Por: Rubén Alejandro Domínguez Bernal*

Una lucha desde lo personal hacia lo colectivo.

La Ley Sabina nace a partir de una experiencia profundamente personal. En 2021, Diana Luz Vázquez Ruiz, madre oaxaqueña y activista, emprendió una batalla legal y social en defensa de su hija Sabina, luego de que el padre de la menor, el político Martín Rosado Chávez acumulara cuatro años sin cumplir con sus obligaciones alimentarias.

A raíz de esta movilización, surgió la propuesta de una legislación que sancionará de forma más severa el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Es así como nació la iniciativa conocida como Ley Sabina que fue impulsada en distintos estados como Michoacán y el Estado de México.

Progreso Legislativo

Entre las reformas que contempla se encuentran, la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, que concentra la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, con el objetivo de proteger y restituir los derechos de menores de edad, así como la imposición de restricciones a los deudores alimentarios, la prohibición de ocupar cargos públicos, salir del país, tramitar documentos oficiales como licencias de manejo, comprar inmuebles, solicitar matrimonio y participar en procesos electorales.

¿En que estados ha sido aprobada?

• Ciudad de México: En mayo de 2024, el congreso capitalino aprobó reformas que establecen sanciones a deudores alimentarios y tipifican la violencia visionaria.
• Puebla: En noviembre del 2023, Puebla adecuó su legislación para incorporar datos de deudores en el registro nacional.
• Baja California: En 2024, el congreso local aprobó la Ley Sabina estableciendo medidas para restringir derechos a deudores alimentarios.

“La eficacia de estas reformas dependerá en gran medida de la voluntad política de las entidades federativas, así como del fortalecimiento de los mecanismos administrativos y tecnológicos que permitan identificar y sancionar a los deudores de forma oportuna”.

¿Enfrenta algún reto la implementación de la Ley Sabina?

Aunque las reformas representan un avance importante, su cumplimiento enfrenta varios desafíos.

Uno de los principales es lograr que las instituciones realmente apliquen las restricciones previstas, como negar documentos oficiales o impedir que ocupen cargos públicos a los deudores, para ello debería de existir una buena y completa coordinación entre los Registros Civiles, Juzgados y algunas dependencias federales.

Además, sin campañas de información y mecanismos accesibles para denunciar el incumplimiento, muchas madres seguirán enfrentando obstáculos para hacer valer sus derechos y los de sus hijos.

La Ley Sabina no es una venganza, es un acto de justicia hacia quienes crecieron sin protección económica. Es el principio de una nueva visión jurídica del deber de ser padre o madre.

*Abogado miembro de la firma jurídica Incógnita Legal

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