicos y, en muchos casos, un incentivo perverso para prácticas corruptas. Cuando los procedimientos son complejos o ambiguos, el ciudadano queda en una posición de desventaja frente a la autoridad, debilitando la confianza en las instituciones públicas.

La eliminación de trámites burocráticos, por tanto, no solo busca eficiencia, sino también equidad, legalidad y transparencia.

Objeto y alcance de la ley

La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos tiene como finalidad simplificar, digitalizar y depurar los trámites y servicios que ofrecen las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Su enfoque nacional permite establecer principios y lineamientos homogéneos para evitar la proliferación de cargas administrativas innecesarias y garantizar que toda regulación tenga una justificación clara y proporcional.

La ley parte de una premisa fundamental: ningún trámite debe existir si no es estrictamente necesario para proteger un interés público legítimo.

Simplificación administrativa y derechos ciudadanos

Uno de los principales aportes de esta ley es colocar al ciudadano en el centro de la gestión pública. La simplificación administrativa se concibe como una herramienta para facilitar el acceso a derechos, reducir barreras de entrada para la actividad económica y garantizar un trato digno por parte de la autoridad.

Al eliminar trámites redundantes o injustificados, se fortalece el principio de seguridad jurídica, pues las personas saben con claridad qué se les puede exigir y en qué condiciones.

Eliminación de trámites y combate a la corrupción

Existe una relación directa entre burocracia excesiva y corrupción. Cada trámite adicional representa una oportunidad para la extorsión, el favoritismo o el abuso de poder. La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos ataca este problema desde una perspectiva preventiva, al reducir los espacios de discrecionalidad administrativa.

Menos trámites, reglas claras y procesos digitalizados implican menos contacto innecesario entre autoridades y ciudadanos, lo que disminuye significativamente los riesgos de prácticas corruptas.

Digitalización y modernización del Estado

La ley impulsa la transformación digital como eje central de la administración pública. La implementación de plataformas electrónicas, ventanillas únicas y expedientes digitales no solo agiliza los procedimientos, sino que también permite mayor trazabilidad, control y rendición de cuentas.

La digitalización, acompañada de reglas claras y accesibles, contribuye a un Estado más moderno, eficiente y cercano a la ciudadanía.

Participación y vigilancia ciudadana

Otro elemento relevante de la ley es el reconocimiento implícito de la participación ciudadana como mecanismo de mejora continua. La sociedad puede señalar trámites abusivos, innecesarios o contrarios a la ley, obligando a las autoridades a revisarlos y, en su caso, eliminarlos o simplificarlos, algo que previa la extinta Ley General de Mejora Regulatoria.

Esta interacción fortalece la gobernanza democrática y convierte a la ciudadanía en un actor activo en la depuración del aparato administrativo.

En suma…

La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos representa un cambio de paradigma en la gestión pública mexicana. No se trata únicamente de agilizar procesos, sino de redefinir la relación entre el Estado y la sociedad, eliminando barreras artificiales, cerrando espacios a la corrupción y garantizando un ejercicio más eficiente del poder público.

Un Estado que simplifica es un Estado que respeta el tiempo, los recursos y la dignidad de sus ciudadanos. En ese sentido, esta ley constituye una herramienta fundamental para avanzar hacia una administración pública más transparente, moderna y orientada al interés general.

¡Feliz 2026, éxito para todos!

Socio fundador de la firma jurídica Incógnita Legal y creador de contenido

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