Por: Rubén Alejandro Domínguez Bernal*

En los últimos años, el crecimiento urbano descontrolado ha generado una fuerte presión sobre territorios tradicionalmente agrarios. En distintas regiones del país, sobre todo en zonas periurbanas, se ha documentado el avance de desarrollos inmobiliarios sobre tierras de uso común, propiedad de ejidos y comunidades. Este fenómeno no solo compromete la sustentabilidad territorial, sino que también ha dado lugar a serios conflictos legales y sociales, donde los derechos de los campesinos y la vocación productiva de la tierra están en juego.

Ordenamiento Jurídico:

En cuanto a la protección de estas tierras. El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la propiedad social y establece mecanismos para su defensa.

La Ley Agraria, por su parte, regula los procedimientos internos para la administración y, en su caso, la enajenación de las tierras de uso común. De acuerdo con esta legislación, dichas tierras no pueden ser vendidas ni cedidas sin la aprobación expresa de la asamblea ejidal o comunal, lo cual debe constar en actas formalmente registradas ante el Registro Agrario Nacional (RAN)

¿Qué lugares han sido afectados por esta falta de regulación?

A pesar de lo anterior, en diversos estados como el Estado de México, Morelos y Quintana Roo, se han documentado operaciones en las que empresas inmobiliarias adquieren tierras de uso común de forma irregular. Esto puede suceder mediante la firma de contratos simulados, la presión sobre autoridades ejidales o incluso mediante la falsificación de documentos.

En ocasiones, notarios públicos y autoridades del Registro Público de la Propiedad otorgan legalidad a estas operaciones, a pesar de que carecen de sustento en la normatividad agraria. Las construcciones levantadas en estas condiciones suelen convertirse en «fraccionamientos fantasmas» o en desarrollos que enfrentan litigios de años.

¿Es importante la regulación?

La regulación es clave para frenar los abusos y preservar el equilibrio entre desarrollo urbano y respeto a la propiedad social. Sin una vigilancia efectiva del RAN, el Registro Público y las notarías, las tierras de uso común seguirán siendo vulnerables al despojo disfrazado de legalidad. Además, es urgente actualizar y armonizar los marcos normativos para evitar vacíos legales que permitan la simulación de operaciones.

¿Qué pueden hacer los ejidos y comunidades?

Las asambleas ejidales deben fortalecerse mediante la capacitación de sus integrantes en temas legales y administrativos. Contar con asesoría jurídica especializada, registrar todas sus actas y acuerdos ante el RAN, y vigilar cualquier intento de privatización son acciones fundamentales. Asimismo, deben fomentar la denuncia ante autoridades competentes y articularse con organizaciones de la sociedad civil que promuevan la defensa del territorio.

Uno de los principales retos radica en la desinformación y la falta de recursos de los ejidos para defender lo que por derecho les pertenece. Que no se olvide: la tierra, como decía Zapata, es de quien la trabaja.

Abogado miembro de la firma jurídica Incógnita Legal

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