Por Arturo Allende González*
Con la investidura de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos de América, celebrada el pasado 20 de enero del 2025, pasamos de las declaraciones, amenazas y especulaciones, a una cruda y preocupante realidad, con incidencia para México en diversos rubros, entre los que destaca la política migratoria México-EUA y de manera mediática, el reforzamiento del cierre de la frontera con el incremento de efectivos militares y las redadas de repatriación masiva de migrantes, emprendidas desde los primeros días de gobierno; tema respecto al cual Trump sustentó en buena medida su campaña política y su triunfo en el Colegio Electoral el pasado 5 de noviembre.
En su discurso de toma de posesión anunció “Vamos a restaurar la política de “Quédate en México”. Voy a acabar con la práctica de atrapar y soltar. Voy a enviar soldados y tropas a la frontera sur para repeler la vergonzante invasión de nuestro país. Bajo las órdenes que voy a firmar hoy.”
Un día después iniciaron las redadas de migrantes indocumentados en escuelas, hospitales e iglesias, sitios considerados antes como «protegidos«
Al tercer día de su mandato, Donald Trump ordenó desplegar mil 500 militares en la frontera con México, iniciando con ello el cumplimiento de su promesa de «cerrar» el paso de migrantes y reforzar la seguridad fronteriza, mediante un fuerte operativo de contención. Estos militares se suman a las 2 mil 200 fuerzas en servicio activo que ya operan en la frontera.
La migración de mexicanos hacia diversos puntos de la Unión Americana es sin duda una inobjetable expresión de la necesidad que millones de mexicanas y mexicanos han experimentado a lo largo de varias décadas, en su propósito por mejorar sus condiciones de vida y las de su familia. Pero al mismo tiempo, representa una manifestación de dignidad, coraje, inconformidad y valentía por superar las escazas oportunidades de desarrollo que les ofrece su país, razón que las y los obliga a dejar sus comunidades de origen, sus familias, amigos y en general a todo aquello que forma parte de su vida, de su tierra y de su entorno.
La llegada -por segunda ocasión- de Donald Trump a la Casa Blanca, ubica a la población migrante -particularmente a los indocumentados- de origen mexicano en Estados Unidos, en condiciones de alta vulnerabilidad ya que se incrementarán y agudizarán las políticas restrictivas, aunado al control migratorio, cierre de la frontera y a la construcción del indeseable muro fronterizo, reiteradamente señalado por Trump durante su campaña político-electoral.
El escenario que se vislumbra en el corto plazo en nuestra frontera con los Estados Unidos, se caracterizará por el cierre de la frontera, el freno y repatriación de migrantes indocumentados, -no sólo de connacionales-, sino de diversas nacionalidades, lo que derivará de manera consustancial en la demanda de empleo y de diversos servicios, aunado a ello, se incrementará la violencia contra quienes intenten arribar a EUA en busca del “sueño americano”.
El tráfico de personas, los secuestros, extorsiones, asesinatos y factores de riesgo en general, se intensificarán a lo largo de la frontera y durante el tránsito de los migrantes.
Para hacer frente a esta situación, se deberá echar mano de una estrategia sustentada en un conjunto de acciones coordinadas. Sí de la red consular, sí de los centros de atención a migrantes, sí del Instituto Nacional de Migración (INM), sí de la suma de los gobiernos de los estados fronterizos, sí de los programas sociales del Gobierno Federal, incluyendo el Programa México te Abraza y la entrega de la Tarjeta Bienestar Paisano, sí a la oferta de trabajo del Consejo Coordinador Empresarial, etcétera.
La repatriación de connacionales que se espera del gobierno de Donald Trump, requerirá la implementación de acciones tanto del gobierno de México como de las redes de la sociedad civil que trabajan en beneficio de la población migrante.
Se deberá fortalecer la acción de los Grupos Beta para la protección de los Derechos de los Migrantes, los cuales pertenecen al INM y trabajan en coordinación con los demás órdenes de gobierno para actuar de manera conjunta en operativos orientados a salvaguardar, orientar y proteger al migrante.
La Ley de Migración que es el instrumento jurídico que norma actualmente el fenómeno migratorio en México, deberá ser revisada y en su caso reformada, en función del nuevo perfil del fenómeno migratorio.
Lo anterior con el objeto de contar con una Ley funcional y eficaz que regule lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos.
Otra medida de gobierno que deberá ser aplicada de manera inmediata, es la relativa a la revisión y adecuación orgánico-funcional del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), así como del o los programas que aplica con las comunidades de migrantes.
La política económica y la política social de los gobiernos federal, estatales y municipales, deberán también ser revisadas y ajustadas con la finalidad de fortalecerlas como mecanismos generadores de empleo e ingreso para los connacionales que arriben a nuestro país. Por su parte, la iniciativa privada deberá actuar con responsabilidad social, a fin de atender la demanda de empleo que generará el proceso de repatriación.
El desafío para el Gobierno de la República, será concertar algún tipo de política migratoria con el gobierno norteamericano que proteja a los mexicanos que viven en la Unión Americana y un convenio migratorio como instrumento para el manejo de los flujos de trabajadores migrantes hacia los Estados Unidos.
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