Columna: CON LETRA DE LEY

Por: Rubén Alejandro Domínguez Bernal*

En los últimos años, el derecho a la movilidad se ha convertido en uno de los conceptos más mencionados en los discursos públicos. Se habla de modernización, sustentabilidad, vialidades inteligentes y transporte digno. Sin embargo, en esa conversación casi nunca se menciona a quien hace posible ese derecho todos los días: el operador del transporte público. 

Desde el asiento del conductor, la realidad se ve distinta a la que describen las leyes. Las normas exigen cortesía, puntualidad, eficiencia y vehículos en óptimas condiciones. Pero quienes trabajan detrás del volante saben que esas exigencias se enfrentan a una economía que apenas alcanza para cubrir el combustible, el mantenimiento y, en muchos casos, una cuenta diaria que debe entregarse al concesionario antes de pensar en el propio ingreso. 

El operador, sujeto olvidado del derecho a la movilidad 

Cuando se habla de movilidad, las normas y políticas públicas se enfocan casi exclusivamente en el usuario. Poco o nada se dice del operador, que también forma parte esencial de ese mismo sistema. No puede haber derecho a la movilidad si quienes lo hacen posible no gozan de condiciones dignas, seguras y justas. 

El operador no es solo un prestador de servicio; es un trabajador que sostiene con su esfuerzo el derecho constitucional de millones de personas a desplazarse. Y sin embargo, su figura jurídica se encuentra en una zona gris: muchos choferes no son empleados formales, no tienen seguridad social ni prestaciones, y su estabilidad depende de una cuenta diaria que se vuelve una carga constante. 

La sociedad, ¿copera? 

La sociedad exige unidades modernas, limpias y con aire acondicionado. Y tiene razón, todos merecemos un transporte digno. Pero pocas veces se reflexiona sobre el costo real de esa dignidad. 

El pasaje en la mayoría de los estados del país sigue siendo bajo, incluso insuficiente para cubrir el mantenimiento, el diésel y las refacciones. En esas condiciones, el operador carga con la presión de cumplir con el usuario, con el concesionario y con la autoridad, todo a la vez. Y cuando algo falla, un retraso, una falla mecánica o un roce vial el señalamiento público recae sobre él, rara vez sobre el sistema que lo deja en la precariedad. 

La discusión sobre la calidad del servicio no puede seguir ignorando la calidad de vida del trabajador que lo presta. No puede pedirse excelencia cuando se niegan las condiciones para alcanzarla. 

El desgaste detrás del volante 

Ser operador no es solo manejar; es convivir con el estrés del tráfico, con el riesgo de accidentes, con jornadas que inician antes del amanecer y terminan de noche. Es lidiar con insultos, con prisas ajenas y con la idea generalizada de que el chofer es culpable de todo. 

El cansancio, la presión y la falta de descanso son factores que impactan directamente en la seguridad vial, y por tanto en el cumplimiento del propio derecho a la movilidad. Un operador agotado o estresado no solo pone en riesgo su vida, sino también la de los pasajeros. Cuidar al operador es cuidar a la ciudadanía. 

El derecho a la movilidad no se agota en el acceso al transporte: también implica la justicia en su prestación. Significa reconocer que detrás de cada unidad hay una persona que trabaja para que otros puedan llegar a sus destinos. 

Las políticas públicas deben incluir al operador como sujeto de derechos, no solo como pieza funcional. Capacitación, seguridad social, descansos adecuados, programas de salud y condiciones laborales claras deben ser parte del diseño normativo. 

Solo así podremos hablar de una movilidad verdaderamente justa, una en la que el ciudadano viaje con dignidad y el operador trabaje con respeto. 

Para finalizar  

La movilidad desde la ley es necesario vivirla desde el volante, inevitable. Desde ahí se entiende que la movilidad no se decreta, se construye todos los días con trabajo, paciencia y respeto. 

El derecho a la movilidad también se maneja. Se sufre en el tráfico, se mide en litros de diésel, se siente en las manos que sostienen el volante durante horas. Y mientras no se reconozca la dignidad del operador como parte esencial del sistema, seguiremos hablando de un derecho incompleto. 

Porque la movilidad no empieza en el usuario ni termina en el destino, empieza en quien arranca el motor. 

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*Abogado miembro de la firma jurídica Incógnita Legal 

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