Por Ana Karen Flores*

Cada 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, fecha que busca visibilizar a millones de personas -en su inmensa mayoría mujeres- que sostienen la vida cotidiana de otros hogares sin que su labor reciba el reconocimiento social, legal y económico que merece. En México, esta fecha cobra una especial relevancia: alrededor de 2.3 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, el 90% de ellas mujeres, muchas de las cuales se encuentran en situación de pobreza, sin acceso a derechos laborales plenos y enfrentando discriminación estructural.

El trabajo doméstico ha sido, desde hace siglos, una de las labores más desvalorizadas dentro del sistema económico y social. Considerado como una extensión "natural" de las tareas que las mujeres realizan en el ámbito privado, su profesionalización y formalización han sido históricamente negadas.

El 30 de marzo se instauró como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar en 1988, durante el primer Congreso Latinoamericano del sector. En México, si bien existen avances importantes -como la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que reconoce el derecho a condiciones laborales justas-, persiste una brecha profunda entre la ley y la realidad cotidiana de las trabajadoras.

La feminización del trabajo doméstico es un hecho contundente: 9 de cada 10 personas en este sector son mujeres, muchas de ellas jefas de familia, indígenas, migrantes o con niveles bajos de escolaridad. El sistema patriarcal ha naturalizado que sean ellas quienes cuiden, limpien, cocinen y sostengan la vida en otros hogares, relegando estas labores al ámbito de lo "invisible" y lo "inferior".

Esta desigualdad no solo es laboral, sino también simbólica: las trabajadoras domésticas enfrentan estigmas que refuerzan su subordinación y dificultan el ejercicio pleno de sus derechos. A esto se suma la discriminación por clase, etnia y condición migratoria, lo que convierte al sector en uno de los más vulnerables del país.

Desde la aprobación del Convenio 189 de la OIT, México ha realizado reformas importantes: se reconoce la obligatoriedad de contratos escritos, acceso al seguro social, jornadas de trabajo dignas y protección frente al acoso y la violencia. Sin embargo, solo entre el 3% y el 5% de las trabajadoras están afiliadas al IMSS, y más del 90% continúa sin prestaciones, sin contratos y expuestas a condiciones laborales precarias.

El reto no es solo normativo, sino estructural. Las instituciones laborales no tienen mecanismos efectivos de supervisión en el ámbito privado del hogar. Además, muchas trabajadoras no denuncian por temor a perder su empleo o por desconocimiento de sus derechos.

Uno de los debates más importantes del último año ha sido la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados. En 2024, se reconoció constitucionalmente el derecho al cuidado, pero el presupuesto y la voluntad política para hacerlo realidad siguen siendo insuficientes.

Un sistema de cuidados implica que el Estado, el mercado y las familias compartan la responsabilidad de cuidar a niños, personas mayores y dependientes. Esto permitiría liberar tiempo para que millones de mujeres puedan insertarse en condiciones justas al mercado laboral, reduciendo así la dependencia de trabajadoras domésticas precarizadas.

A pesar de los obstáculos, el movimiento de trabajadoras del hogar en México ha logrado conquistas fundamentales. Figuras como Marcelina Bautista y organizaciones como el SINACTRAHO han luchado incansablemente por visibilizar, sindicalizar y dignificar esta labor.

La organización colectiva ha permitido a miles de mujeres conocer sus derechos, exigir mejores condiciones y romper con la soledad que tradicionalmente caracteriza a este tipo de trabajo. Sin embargo, el camino a la justicia plena aún es largo.

El trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa alrededor del 23% del PIB en México, siendo realizado en su mayoría por mujeres. Esta cifra demuestra el papel estructural que tiene este trabajo para el funcionamiento económico del país, aunque no se le reconozca ni remunere adecuadamente.

La invisibilización de estas tareas perpetúa la desigualdad económica entre hombres y mujeres, y refuerza la dependencia estructural de millones de hogares respecto a la labor precaria de otras mujeres, generalmente en condiciones de vulnerabilidad.

Para cambiar esta realidad, se requieren políticas integrales:

• Implementación efectiva del Sistema Nacional de Cuidados.
• Universalización de la afiliación al IMSS para trabajadoras del hogar.
• Campañas masivas de información sobre derechos laborales.
• Mecanismos de inspección laboral adecuados.
• Profesionalización y certificación del trabajo doméstico.
• Inversión pública sostenida en servicios de cuidado comunitario.

Estas medidas no son concesiones, son exigencias de justicia social y cumplimiento de derechos humanos fundamentales.

Países como Uruguay, España y Filipinas han dado pasos importantes en la formalización del trabajo doméstico. En Uruguay, la ley reconoce a las trabajadoras del hogar como parte integral del sistema de seguridad social desde 2006, con inspecciones estatales efectivas. En España, tras una larga lucha, las trabajadoras fueron incluidas en el régimen general de la seguridad social en 2022.

Estas experiencias muestran que el cambio es posible cuando existe voluntad política, presión social organizada y una visión de justicia estructural. México puede y debe tomar nota: no se trata de copiar modelos, sino de adaptarlos a su contexto, con firmeza, empatía y enfoque interseccional.

Conmemorar el Día Internacional del Trabajo Doméstico no puede quedarse en discursos vacíos ni campañas simbólicas. Es urgente construir una sociedad que reconozca el valor económico, social y humano de estas labores, que deje de considerar "ayuda" lo que es trabajo, y que garantice a quienes lo realizan todos los derechos que asisten a cualquier trabajador o trabajadora.

Este reconocimiento solo será posible si se transforma el pacto social, si se repiensa la división sexual del trabajo, y si se coloca en el centro de la agenda política y económica la vida digna de quienes cuidan, limpian y sostienen el mundo desde los rincones más invisibles.

La deuda histórica con las trabajadoras del hogar en México aún no está saldada. Y saldarla no es cuestión de caridad, sino de justicia. La justicia que implica garantizar condiciones de igualdad, redistribución del trabajo de cuidados, respeto a la dignidad humana y reparación histórica.

El Día Internacional del Trabajo Doméstico debe convertirse en un punto de partida para exigir transformaciones profundas. Porque cuidar no es un favor, es un derecho. Porque el trabajo doméstico no es un asunto privado, sino un tema público de justicia social. Porque el futuro digno de millones de mujeres depende de lo que hagamos hoy como sociedad.

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