Por De la Redacción

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1º que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Uno de los derechos fundamentales es precisamente el respeto a la integridad física de la persona y a su patrimonio, respecto al cual el Estado registra hoy un saldo acentuadamente deficitario, que resulta altamente preocupante, dado el impacto nocivo que está generando en la sociedad mexicana.

La inseguridad en sus diversas expresiones: plagios, robo a transeúntes, robos a   comercios, asaltos a cuentahabientes, secuestros, levantones, asesinatos, extorsiones, cobro de “derecho de piso”, narcomenudeo, criminalidad y violencia en general, afecta a los diversos sectores de la sociedad: ciudadanos, industriales, comerciantes, productores, transportistas, gobernantes e instancias impartidoras de justicia.

Lo anterior se traduce en cierre de fuentes de trabajo, quiebra del turismo y de la industria inmobiliaria, baja afluencia a los centros de diversión, particularmente los nocturnos: bares, discotecas y antros en general; por el alto riesgo que se corre de ser agredido, secuestrado o victimado.

En el medio rural, los productores ven amenazadas sus cosechas si no pagan a los grupos delictivos una cuota para poder sacar sus productos y comercializarlos, en las carreteras impera la extorsión por el “derecho de tránsito” que se exige a los transportistas. Lo mismo sucede con medianos y pequeños comerciantes, quienes también tienen que pagar el derecho de piso para poder trabajar. Los jóvenes, potencial del futuro de nuestro país, son víctimas propicias del narcomenudeo, particularmente quienes no estudian y carecen de un empleo formal.

El problema de la inseguridad ha puesto en entredicho a las instancias gubernamentales, federales, estatales y municipales, lo mismo panistas, priistas que morenistas, por sólo mencionar a las tres principales fuerzas políticas. Lo anterior está incidiendo de manera alarmante en el debilitamiento de un factor fundamental de la gobernabilidad, la eficacia del quehacer gubernamental para atender satisfactoriamente la demanda social en esta materia.

Otro aspecto en el que la inseguridad puso en jaque al Estado de derecho y a las instituciones republicanas, situación sumamente riesgosa, fue el surgimiento de los grupos de “autodefensa” en diversos estados de la República: Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Lo anterior sólo tiene un calificativo, en materia de seguridad y del uso legítimo de la fuerza, el Estado se ha visto rebasado; lo cual reiteramos, es altamente peligroso, sin que ello implique dejar de reconocer la necesidad, preocupación, temor e impotencia que viven a diario los habitantes de las comunidades donde han surgido estos grupos; sin embargo, a derivado que al amparo de la legítima defensa de su integridad física y/o de su patrimonio, cualquier persona haga justicia por propia mano, como se vio en el municipio de Chalco, donde una señora de la tercera edad baleó a dos personas al tratar de recuperar su inmueble invadido; o bien que el crimen organizado permee la organización y funcionamiento de estas figuras asociativas, con los efectos indeseados ampliamente conocidos; para evitar que esto suceda, urge restablecer el Estado de derecho.

Un aspecto que se hizo presente con la alternancia en el Gobierno Federal del PRI a MORENA, fue el cambio en el discurso político con el “abrazos no balazos”, con lo cual se buscó matizar la presencia, alcances y amenaza del crimen organizado en particular y de la inseguridad social en general, sin embargo, tal estrategia política no ha frenado o reducido los índices de inseguridad y violencia que se viven diariamente en nuestro país, sin importar hora, lugar o estrato social, todo mundo, directa e indirectamente nos hemos visto afectados por esta vorágine delictiva, que lejos de eliminarse, en diversos rubros registra tendencias incrementales.

Un ejemplo que ilustra dicha aseveración es el relativo al incremento reportado en el índice de secuestros, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos son los números:

Secuestros: Estimación hasta el 31 de diciembre de 2024

  • Datos históricos y tendencias: Según la organización Alto al Secuestro, en 2023 se registraron 919 secuestros con 2,402 víctimas, un aumento del 3.2% respecto a 2022 (890 casos). Hasta agosto de 2024, la misma fuente reportó 1,737 víctimas en 6,777 secuestros acumulados desde diciembre de 2018, con un promedio de 3.2 secuestros diarios. En 2024, se observó un incremento del 15.4% en víctimas de enero a agosto respecto al mismo periodo de 2023.
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  • Proyección para 2025: Si asumimos que la tendencia de 3.2 secuestros diarios se mantuvo de septiembre a diciembre (122 días), se añadirían aproximadamente 390 secuestros más a los 647 reportados hasta agosto por Alto al Secuestro (basado en promedios mensuales de 81 casos). Esto daría un total estimado de 1,037 secuestros en 2025, con unas 2,700 víctimas (suponiendo 2.6 víctimas por caso, promedio histórico). Comparado con 2023, esto representaría un aumento aproximado del 12.8% en casos y un 12.5% en víctimas.
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  • Estados con mayor incidencia: Históricamente, hasta agosto de 2024, los estados con más secuestros acumulados son:
    1. Veracruz: 1,062 casos (13.17 por cada 100,000 habitantes).
    2. Estado de México: 1,019 casos.
    3. Ciudad de México: 471 casos.
    4. Puebla: 284 casos.
    5. Chihuahua: 281 casos.
  • Estos cinco estados representan el 45.9% del total nacional. Para 2025, es probable que esta distribución se mantenga, con posibles incrementos en Sonora y Tamaulipas debido a secuestros de migrantes (296 y 107 víctimas en 2023, respectivamente).

