Columna: CON LETRA DE LEY
Por: Rubén Alejandro Domínguez Bernal*
Vivimos en la era del juicio inmediato, estamos al borde de ya no necesitar tribunales ni audiencias, basta un video, un tuit o una publicación viral para que la sociedad entera se convierta en juez, jurado y verdugo. En segundos, se dicta una sentencia sin pruebas, sin contexto y sin ley. 

Las redes sociales han democratizado la voz, pero también han amplificado el linchamiento. Lo que antes se discutía en la sala de un juzgado, hoy se resuelve en los comentarios de una publicación. Así, la justicia deja de ser un proceso y se vuelve una opinión. 

¿Qué sucede cuando ocurre un hecho público? 

Un accidente, un altercado o una denuncia, la primera reacción colectiva no es buscar la verdad, sino emitir un juicio. 

Los usuarios reproducen los videos, opinan, etiquetan culpables y exigen castigos. 

Y aunque las redes permiten denunciar abusos reales, también se han convertido en una arena donde la reputación se destruye en segundos, sin que nadie pueda ejercer su derecho a la defensa. 

Esta forma de exposición masiva tiene un efecto jurídico silencioso, convierte la opinión pública en una condena anticipada, algo que vulnera directamente el principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20 de la Constitución mexicana.  
La libertad de expresión no es licencia para condenar 

Toda persona tiene derecho a expresar sus ideas y difundir información, conforme al artículo 6º constitucional. 

Pero esa libertad no es absoluta, debe ejercerse con respeto a los derechos de terceros, a la moral y a la paz pública. 

Muchos olvidan que publicar un señalamiento falso o fuera de contexto puede constituir una afectación al honor y a la imagen (protegidos por los artículos 6º y 16 constitucionales)  

Un “post” o un video compartido sin verificar puede parecer inocente, pero en realidad puede destruir la reputación de una persona y afectar su vida profesional, familiar y emocional. Lo que se escribe con ligereza en redes, se padece con gravedad en la realidad. 

El derecho tiene sus tiempos y sus métodos, investiga, escucha, prueba, delibera. 

Las redes, en cambio, exigen inmediatez, emoción y polarización. 

Ese contraste hace que muchos prefieran el juicio digital, porque es más rápido, más emocional y más “satisfactorio”. Pero no por eso más justo. 

Frente a ello, el reto jurídico y social es enorme, defender la libertad de expresión sin destruir la presunción de inocencia. 

No se trata de censurar, sino de educar en responsabilidad digital, entender que publicar es también un acto con consecuencias legales y éticas.  

La ley no necesita ser viral, necesita ser justa.” 

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