Por: Julio César Pastor Herrera*

El pasado proceso electoral judicial dejó más preguntas que certezas. A pesar de tratarse de una jornada electoral histórica en la que se definieron cargos clave para la impartición de justicia en el país, la participación ciudadana se vio empañada por la desinformación, la opacidad en el proceso de selección de candidaturas y un formato de votación confuso que evidenció la falta de preparación institucional y educativa sobre el tema.

¿Votaste por jueces, pero no sabes que hacen…?

Una de las primeras barreras para una elección judicial genuinamente democrática es el desconocimiento generalizado sobre las funciones que desempeñan los jueces, magistrados y ministros. Para la mayoría de la ciudadanía, estos cargos son figuras abstractas del Poder Judicial, cuyas decisiones rara vez llegan al debate público, salvo en casos mediáticos. Sin embargo, son precisamente estos funcionarios quienes resuelven controversias legales, protegen los derechos fundamentales y garantizan el Estado de Derecho (si es que todavía existe).

Los jueces resuelven casos concretos; los magistrados revisan decisiones judiciales; y los ministros, como integrantes de la Suprema Corte, tienen la última palabra sobre la constitucionalidad de las leyes y actos del poder público. Votar por ellos no es un asunto menor: es, en esencia, definir la orientación y calidad de la justicia en el país.

Un proceso de selección opaco

A diferencia de otros procesos electorales donde partidos políticos presentan candidaturas y realizan campañas, en las elecciones judiciales no se conoció con claridad cómo llegaron los aspirantes a la boleta. ¿Quién los propuso?, ¿Qué criterios se siguieron? ¿Hubo verdaderas evaluaciones de mérito? Estas preguntas siguen sin respuesta para la mayoría de los votantes.

Además, los perfiles profesionales, académicos y laborales de las personas candidatas fueron, en el mejor de los casos, poco difundidos, y en el peor, completamente desconocidos. La ciudadanía votó sin saber si los candidatos tenían experiencia judicial, si habían emitido sentencias relevantes, o si contaban con trayectorias éticas.

¿Cómo se vota en una elección judicial?

Como si el desconocimiento sobre el fondo del proceso no fuera suficiente, la forma en que se votaba en esta elección fue otra barrera significativa. A diferencia de los comicios tradicionales en los que se marca con una “X” al candidato o partido de preferencia, en esta ocasión se pidió al electorado que colocara números en las boletas para indicar sus opciones preferentes.

Este esquema de votación fue mal comunicado, generando confusión e incluso nulidad de votos. Muchas personas no sabían que debían asignar un número distinto a cada candidato que quisieran apoyar, ni que debían evitar repetir números o dejar espacios en blanco. El resultado: miles de votos desperdiciados por errores de forma más que de fondo.

El remedio electoral

Una democracia madura no puede permitirse procesos judiciales electorales opacos ni confusos. Si se pretende que la ciudadanía participe activamente en la conformación del Poder Judicial, es indispensable que se realicen campañas de información robustas, claras y accesibles. Debe explicarse qué hace cada cargo, quiénes son las personas candidatas y cómo se vota. De lo contrario, el derecho al voto se convierte en una simulación sin contenido democrático.

El proceso vivido no puede repetirse. La justicia no debe elegirse en la ignorancia. Y si realmente se aspira a que la ciudadanía participe en su elección, hay que empezar por lo básico: educación cívica, transparencia y pedagogía electoral.

*Socio fundador de la firma jurídica Incógnita Legal y creador de contenido

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