PROGRAMA ABOGADAS DE LAS MUJERES VERSUS PROGRAMA ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN JURÍDICA A LA COMUNIDAD
Columna: PULSO SOCIAL Por: Arturo Allende González*
El 25 de julio del año en curso, en el acto inaugural de las actividades de la primera generación del Programa Abogadas de las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró enfáticamente que deben “quedar atrás el machismo acompañado del racismo, del clasismo y de cualquier forma de discriminación contra las mujeres”. Se pronunció por “reivindicar un sistema de justicia para las mujeres como parte del segundo piso de la Cuarta Transformación”.
La presidenta señaló que el Programa Abogadas de las Mujeres proporcionará defensa jurídica digna, efectiva y gratuita a este grupo de población.
Sin dejar de valorar la bondad de las acciones afirmativas que se prevé ofrecerá esta política pública a las mujeres que se vean violentadas en su persona o en el respeto a sus derechos, se debe puntualizar que acciones gubernamentales orientadas a proporcionar asesoría jurídica a los grupos vulnerables de la sociedad mexicana, se han implementado en diferentes momentos, uno de ellos fue el Programa Atención y Orientación Jurídica a la Comunidad, conocido coloquialmente como “Bufetes Jurídicos Solidaridad”, que puso en marcha el Gobierno Federal en 1991 -hace 34 años-, en el marco del Programa Nacional de Solidaridad.
Ciertamente cada una de estas intervenciones promovidas desde la esfera gubernamental, han tenido matices diferentes en su modus operandi, pero un propósito común, apoyar jurídicamente a sectores vulnerables de la población.
Expongo a continuación un esbozo del propósito, población objetivo, esquema de operación y alcances de ambas políticas gubernamentales.
Programa Abogadas de las Mujeres
La Red Nacional de Abogadas de las Mujeres ha sido definida como“una red de solidaridad profesional entre mujeres, de defensa integral, acompañamiento sensible y estratégico que tiene como propósito la protección, atención y erradicación de las violencias en contra de las mujeres, combatir la impunidad y desigualdad, que permitirá a todas las mujeres tener acceso a la justicia de manera plena”.
En el arranque del programa participan 838 litigantes. La red está compuesta por 678 abogadas de los centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), y cinco abogadas por cada entidad federativa, especializadas en perspectiva de género para acompañar el litigio estratégico de casos de las mujeres.
Como parte de la estructura de operación del programa, se habilitarán 678 Centros Libres de Violencia en todo el país, espacios comunitarios para mujeres con servicios de apoyo legal, psicológico y social; con orientadoras profesionales que atiendan a mujeres que necesiten ayuda integral.
Se plantea colocar uno de estos Centros libres de violencia por cada municipio del país. Además, se habilitará la línea de emergencia telefónica 079 opción 1, habilitada especialmente para denunciar casos de violencia de género. A través de esta línea, cualquier mujer que sea violentada podrá recibir orientación, asesoría y acompañamiento legal gratuito en tiempo real, se ha enfatizado.
La Red también prevé que cada Estado cuente con al menos cinco abogadas adscritas al programa. Dichas medidas le imprimirán un alcance nacional a la estrategia, con la ejecución de acciones en beneficio directo de las mujeres.
Programa Bufetes Jurídicos Solidaridad
Tuvo como objetivo crear en la población de escasos recursos, conciencia jurídica preventiva a fin de reducir los asuntos que se iban a juicio, mediante una asesoría oportuna, confiable y gratuita.
Las acciones del programa estuvieron dirigidas a la población de comunidades marginadas del medio rural y urbano, con carencias de servicios básicos y un nivel de ingresos reducido. El programa se concibió y puso en marcha con base en la unión de esfuerzos, capacidad y experiencia de las dependencias, instituciones y asociaciones vinculadas con el quehacer jurídico.
La operación de los bufetes estuvo a cargo de profesionales y pasantes de licenciatura en derecho, quienes con su participación tuvieron la oportunidad de acreditar su servicio social, poniendo en práctica sus conocimientos en beneficio de su comunidad.
Los gremios de abogados proponían a los directores y subdirectores de los bufetes. La estructura administrativa de los despachos recibía como estímulo económico una beca de servicio social, financiada con recursos federales.
La estructura orgánica de los bufetes estaba conformada por un director y subdirectores por cada una de las especialidades que ejercían, entre las que se encontraban: civil y familiar, penal y derechos humanos, laboral y agrario, entre otros, pasantes en derecho, personal secretarial y auxiliar. Las actividades de los bufetes jurídicos en las entidades federativas eran coordinadas por las delegaciones estatales de la Secretaría de Desarrollo Social.
El programa operó durante el periodo 1991-1994 y tuvo una cobertura territorial en 20 entidades federativas: 19 Estados y el entonces Distrito Federal, con la instalación y operación de 60 bufetes, a través de los cuales se atendieron -durante el cuatrienio de referencia- 284,137 asuntos, en beneficio directo de más de 30 mil personas, destacando entre ellas mujeres violentadas o que vieron afectados sus derechos.
Ciertamente grupos de la sociedad mexicana necesitados de orientación, asesoría y acompañamiento jurídico han existido siempre, derivado de la imposibilidad de ejercer la acción legal que les corresponde cuando son afectados en su persona, derechos o patrimonio, por no contar con recursos económicos para contratar los servicios particulares de un abogado. Por ello, intervenciones públicas como las anteriormente descritas, encuentran inobjetable justificación.
El problema reside en que varios de estos programas se ponen en marcha con un enfoque y propósito mediático, que la mayoría de las veces se circunscriben a un tiempo acotado -en el mejor de los casos- al periodo sexenal.
Otros se han implementado con objetivos político-electorales, que cumplido su cometido dejan de operar; perdiéndose no sólo los beneficios que proporcionan a la población que más lo necesita, sino también, el andamiaje de trabajo colaborativo, la infraestructura logística creada, la experiencia operativa desarrollada y la empatía de la ciudadanía con el quehacer gubernamental en esta materia.
Ojalá que la puesta en marcha del Programa Abogadas de las Mujeres, no corra con la misma suerte y contribuya a un cambio eficaz de paradigma en el acceso de este grupo de población a la justicia en nuestro país. Ese es el reclamo social, esa es la esperanza.
Revista d'interes 