Por Arturo Allende González*

El pasado 1º. de junio del año en curso, se llevó a cabo por primera vez en nuestro país, la elección al Poder Judicial, uno de los tres poderes del sistema político mexicano. Por la novedad, implicaciones e impacto que la referida elección ha tenido, antes, durante y después de la jornada electoral, resulta de trascendental importancia opinar y debatir sobre un acontecimiento que se quiera o no reconocer, cambiará el rumbo de la historia de nuestro país, en un aspecto fundamental para la vida democrática de México: la procuración e impartición de justicia.

Como se recordará, la reforma al Poder Judicial generó de origen un acalorado debate en torno a los pro y contras de la iniciativa, por parte de juristas, académicos y estudiantes de derecho, así como un ríspido desencuentro -por decir lo menos-, entre el gobierno y la mayoría de las cámaras del Poder Legislativo, por un lado, y los integrantes del Poder Judicial por el otro. En dicha discrepancia política, jugaron un papel protagónico él y las titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial.

Con la jornada electoral del pasado 1º. de junio, se continúa escribiendo historia en torno a la reforma del Poder Judicial, ni los paros, marchas, plantones, amparos, debates, campañas publicitarias anti-reforma y exhortos de boicot a los comicios por parte de opositores políticos y de las personas físicas y morales que ven en riesgo sus privilegios e intereses, impidieron que se realizara la primera elección en nuestro país de jueces, magistrados y ministros, a través del voto directo y secreto de los ciudadanos.

Pero es sumamente importante señalar que la reforma al Poder Judicial -por lo que a la elección del 50% de sus integrantes corresponde-, no termina con la jornada electoral del pasado 1º. de junio, tampoco con la declaratoria oficial de las y los candidatos ganadores (entrega de constancias de mayoría), ni siquiera con la toma de posesión de los y las nuevas personas juzgadoras el próximo mes de septiembre. Yo afirmo que en la última fecha mencionada -1º. de septiembre de 2025-, es cuando realmente iniciará en la práctica la controversial reforma al Poder Judicial en México, a través del ejercicio de funciones de las y los nuevos ministros, magistrados y jueces, tanto federales como locales.

Será a partir de esa fecha cuando las bondades y beneficios de la reforma, se harán presentes en la vida cotidiana de la sociedad mexicana, con el desempeño de los juzgadores electos, o bien, aflorarán progresivamente las deficiencias, corruptelas y vínculos perniciosos de los nuevos impartidores de justicia.

De ahí la importancia de los resultados de las elecciones del 1º. de junio, porque estemos de acuerdo o no con la reforma en su conjunto o con alguna etapa del proceso en particular y, hayamos participado o no en la jornada electoral emitiendo nuestro voto, a partir del próximo mes de septiembre, estaremos sujetos a las resoluciones que emitan los juzgadores electos.

Más allá de las dudas que la reforma generó en amplios sectores de la población -legítimas por lo novedoso y trascendental del proceso-, de las impugnaciones, críticas y descalificaciones, algunas serias y bien argumentadas y otras, viscerales, burdas y poco reflexivas; del boicot, campañas tendenciosas y nocivas por parte de los opositores políticos a los gobiernos promotores de la reforma legislativa, así como de quienes se han empeñado en desacreditar su legitimidad, echando mano de todos los medios a su alcance; la elección de las personas juzgadoras representa un gran reto para la vida política y democrática de la sociedad mexicana, que genera en estos momentos una serie de interrogantes, entre las que se encuentran las siguientes.

• Cómo evitar que el nuevo sistema judicial se politice.
• Cómo proteger al aparato de justicia de la intervención que se prevé, intentarán conseguir por diversos medios los poderes facticos de la sociedad mexicana.
• Cómo evitar en el ámbito local que los caciques presionen, coopten o amedrenten a los nuevos jueces y magistrados, exigiéndoles sesgos en la emisión de las sentencias judiciales.
• Tendrá el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) capacidad operativa para investigar a nivel nacional la cantidad de casos que a priori se considera surjan, derivado de un desempeño deficiente, pernicioso o peor aún, delictivo de jueces, magistrados y ministros.
• Cómo se cubrirán las vacantes que se generen en el sistema judicial, derivado de las sanciones aplicadas por el TDJ; qué persona o instancia será la responsable de la nueva designación y a través de qué procedimiento se llevará a cabo el nombramiento, de un cargo público que fue obtenido a través del voto popular.
• Derivado del cuantioso monto de recursos públicos que implicó el proceso electoral de 2025, se reducirá el presupuesto que se destine a la elección del Poder Judicial en 2027.
• Qué costo social tendrá para el pueblo de México, la curva de aprendizaje de un porcentaje de los juzgadores electos que carecen del expertise profesional que la procuración e impartición de justicia exige.
• Dada la magnitud, complejidad y alcances de la reforma al Poder Judicial, la ciudadanía requiere de mayor información sobre la diversidad de implicaciones que tendrá para la vida política y democrática de nuestro país.

Las anteriores son algunas de las dudas e inquietudes que los ciudadanos de a pie tienen, a partir de la realización de las elecciones del Poder Judicial, que, pese a las críticas y descalificaciones, se llevaron a cabo tal y como fue programado por el órgano electoral, en un ambiente de civilidad, libertad y con saldo blanco.

Ciertamente por tratarse de una elección extraordinaria, sin precedente ni referente alguno, la ciudadanía esperaría que las cuestiones arriba enunciadas y muchas más, se vayan disipando y/o atendiendo durante la etapa poselectoral y otras, como producto de la experiencia del proceso comicial y de la operación del nuevo sistema de justicia, tanto en el ámbito federal como local; sin descartar que tal vez, algunas ya están o estarán contempladas en la legislación secundaria, pero que es necesario difundir o ampliar su difusión entre la población.

Como lo dije al principio de este artículo, la reforma al Poder Judicial no ha concluido, está por empezar.

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