Extorsiones: Estimación hasta el 31 de diciembre de 2024

  • Datos históricos y tendencias: El SESNSP reportó 9,688 extorsiones en 2023, un aumento del 8.5% respecto a 2022 (8,926 casos). En los primeros siete meses de 2024, se registraron 5,632 casos (hasta julio, según datos preliminares), lo que sugiere una tendencia al alza. El promedio mensual en 2024 hasta julio fue de 804 casos, superior al promedio de 807 de 2023, pero con picos en meses como junio (873 casos).
  • Proyección para 2025: Si el promedio mensual de 804 casos se mantuvo de agosto a diciembre (5 meses), se añadirían unas 4,020 extorsiones a las 5,632 hasta julio, dando un total estimado de 9,652 casos en 2024. Esto implicaría una leve disminución del 0.4% respecto a 2023, aunque la cifra podría subir si los picos estacionales (como en diciembre) se repiten. La extorsión telefónica y en transporte público ha mostrado un aumento sostenido en reportes no oficiales.
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  • Estados con mayor incidencia: Hasta julio de 2024, los estados con más extorsiones reportadas son:
    1. Estado de México: Líder constante, con 1,512 casos en 2023 y una tendencia al alza en 2024.
    2. Jalisco: 1,208 casos en 2023, con reportes crecientes en zonas urbanas como Guadalajara.
    3. Ciudad de México: 943 casos en 2023, con énfasis en extorsión a negocios y transporte.
    4. Guanajuato: 742 casos en 2023, vinculados a crimen organizado.
    5. Nuevo León: 638 casos en 2023, con aumento en extorsión telefónica.
  • Estos estados suelen concentrar más del 50% de las extorsiones nacionales, y no hay indicios de que esto cambiara significativamente en 2025.

Resumen de estimaciones para 2025

  • Secuestros: ~1,037 casos, ~2,700 víctimas (+12.8% respecto a 2024).
  • Extorsiones: ~9,652 casos (-0.4% respecto a 2024).
  • Estados líderes en secuestros: Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Chihuahua.
  • Estados líderes en extorsiones: Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León.

Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que el robo en sus distintas modalidades sigue siendo el delito de más alto impacto para la población.

Contexto basado en datos históricos y tendencias:

  1. Robos con violencia a transeúntes:
    • En 2023, según el SESNSP, se reportaron aproximadamente 60,000 robos a transeúntes en vía pública a nivel nacional, de los cuales cerca del 50% involucraron violencia. Esto equivale a unos 15,000 casos por trimestre en promedio.
    • La tendencia en años recientes (2022-2024) muestra un incremento anual de entre 5% y 10% en algunas entidades, como Ciudad de México y Estado de México.
  2. Robo de vehículos:
    • La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reportó que en 2023 se robaron 62,000 vehículos asegurados, a nivel nacional, con un 57% con violencia. Esto promedia unos 15,500 por trimestre.
    • En 2024, AMIS señaló un aumento del 5% en robos con violencia respecto a 2023, lo que podría proyectar unos 16,000 casos por trimestre en 2025, si la tendencia continúa.
  3. Robo a casa habitación:
    • En 2023, el SESNSP registró cerca de 50,000 robos a casa habitación en el año, con un 10% con violencia (5,000 casos). Por trimestre, esto sería unos 12,500 casos totales, de los cuales 1,250 con violencia.
    • En el primer semestre de 2023, el Estado de México y CDMX reportaron incrementos del 6% y 9.7%, respectivamente, lo que sugiere una tendencia al alza.
  4. Robo a cuentahabientes:
    • Este delito es menos documentado de forma específica, pero se estima que en 2023 hubo alrededor de 2,500 casos a nivel nacional, según reportes del SESNSP. Por trimestre, serían unos 625 casos.
    • La violencia en estos robos suele ser alta (hasta 70%), especialmente en zonas urbanas como CDMX.

Estimación especulativa para el primer trimestre de 2025:

Basado en las tendencias de 2023 y 2024, y asumiendo un incremento moderado del 5% en la incidencia delictiva (consistente con patrones recientes), una proyección aproximada sería:

  • Robos con violencia a transeúntes: ~7,875 casos (50% de 15,750 estimados).
  • Robo de vehículos: ~16,800 casos totales, ~9,576 con violencia (57%).
  • Robo a casa habitación: ~13,125 casos totales, ~1,313 con violencia (10%).
  • Robo a cuentahabientes: ~656 casos totales, ~459 con violencia (70%).

