Por Ana Karen Flores*

Cada 20 de febrero, el mundo conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, una fecha que invita a reflexionar sobre las desigualdades sociales que afectan a las poblaciones más vulnerables y a generar compromisos hacia un mundo más justo. Esta fecha, promovida por las Naciones Unidas desde 2007, tiene como objetivo erradicar la pobreza, promover el empleo y la igualdad de derechos, y garantizar el acceso equitativo a los recursos para todas las personas. Al observar esta conmemoración desde la perspectiva de género y la infancia, se hace evidente que, a pesar de los avances en derechos humanos, existen aún enormes desafíos que impiden la plena inclusión y justicia para las niñas, los niños y las mujeres.

La justicia social es un principio que busca la distribución equitativa de los recursos, las oportunidades y los derechos entre todas las personas, independientemente de su origen, género, orientación sexual, religión o cualquier otra característica que pueda generar discriminación. Es un concepto fundamental en el ámbito de los derechos humanos y está estrechamente relacionado con el bienestar de las comunidades, el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, y la participación activa en la sociedad.

En su definición más amplia, la justicia social promueve la igualdad ante la ley, la erradicación de la pobreza, el respeto a la diversidad y la construcción de sociedades inclusivas y cohesionadas. Las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, han jugado un papel esencial en la promoción de la justicia social a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales, que establecen compromisos y estándares que los países deben seguir para asegurar los derechos de sus ciudadanos. No obstante, la realidad muestra que, a pesar de estos esfuerzos, existen desigualdades estructurales que afectan principalmente a las mujeres y a la infancia, especialmente en contextos de pobreza y violencia.

La lucha por la justicia social está indisolublemente vinculada con la lucha por la igualdad de género. En muchas partes del mundo, las mujeres y las niñas siguen enfrentando obstáculos sistemáticos que les impiden acceder a los mismos derechos y oportunidades que los hombres y los niños. Las brechas de género son evidentes en varios sectores, como la educación, el empleo, la salud, y, más preocupante aún, en la violencia de género.

A nivel global, las mujeres ganan en promedio menos que los hombres por el mismo trabajo, y las niñas tienen menos acceso a la educación secundaria y superior en comparación con los niños. En muchas culturas, las mujeres y las niñas también son víctimas de violencia doméstica, abuso sexual y matrimonios forzados, situaciones que afectan gravemente su bienestar físico y emocional. Las políticas de justicia social, en este contexto, deben ser diseñadas con una clara perspectiva de género, que promueva la participación plena de las mujeres en la economía, la política y la vida social, y que garantice su protección frente a la violencia y la discriminación.

Si bien la justicia social es crucial para todas las personas, se vuelve aún más urgente cuando se trata de la infancia. Las niñas y los niños son, por su propia vulnerabilidad, los más afectados por las desigualdades sociales. Sin embargo, cuando analizamos la situación de la infancia desde una perspectiva de género, podemos ver que las niñas enfrentan obstáculos adicionales que las colocan en una situación de desventaja frente a los niños.

El trabajo infantil, el acceso limitado a la educación, la violencia doméstica y la explotación sexual son solo algunos de los desafíos que enfrentan las niñas en muchas partes del mundo. La desigualdad de género se manifiesta en prácticas como los matrimonios infantiles, donde las niñas son obligadas a casarse a edades tempranas, lo que limita sus oportunidades de desarrollo personal, social y económico. La justicia social debe centrarse en erradicar estas prácticas y garantizar que las niñas tengan acceso a una educación de calidad, a la protección contra la violencia y a una vida libre de explotación.

Además, la justicia social para la infancia debe garantizar que todos los niños, sin importar su género, tengan derecho a la salud, la nutrición adecuada y la participación en la vida política y social. La perspectiva de género en este contexto es esencial para asegurar que las niñas, que históricamente han sido desprotegidas, reciban la atención y los recursos necesarios para su desarrollo.

Las políticas públicas que promueven la justicia social tienen un impacto significativo en la vida de las niñas y las mujeres. En los últimos años, muchos países han implementado medidas para mejorar el acceso de las mujeres a la educación, la salud y el empleo, y han promovido leyes que penalizan la violencia de género y protegen los derechos reproductivos de las mujeres. Estos avances son fundamentales, pero aún son insuficientes.

Por ejemplo, en varios países, las políticas de educación han logrado aumentar la tasa de matriculación escolar de las niñas. Sin embargo, en muchas regiones, la calidad de la educación sigue siendo desigual y las niñas enfrentan barreras culturales y económicas que dificultan su acceso a la educación superior. Las políticas de justicia social deben abordar estas disparidades y garantizar que las niñas y las mujeres tengan las mismas oportunidades de formación y desarrollo que los hombres.

El acceso a la salud también es un área crítica. Muchas mujeres y niñas carecen de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, lo que las coloca en una situación de vulnerabilidad ante embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y mortalidad materna. Las políticas de justicia social deben garantizar que todos los sectores de la población tengan acceso a servicios médicos de calidad, especialmente en áreas rurales y empobrecidas.

El Día Mundial de la Justicia Social nos recuerda que aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todos. La justicia social no puede ser plena sin una equidad real entre géneros y una protección efectiva de los derechos de las niñas y los niños. Es responsabilidad de todos, gobiernos, organizaciones y sociedad civil, trabajar juntos para erradicar las desigualdades y garantizar un futuro en el que todas las personas, sin importar su género o edad, tengan las mismas oportunidades de vivir una vida digna, segura y plena.

*RRSS: Ana Karen Flores: https://web.facebook.com/DeFloresKaren