Por: Rubén Alejandro Domínguez Bernal*

En México, el reconocimiento constitucional de los derechos humanos ha avanzado significativamente. Sin embargo, cuando el presupuesto no acompaña esos derechos, la garantía se convierte en una promesa vacía.

Con reformas clave como la del 2011, el país dio un paso importante al incorporar en el texto constitucional el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Este avance colocó en el centro de la actividad del Estado la obligación de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de todas las personas. No obstante, ese reconocimiento en el papel no siempre se traduce en una garantía efectiva en la vida cotidiana, la realización de los derechos humanos no depende únicamente de su proclamación legal, sino también de la asignación de recursos públicos que permitan materializarlos.

Por ello, el análisis del gasto público desde una perspectiva de derechos humanos es una herramienta clave para evaluar la responsabilidad del Estado en su función social.

Marco Legal

El marco constitucional mexicano obliga al Estado a ejercer un gasto público que no solo sea técnicamente eficiente, sino que tenga una orientación clara hacia la garantía de derechos humanos.

Bajo los principios del artículo 1° y 25, el presupuesto debe ser progresivo, centrado en las personas, y ejecutado con transparencia, porque de ello depende que los derechos pasen del papel a la vida cotidiana.

El gasto como herramienta para garantizar derechos.

El gasto público no es solo una cuestión técnica o administrativa, es una herramienta esencial para la realización efectiva de los derechos humanos. En un Estado constitucional como el mexicano, el Gasto público representa la traducción práctica de los compromisos legales y éticos del gobierno frente a su población. Sin recursos asignados, los derechos pierden contenido real.

En un Estado democrático, el presupuesto no debe ser una simple herramienta financiera, sino un instrumento al servicio de la justicia, la equidad y la dignidad humana. Pasar del papel a la realidad exige voluntad política, transparencia y verdadera prioridad en las personas.

Un Estado que no asigna recursos suficientes a los derechos de la población está fallando a su deber constitucional.

*Abogado miembro de la firma jurídica Incógnita Legal 📖

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