El pasado lunes 1o. de septiembre de 2025, con un acto republicano, celebrado en el Senado de la República, dio inicio oficial una nueva era del Poder Judicial mexicano. Atrás quedaron dieciocho meses -desde la presentación a la Cámara de Diputados, el 5 de febrero de 2024 de la iniciativa de reforma por parte del entonces presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, hasta el inicio oficial de funciones -el 1o. de septiembre de 2025 de las personas juzgadoras electas por el voto popular- de un ríspido, desgastante y costoso proceso político-electoral, que implicó la reforma al Poder Judicial de nuestro país.
Como toda reforma de gran calado que trastoca el andamiaje del Status Quo, afecta intereses y elimina prebendas de personas físicas y morales, la correspondiente al Poder Judicial, generó posicionamientos encontrados por parte del conglomerado social mexicano, un porcentaje -sensiblemente mayoritario- a favor de la reforma, otro porcentaje en contra, cantidad de argumentos se esgrimieron en torno a la reforma, a sus alcances, bondades y beneficios, a sus desafíos consustanciales y a los riesgos que en opinión de diversas voces y plumas derivará su implementación.
Como lo apunté en uno de mis artículos anteriores, el 1o. de septiembre de 2025 es cuando realmente inició la reforma al Poder Judicial, a través del ejercicio de funciones de las y los nuevos ministros, magistrados y jueces. A partir de esa fecha es cuando las bondades, sesgos o deficiencias de la reforma, empezaron a hacerse presentes en la vida cotidiana de la sociedad mexicana.
Diversos analistas han expresado de manera verbal y escrita interesantes reflexiones en torno a lo que, desde su punto de vista, serán los aspectos que deberá atender el Poder Judicial en general y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en particular, en la nueva era iniciada el pasado 1o. de septiembre.
Las deliberaciones de los analistas señalan entre otros aspectos, lo que debe hacer la SCJN y lo que no debe hacer, así como los desafíos que deberá enfrentar. Se listan a continuación algunos de los apuntes formulados.
Lo que debe hacer:
Erigirse como un poder autónomo, independiente y transparente en su desempeño institucional.
Construir una justicia más cercana, sensible y comprometida con las necesidades del pueblo, que le permita recuperar progresivamente la confianza de la gente.
Dejar de jugar un rol de oposición política, que genera desconfianza y desatiende las causas reales de la gente.
Dejar de ser un reducto cerrado de élites y convertirse en una institución más abierta, plural y responsable.
Entender que su función es acompañar el proceso democrático del país, garantizar los derechos y velar por la vigencia de la Constitución en beneficio de todas y todos los mexicanos.
Agilizar los procesos judiciales y desahogar el abultado volumen de expedientes que se encuentran rezagados en espera de sentencia.
Emitir en todo momento las sentencias en apego al derecho.
Desterrar el uso de las sentencias con fines políticos o en favor de intereses económicos. Ceñirse a los hechos y verificar si un acto de autoridad vulnera o restringe un derecho humano.
La nueva Corte debe mostrar que no será rehén de la polarización ni del cálculo político, sino un tribunal imparcial que decida en función del derecho y la justicia.
Desarrollar una jurisprudencia capaz de afianzar los derechos sociales consagrados en nuestro marco constitucional.
No más una institución republicana vinculada al poder político y económico, no más impunidad, nepotismo y soberbia en su desempeño.
No más privilegios, salarios, prestaciones y pensiones vitalicias ostentosas, que resultan ofensivas, no sólo para el grueso de los trabajadores al servicio del Estado, sino para la sociedad mexicana en general.
Lo que no debe hacer:
Los jueces no pueden fallar en función de suposiciones sobre terceros.
Un tribunal no debe construir sentencias sobre hipótesis políticas, ni fundarlas en valoraciones ideológicas. El deber judicial es limitarse a la Constitución y a las leyes, sin extralimitarse en funciones que corresponden al debate público.
Desafíos:
Construir legitimidad a partir de las sentencias emitidas. Demostrar, caso por caso, que es capaz de decidir con rigor técnico, imparcialidad y transparencia.
Construir un Poder Judicial más cercano a la ciudadanía. Hablar en el lenguaje de la gente, explicar sus decisiones con claridad, abrirse al escrutinio público y generar canales de comunicación que hagan de la justicia un proceso transparente y comprensible.
La legitimad del nuevo poder judicial debe pasar por un plan claro de construcción institucional interna, que le dé cuerpo y forma a una capacidad renovada de impartición de justicia.
Diseñar un nuevo modelo de justicia que incluya todo el aparato de procuración: ministerio público, fiscalías, Fiscalía General de la República, sistema penitenciario y defensoría de oficio.
Sin duda las reflexiones expuestas y las propuestas formuladas, son susceptibles de ser analizadas, valoradas y en su caso, implementadas. Pero hay un aspecto que me parece importantísimo de tenerse presente desde el primer día de la nueva era del Poder Judicial, me refiero al reclamo social por un cambio en el sistema de impartición de justicia en nuestro país, mediante una nueva institucionalización en el modelo de procuración e impartición de justicia, que incida con positivos resultados en el acceso a la justicia para todos los mexicanos, independientemente de su condición económica y/o social.
Un cambio institucional que haga posible un sistema de impartición de justicia, accesible, expedito, confiable y transparente, basado en una renovada capacidad institucional y el establecimiento de una nueva relación entre las personas juzgadoras y la sociedad, todo esto enmarcado en un Estado de derecho, no sólo reconocido y aceptado, sino sobre todo tutelado; un cambio de paradigma en el sistema de justicia que se convierta en un parteaguas en la historia de México en el primer cuarto del siglo XXI.
Los integrantes del nuevo Poder Judicial no deben olvidar las enormes expectativas que la reforma judicial ha generado entre la mayoría de la población. Su desempeño eficiente, probo y apegado a la ley, deberá hacer posible el cambio institucional en el sistema de justicia anhelado por la sociedad mexicana, a fin de no traicionar la confianza social y echar por tierra los cuestionamientos y pronósticos negativos de los opositores a la reforma.
Un desempeño deficiente, irregular, sustentado en conductas sesgadas y corruptas de las nuevas personas juzgadoras, generaría una enorme desilusión en amplios grupos de población, con impacto negativo en la construcción y/o consolidación del desarrollo democrático de nuestro país -en el sentido maximalista del concepto-, al que aspiramos y tenemos derecho los mexicanos.
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