Por Arturo Allende González

El presente año marcará un antes y un después en la vida política de México, o tal vez, sin exageración, en la historia en general de nuestro país.

El pasado 1º. de octubre -después de 200 años-, por primera vez una mujer, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo asumió la primera magistratura de nuestra nación, producto de un triunfo contundente en las urnas, con casi 36 millones de votos a su favor, lo que la ubica como la candidata presidencial más votada en la historia de las elecciones en México.

En 71 años (1953-2024), la mujer mexicana pasó de no tener derecho a participar en la política, a ocupar la Presidencia de la República, lo que representa de manera inobjetable, un punto de quiebre en la política nacional.

El amplio margen con el que ganó la Presidencia de la República la doctora Sheinbaum Pardo, le otorga un alto grado de legitimidad para llevar a cabo su programa de gobierno, no obstante, los poderes fácticos, personas físicas y morales que vieron afectados sus intereses durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y perciben que esta tendencia continuará, a partir de considerar lo expresado categóricamente por la presidenta electa Claudia Sheinbaum, echarán mano de todos los medios a su alcance -incluido el papel de analistas, comunicadores y plumas a su servicio-, para criticar, descalificar y obstaculizar su gestión de gobierno.

Es aquí donde la legitimidad emanada del triunfo en las urnas, no es suficiente, es necesario que al triunfo electoral se sumen las otras dos dimensiones de la gobernabilidad: eficacia-eficiencia en el quehacer gubernamental y estabilidad político-social.

Se deberán implementar políticas públicas, programas y acciones eficaces, que generen en el corto plazo resultados positivos tangibles en los rubros que hoy registran rezago y respecto a los cuales, existe enorme expectativa de mejoramiento por parte de la población, destacando entre ellos la inseguridad y violencia que padece la sociedad mexicana.

Respecto a la dimensión política, es de suma importancia que en un contexto con acentuados disensos político-sociales como los que privan hoy en nuestro país, exacerbados a consecuencia del ríspido proceso de discusión, aprobación y promulgación de la reforma al Poder Judicial, el diálogo y concertación entre los poderes públicos y del Poder Ejecutivo con los poderes fácticos de la sociedad, sean elementos distintivos de la nueva gobernanza; por ello se deberá sustituir el discurso beligerante por una narrativa y una praxis que privilegien el diálogo y la concertación como instrumentos esenciales de la negociación política.

2024 será también el año en que, por primera ocasión en la historia de nuestra nación, una mujer sea la comandante suprema de las fuerzas armadas, en un contexto critico de lucha contra el narcotráfico y un alarmante problema de inseguridad y violencia en diversas regiones del país.

De igual manera, el 16 de septiembre de 2024, entró en vigor la reforma al Poder Judicial, reforma de gran calado, calificada como la más importante llevada a cabo en cien años, y la que ha sido, -como era de esperarse-, acentuadamente controversial. Por un lado, respaldada por millones de mexicanos, a través de su voto en favor del proyecto de transformación encabezado por Morena y sus aliados, por democratizar el Poder Judicial y combatir la corrupción y por otro, rechazada por trabajadores del Poder Judicial, académicos, estudiantes de leyes, barras de abogados y analistas políticos, argumentando que ésta, representa un retroceso y un riesgo apremiante para el sistema de impartición de justicia.

La polémica generada por la reforma al Poder Judicial, no termina con su publicación en el Diario Oficial de la Federación por parte del Presidente de la República; como ha sucedido con otras reformas constitucionales, la oposición: legisladores, partidos políticos, asociaciones civiles, miembros del Poder Judicial, etcétera, buscan impugnar y judicializar el dictamen de reforma aprobado por las cámaras del Congreso de la Unión y ratificado por la mayoría de las legislaturas estatales.

Más aún, en este caso, la controversia pretende -según lo han declarado algunos de los inconformes-, no sólo agotar las instancias nacionales, sino acudir a organismos internacionales, con la intención de revertir la citada reforma.

2024 será también el año en que se discutan y aprueben, a partir de considerar la mayoría calificada con la que cuenta el bloque oficialista en las cámaras de diputados, senadores y congresos locales, las demás reformas constitucionales remitidas el pasado mes de febrero por el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo. Proceso parlamentario que detonará implicaciones controversiales en diversos sectores de la población, con agitadas manifestaciones de inconformidad por parte de los grupos que vean afectados sus intereses.

Muy probablemente 2024 sea también el escenario de una transformación del sistema de partidos en nuestro país -transformación inminente, en virtud de la crisis que atraviesan diversos partidos-, con la desaparición de algunos, como ya sucedió con la pérdida de registro nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la refundación de otros y el surgimiento de nuevos organismos en la arena política nacional.

Lo anteriormente descrito, aunado a otros sucesos trascendentales en la vida pública de nuestro país, marcarán a 2024 como un parteaguas en el devenir histórico de México.

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