Columna: CON LETRA DE LEY

Por: Rubén Alejandro Domínguez Bernal*

En la convivencia social hay deberes que nacen de la conciencia, de la educación y del sentido común, ayudar a un familiar, cumplir la palabra dada, actuar con buena fe, respetar acuerdos verbales, hacerse responsable de los hijos, mantener un negocio leal o incluso cuidar a los padres en la vejez. Son obligaciones que no están escritas en ningún papel, pero que todos reconocemos como válidas.

Sin embargo, la experiencia jurídica demuestra que muchas de esas obligaciones “morales” tarde o temprano terminan convirtiéndose en obligaciones legales cuando la convivencia se rompe, cuando surge un conflicto o cuando la conducta de una de las partes afecta los derechos de otra. Es ahí cuando el derecho interviene, no para premiar lo correcto, sino para sancionar lo incumplido.

La frontera entre lo moral y lo jurídico

En términos simples, la moral orienta conductas; el derecho regula consecuencias. Mientras la moral apela al deber ser, el derecho actúa sobre lo que efectivamente ocurre. Pero ambos conviven, se influencian y, en muchas ocasiones, se entrelazan.

Un ejemplo claro es el de los alimentos moralmente, cualquier padre o madre debería hacerse cargo de sus hijos. Pero cuando no lo hace, esa obligación moral se transforma en una obligación legal exigible. Lo mismo sucede con las obligaciones entre concubinos, donde años de convivencia generan derechos y deberes que originalmente nacieron de la confianza, no de un contrato.

Promesas, acuerdos y expectativas legítimas

Otra zona donde la moral se convierte en derecho es la de los acuerdos de palabra. En México, aunque mucha gente piensa lo contrario, un acuerdo verbal puede generar efectos jurídicos si reúne elementos básicos como consentimiento y objeto lícito. Es decir, una promesa hecha con seriedad y seguida de actos concretos puede convertirse en un compromiso exigible.

Un principio fundamental del derecho civil es la buena fe, que obliga a actuar con rectitud, honestidad y coherencia. Aunque su raíz es moral, la buena fe tiene consecuencias jurídicas reales desde la nulidad de actos engañosos hasta la responsabilidad civil por daños causados por mala conducta.

El derecho sanciona cuando una persona rompe la confianza depositada en ella. De esta manera, un deber moral actuar con lealtad se convierte en una responsabilidad jurídica cuando se traiciona.

Lo que no se honra con principios, se exige con leyes

La vida cotidiana demuestra que una obligación moral puede no tener importancia… hasta que aparece el conflicto. Lo que se construyó con palabras, confianza o costumbres, cuando se rompe, exige una respuesta jurídica.

Así, el derecho no sustituye a la moral, pero aparece para proteger a quien actuó correctamente y para obligar a rendir cuentas a quien abusó de esa confianza.

“Al final, lo que no se cumple por convicción, termina cumpliéndose por obligación.”

Abogado miembro de la firma jurídica Incógnita Legal 📖

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