Esta situación es verdaderamente inconcebible, ninguna sociedad puede alcanzar un nivel aceptable de bienestar con índices de violencia como los que registra nuestro país, lo anterior sin considerar el alto volumen de incidencias que no se reportan, por temor en algunos casos y la mayoría de ellas por incredulidad en el sistema de justicia, al pensar que no sirve para nada denunciarlas, porque atrás de muchas de ellas, se encuentran expresiones de colusión por parte del aparto judicial.

O peor aún, por estar convencidos y convencidas que toda denuncia implica pérdida de tiempo, papeleo, trámites burocráticos ante diversas instancias y desembolso de dinero para que quien está obligado a investigar y en su caso sancionar, realice alguna acción en ese sentido.

Compartimos el posicionamiento de que la inseguridad no debe verse como un tema político, partidista o de nivel de gobierno, ¡no! el problema debe ser atendido con convicción institucional, teniendo siempre presente que se gobierna por la seguridad de la población, responsabilidad básica y fundamental del Estado.

En torno a este lastre social, la presidente Claudia Sheinbaum Pardo en su toma de protesta el pasado 1 de octubre expresó que un objetivo prioritario de su administración sería reducir la violencia y recuperar la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas. En particular, disminuir los indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones, han transcurrido seis meses de la fecha en que fue pronunciada dicha declaración y la sociedad mexicana sigue en espera de que los objetivos se concreticen. ¡Urgen resultados en esta materia señores gobernantes, la ley suprema de nuestro país se los mandata y la sociedad en general se los demanda!

¿Y ATLACOMULCO?

Aunque no se cuenta con datos específicos y completos sobre el índice de asaltos con violencia en Atlacomulco, Estado de México, para el año 2024, desglosados por categorías como cuentahabientes, casas habitación, comercios y vehiculares, sin embargo, se puede ofrecerte un panorama general basado en tendencias nacionales y regionales, así como una proyección razonada para 2025.

Contexto General para 2024

El Estado de México es una de las entidades con mayor incidencia delictiva en el país, destacándose en delitos como robo con violencia, según datos históricos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Atlacomulco, aunque no suele figurar entre los municipios más violentos del estado (como Ecatepec o Naucalpan), no está exento de la problemática de inseguridad que afecta a la región.

En 2024, a nivel nacional, se observó una tendencia mixta: algunos delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, mostraron reducciones (alrededor del 25% desde 2019 hasta octubre de 2024, según reportes oficiales), pero los robos con violencia, incluidos los vehiculares y a transeúntes, han mantenido o incluso incrementado su incidencia en ciertas zonas.

Para Atlacomulco, los asaltos a cuentahabientes suelen estar relacionados con la actividad bancaria y la falta de vigilancia en puntos clave, como cajeros automáticos. Los robos a casas habitación tienden a aumentar en periodos vacacionales o cuando las viviendas quedan desprotegidas. En cuanto a comercios, la extorsión y los asaltos a pequeña escala son comunes en municipios del Estado de México, mientras que el robo vehicular con violencia ha crecido en áreas cercanas a carreteras importantes, como la Toluca-Atlacomulco.

Sin datos municipales específicos del año 2024, se puede inferir que Atlacomulco siguió las tendencias del Estado de México, donde el robo con violencia a transeúntes y vehículos mantuvo tasas altas (en 2022, el estado lideró nacionalmente en estos delitos, con más de 1,000 casos por cada 100,000 habitantes en algunas categorías). Es probable que en 2024 estas cifras no hayan disminuido drásticamente, dado el incremento reportado en robos vehiculares con violencia a nivel nacional (57% de los robos de autos en 2024 involucraron violencia, según la AMIS).

Panorama para 2025

El panorama para 2025 en Atlacomulco dependerá de varios factores:

  1. Políticas de Seguridad: El gobierno federal y estatal han prometido fortalecer la seguridad con más policías, tecnología (como videovigilancia) y coordinación entre fuerzas. Si estas medidas se implementan eficazmente en Atlacomulco, podrían reducir los asaltos, especialmente a comercios y cuentahabientes.
  2. Tendencias Delictivas: A nivel nacional, se espera que los delitos relacionados con el crimen organizado (extorsión, narcomenudeo) sigan presionando la incidencia de robos violentos. En el Estado de México, el robo vehicular y a casas habitación podría mantenerse elevado si no se refuerzan los patrullajes en zonas rurales y urbanas de Atlacomulco.
  3. Factores Socioeconómicos: La pobreza y el desempleo, presentes en la región, suelen correlacionarse con el aumento de delitos patrimoniales. Sin mejoras económicas significativas, el panorama podría ser estable o ligeramente peor.

En resumen, para 2024, Atlacomulco probablemente experimentó una incidencia de asaltos con violencia alineada con las altas tasas del Estado de México, con especial impacto en robos vehiculares y a comercios. Para 2025, sin datos concretos aún, el panorama sugiere una continuidad de estas tendencias, con posibles mejoras si las estrategias de seguridad se aplican localmente.

Estaremos pendientes cuando se publiquen las estadísticas actualizadas del SESNSP o reportes municipales cuando estén disponibles para el primer trimestre o cuatrimestre del 2025.

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