Por Arturo Allende González*

El tema de la igualdad de género ha cobrado relevancia tanto en el discurso y la agenda pública, como en el análisis de diversos articulistas, a partir de la toma de posesión de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo como primera presidenta de México después de 200 años de historia como país independiente.

Aludiendo al eslogan “Es tiempo de mujeres” se analiza el respeto de los derechos de las mujeres, su acceso a mayores oportunidades y su empoderamiento. Sin embargo, esto no se logra por un acontecimiento aislado por más trascendental que éste sea, como el arribo de una mujer a la primera magistratura del país,

El “tiempo de mujeres” es una aspiración que responde a un proceso de muchas décadas de lucha y trabajo, proceso que debemos continuar impulsando de manera firme, sistemática y perseverante, con acciones de carácter político, jurídico, socio-cultural, presupuestal y administrativo. Utilizo el término “continuar”, a partir de reconocer que dicho propósito no surge el 1º. de octubre de 2024, que éste está asociado a un largo y sinuoso sendero de lucha de personas y asociaciones feministas por la igualdad integral entre hombres y mujeres.

Cito a continuación algunas acciones relevantes que dan cuenta del prolongado tránsito que ha experimentado la lucha por la igualdad de género en nuestra nación.

En 1912 Elvia Carrillo Puerto fundó la primera organización femenina de campesinas en Yucatán, con la finalidad de que a las mujeres jefas de familia se les garantizaran los mismos derechos que a los hombres en la distribución de tierras. Participó en la fundación de las “Ligas de Resistencia Feministas” cuyo propósito era llamar a las mujeres de todo el estado a organizarse y apoyarse unas a otras en temas urgentes como: derecho al voto, higiene, alfabetización y control de la natalidad; este último, era un paso indispensable en la búsqueda del respeto a la libertad sexual de las mujeres. En 1915 organizó el Primer Encuentro Feminista de Yucatán.

Antonieta Rivas Mercado desempeñó durante los años veinte del siglo pasado, un papel importante como precursora del feminismo en México. La crítica que hizo en sus ensayos es fundamental para comprender a la mujer mexicana en el México posrevolucionario.

Rosario Castellanos fue pionera del feminismo mexicano, con destacada labor durante la segunda mitad del siglo XX. Una de sus principales aportaciones al feminismo está en su tesis doctoral “Sobre la cultura femenina” en la que criticó la filosofía tradicional y la forma en la que la cultura margina a la mujer y está regida por cánones masculinos:

El decreto de ley que permitió a las mujeres votar y ser votadas se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953 y las mujeres, en todo el país, participaron por primera vez en las elecciones federales de 1955.

El 31 de diciembre de 1974 se reformaron y adicionaron los Artículos 4o., 5o., 30 y 123 constitucionales, en relación con la igualdad jurídica de la mujer, se incorporó el principio de que el varón y la mujer son iguales ante la ley, se establecieron las bases para permitir igualdad jurídica de las mujeres en materia de ejercicio de profesiones, derechos laborales y seguridad social.

El contenido de esta reforma representó un importante avance en materia de perspectiva de género, fue sin duda una medida política acertada en vísperas de la celebración en nuestro país de la Primera Conferencia Internacional de la Mujer realizada en 1975.

En 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), tratado internacional adoptado desde ese año por el Estado mexicano.

En 1994 se creó el Programa Nacional de la Mujer y su Participación en el Desarrollo (PRONAM), el cual tenía como objetivo principal promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y fomentar el desarrollo social y político de las mujeres.

A partir de 2001, se han emitido Programas Nacionales para la igualdad entre mujeres y hombres en los siguientes periodos sexenales: 2001-2006 (PROEQUIDAD); 2007-2012 (PROIGUALDAD); en 2013-2018 (PROIGUALDAD) y 2019-2024 el PROIGUALDAD.

En 1995 el Estado mexicano suscribió la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, conocida también como Convención Belém do Pará.

En enero de 2001 se promulgó la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la cual determinó como objeto general del Instituto “el promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación en la vida política, cultural, económica y social del país”.

A partir de la creación del INMUJERES, en todas las entidades federativas del país, se crearon institutos estatales de la mujer o instancias equivalentes.

El 2 de agosto de 2006 se publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo objeto es “regular la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres”.

En febrero de 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley tiene por objeto “establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar”.

A partir de la publicación de este ordenamiento general, las 32 entidades federativas promulgaron la ley estatal en la materia.

En abril de 2008, el -extinto- Instituto Nacional de Desarrollo Social emitió por primera vez la Convocatoria de Observatorios de Violencia Social y de Género, dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil, Centros de Investigación e Instituciones de Educación Superior, con el objetivo de impulsar la instalación de los mismos.

En 2013 el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 mandató que las dependencias de la Administración Pública Federal alinearan todos los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales en torno a la perspectiva de género como estrategia transversal para el desarrollo nacional.

En 2014 la Suprema Corte de Justicia de la Nación elaboró y publicó el estudio denominado “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. Haciendo realidad el derecho a la igualdad”.

El estudio tiene como propósito atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativas al ejercicio del control de convencionalidad por quienes imparten justicia y, por tanto, a la aplicación del Derecho internacional, así como al establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación en perspectiva de género y de derechos de la mujer.

El 2 de marzo de 2020 se publicó en la Gaceta UNAM el Acuerdo por el que se crea en la máxima casa de estudios de nuestro país, la Coordinación para la Igualdad de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México (CIGU). La CIGU es un órgano de carácter ejecutivo, con capacidad para el diseño, instrumentación y operación de políticas institucionales en materia de igualdad de género.

Presupuesto con perspectiva de género.

En virtud de considerar que ninguna política o programa público tiene éxito sino va acompañado de un sustento presupuestario, en 2007 el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación estableció en su artículo DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO “El Gobierno Federal promoverá que el desarrollo de las mujeres sea prioridad a fin de alcanzar una verdadera igualdad entre las mujeres y los hombres, a través del fortalecimiento de la perspectiva de género en la implementación de toda política pública”.

Fue a partir del ejercicio fiscal 2008 que la Cámara de Diputados aprobó un monto de recursos del erario público etiquetado para ser ejercido en beneficio de las mujeres y la igualdad de género.

Estas son algunas de las huellas que el andar en pro de la igualdad de género en nuestro país, ha dejado a lo largo de poco más de un siglo de historia. El “tiempo de mujeres” ha recibido un trascendental impulso con el paquete de reformas a la Constitución General y a siete ordenamientos en materia de igualdad de género, presentado el pasado 3 de octubre por la presidenta Claudia Sheinbaum al Poder Legislativo.

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