Por Arturo Allende González*

La demarcación de la arena entre lo público y lo privado, se ha convertido en un tema ciertamente controversial en el estudio de la gestión del Estado o más particularmente cuando se aborda el análisis de las políticas estatales, la controversia se suscita precisamente porque lo público no se incorpora y circunscribe a lo estatal, como tampoco lo privado se ajusta o limita necesariamente a lo social, tesis con la que estoy de acuerdo, a partir de considerar los siguientes factores.

Como lo señalan Oscar Oszlak y Guillermo O’ Donnell, hablar de políticas estatales es hablar de políticas públicas y sobre esta materia existe abundante literatura, sin embargo, en la conceptualización de esta cuestión encontramos elementos comunes. Así, tenemos que para algunos autores la política pública es un aspecto programático de la acción gubernamental, para otros, es una decisión cuyo objeto es la distribución de determinados bienes o recursos que afectan o privilegian a ciertos individuos o grupos de población.

Otra teoría las concibe como una concatenación de actividades o decisiones tomadas por los actores del sistema político-administrativo con la finalidad de resolver un problema colectivo y modificar el comportamiento de ciertos grupos, los cuales se encuentran en el origen del problema por resolver; para otros, la política pública constituye -en síntesis-, una respuesta del Estado a las demandas sociales.

Las anteriores definiciones tienen un común denominador en su estructura que tiene que ver con lo “público”, personificado por el Estado, el gobierno y el sistema político-administrativo de un país.

Es menester reconocer que las fronteras entre lo público y lo privado han variado a lo largo del tiempo y éstas se presentan en mayor o menor medida entre un país y otro. Marcelo Cavarozzi, en su teoría de “matriz estadocéntrica”, sostiene que desde los años treinta hasta principios de la década de los ochenta del siglo pasado, las naciones latinoamericanas -México de manera destacada-, registraron en general, aunque con las peculiaridades propias de cada país, un modelo de conducción económico-política, caracterizado por una ampliación de la participación política, una extensión en la esfera de la acción del Estado. En opinión de Cavarozzi, “esta expansión de las arenas públicas implicó, en el campo de los procesos económicos, que el mercado fuera reemplazado por la política”

Lo anterior fue una de las expresiones que América Latina registró en torno a la exportación del Estado de bienestar, cuyo principal auge se presentó en Europa Occidental.

Sin embargo, como bien lo señalan Oszlak y O’ Donnell, las políticas estatales están inmersas en un proceso social histórico, en el que se hace presente la concurrencia de diversos actores, situación que propicia distintas posiciones del Estado; de ahí que a mediados de los ochenta del siglo XX con el Plan Beker y con mayor énfasis, a partir de 1989 con el Consenso de Washington, el ámbito entre lo público y lo privado ha modificado sus fronteras en la mayor parte de los países de Latino América. La Conferencia de Washington estableció como premisas: la reducción del aparato del Estado, la privatización de las empresas públicas, la liberación comercial con tarifas arancelarias reducidas y la apertura del mercado, entre otras; en síntesis, fortalecer la atención de las demandas sociales a partir de la apertura del mercado.

Reconocemos que el Estado juega un papel económico determinante, ya que en él recae la rectoría del desarrollo nacional de su territorio y población, por lo que como acertadamente lo señalan Oszlak y O’ Donnell, “no es obvio donde trazar las demarcaciones que separan al Estado y lo “público” de la sociedad y lo “privado”. En virtud de lo cual se comparte la propuesta de “que ciertas nociones heredadas –como la de una tajante separación entre “lo público” y “lo privado”- tengan que ser repensadas frente a nuestra inobjetable realidad.

Lo anterior a partir de reconocer que ni el desarrollo social por sí solo es capaz de generar crecimiento económico, ni el mercado por sí solo propicia el desarrollo, la equidad distributiva y la justicia social.  Compartimos la tesis de que no hay política pública exitosa si no va acompañada de acciones efectivas de carácter económico, por tal razón es que nos pronunciamos por la sinergia entre lo público (la participación del Estado) y lo privado (la presencia del mercado).

Lo anterior se orienta a encontrar, como lo sugieren Oszlak y O’ Donnell, un “punto de equilibrio entre la economía basada en la acumulación privada pero que necesita cada vez más del activo papel del Estado para lograr y sostener las condiciones generales de su funcionamiento”.

Entre los ejemplos registrados en México de indistinta intervención de lo público y lo privado durante las últimas décadas, se encuentran los siguientes:

Durante el clímax del Estado benefactor (1976-1982), la intervención estatal en generación de bienes y prestación de servicios, contó con más de mil empresas públicas en los más diversos campos, en conjunto éstas se orientaron a promover un desarrollo económico y social sostenido, a la explotación de recursos básicos y estratégicos que garantizaran, a través de su control, la soberanía nacional, así como a la prestación directa de ciertos servicios públicos considerados de interés nacional, a la atención de campos de actividad económica que constituían renglones que no siempre habían sido atendidos adecuadamente por el sector privado y a cubrir la necesidad de que la administración pública contara con empresas que atendieran objetivos de bienestar social, enfocados a mejorar las condiciones de vida de algunos sectores de la población o para servir como instrumentos reguladores del sistema de mercado y protectores del consumidor final.

La presencia del Estado mexicano en la generación de bienes y prestación de servicios ha cambiado significativamente, hoy el sector público y privado participan indistintamente y/o paralelamente en diversos campos de actividad, entre ellos: prestación de servicios educativos, desde educación básica hasta universitaria, administración de sistemas de ahorro para el retiro, esquemas de seguridad policial y de valores, transporte, administración de carreteras, servicios de salud y seguridad social, construcción y financiamiento de vivienda, distribución de energía eléctrica y recolección de basura, entre otros.

La globalización en la que se encuentran inmersas las naciones del mundo, caracterizada por un sensible achicamiento del Estado, fuerte incidencia de los organismos multinacionales en los modelos de desarrollo de los países, creciente demanda de la ciudadanía por participar en los asuntos de interés público y el surgimiento de un movimiento ciudadano dinámico que está tomando en sus manos decisiones trascendentales, las cuales están determinando el rumbo de diversas sociedades y que hoy representa un importante contrapeso que le impone límites a la autoridad (al Estado), nos exige cada vez con mayor fuerza redefinir el ámbito de lo “público”, sobre todo cuando observamos que diversos campos, en otros tiempos identificados como propios del quehacer gubernamental, hoy son atendidos por la iniciativa privada, por el mercado, y muchos otros se sustentan en estrategias de trabajo sinérgico entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil.

Esta estrategia de operación no sólo se concibe viable, sino que ha demostrado que, en el componente del desarrollo social de nuestra región, el funcionamiento coordinado del trinomio: gobierno-iniciativa privada-sociedad civil, potencia los alcances y beneficios de las políticas, programas y acciones orientados a este propósito, es por ello que nos pronunciamos por promover el establecimiento de una cultura de responsabilidad social entre estos tres actores. Un valor agregado de esta estrategia, es que, a mayor participación social, mayor legitimidad del gobierno en turno.

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