Por: Rubén Alejandro Domínguez Bernal*
Para ilustrar el tema, pensemos en este caso:
Leticia, madre de dos hijos, decidió iniciar un juicio de pensión alimenticia contra su expareja. Pensó que sería algo rápido y justo. Sin embargo, el proceso duró más de un año. El padre de sus hijos no se presentó a varias audiencias, el juzgado tardó semanas en fijar medidas provisionales, y ella tuvo que faltar al trabajo más de 10 veces para atender el juicio. Aunque la ley la protegía, el sistema no la acompañó. A pesar de que el marco jurídico garantiza este derecho, en la práctica muchas personas se enfrentan a un sistema costoso, lento y desigual.
¿Qué implica realmente el acceso a la justicia?
Justifica, no sólo basta con tener leyes o juzgados. Acceso a la justicia significa que cualquier persona, sin importar su nivel económico, educativo o social, pueda resolver un conflicto legal de manera eficaz, pronta y equitativa.
Cuando esto no ocurre, la ley deja de ser garantía para convertirse en una puerta cerrada.
“La justicia debe ser pronta, completa, imparcial y expedita.”
Así lo reconoce el Artículo 17 de la Constitución, y forma parte de los principios generales del derecho.
No se trata solo de que exista un tribunal, sino de que la persona pueda acudir, ser escuchada y obtener una resolución justa en un tiempo razonable, sin obstáculos innecesarios.
Cuando esto no ocurre, la ley deja de ser garantía y se convierte en una carga inalcanzable para el ciudadano común.
Ahora bien, ¿Cuál son los principales obstáculos que pueden enfrentar las personas?
- Falta de orientación inicial: Muchas personas no saben cómo iniciar una demanda, qué juzgado les corresponde o si necesitan abogado.
- Recursos económicos: Aunque la justicia debe ser gratuita, en la práctica hay gastos: transporte, copias, alimentos, tiempo sin trabajar. Quien tiene poco dinero piensa dos veces antes de acudir al juzgado.
- Procedimientos largos y burocrático: El tiempo es enemigo de la justicia. Muchos procesos se prolongan por años sin una resolución clara, y las personas abandonan el proceso por desgaste emocional y económico.
¿Qué se necesita para garantizar el acceso real?
- Fortalecer y profesionalizar la defensoría pública.
- Mejorar la orientación legal desde el primer contacto.
- Simplificar procesos y eliminar formalismos excesivos.
- Capacitar al personal en trato digno y lenguaje claro.
- Combatir la corrupción y sancionar el mal servicio.
De lo anterior se desprende que…
El acceso a la justicia no se mide por el número de leyes ni de juzgados, sino por cuántas personas pueden usarlos realmente.
Además, no debemos olvidar que muchas personas allá afuera enfrentan situaciones legales complejas sin saber a dónde acudir o cómo empezar.
Por eso, quienes operamos el derecho, jueces, abogados, servidores públicos, estudiantes o defensores tenemos la responsabilidad ética de hacerlo más accesible, más humano y más útil para quienes lo necesitan.
“Nuestra labor no es solo técnica, sino social.”
*Abogado miembro de la firma jurídica Incógnita Legal 📖📱TikTok: https://www.tiktok.com/@rubendombernalFacebook: https://web.facebook.com/bernal.ruben.56 
Revista d'interes 