Por Arturo Allende González*

El lunes 19 de agosto de 2024, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la creación de la Secretaría de las Mujeres. Señaló que el Instituto Nacional de las Mujeres pasará a convertirse en una dependencia federal, ahora bajo el nombre de Secretaría de las Mujeres.

Sin conocer aún las .atribuciones que tendrá la nueva dependencia del Gobierno Federal, mismas que deberán quedar establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, expongo en el presente artículo algunas consideraciones en torno a la creación de la naciente Secretaría de Estado.

Inicio aseverando enfáticamente que esta decisión es sin duda importante desde el punto de vista social, ético y político, ya que con ella se da un paso firme en la institucionalización de la perspectiva de género, orientada a garantizar el ejercicio de los derechos de uno de los grupos de población más vulnerables de la sociedad mexicana, como lo han sido las mujeres, así como hacer equitativo el acceso a las oportunidades y propiciar su empoderamiento.

Por primera vez en la historia de la Administración Pública Federal, la atención a las mujeres desde la esfera gubernamental, se eleva al más alto nivel político-administrativo, lo anterior es muy importante, pero no suficiente para el logro de los objetivos que se propone esta histórica decisión política.

La doctora Sheinbaum Pardo anunció que el INMUJERES se convertirá en la nueva dependencia federal, por lo que tomando como elementos de análisis las atribuciones que tiene actualmente el Instituto, expongo a continuación algunas consideraciones.

Atribuciones

• Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación en la vida política, cultural, económica y social del país.
• Contribuir a la política nacional en materia de igualdad sustantiva, así como a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas gubernamentales.
• Participar en la elaboración de programas sectoriales o específicos, al igual que en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, con la finalidad de alcanzar la igualdad de género.

Consideraciones

El reto para Citlalli Hernández Mora, flamante secretaria de las Mujeres, es enorme y por demás complicado, demandará de un intenso trabajo de interlocución no solo con las diferentes dependencias que conforman la estructura orgánica del Gobierno Federal, sino también, con los poderes Legislativo y Judicial, lo que requerirá además de contar con todo el apoyo político de la Presidenta de la República, de un eficaz liderazgo y de un eficiente desempeño de sus colaboradores.

El cumplimiento de la encomienda institucional de la nueva dependencia, deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

En primerísimo lugar, garantizar a las mujeres que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”, como lo establece el Artículo 1º. Constitucional.

Lo anterior a partir de considerar el alto número de mujeres violentadas física, psicológica, patrimonial, económica y sexualmente, así como las desapariciones, secuestros y feminicidios, que ubican a nuestro país con altos indicadores de violencia de género en el contexto internacional.

Un aspecto que demanda de una revisión profunda, es la Alerta de Violencia de Género, -a poco más de nueve años (julio de 2015) de haber sido declarada por primera vez en una de las entidades federativas de nuestro país- lo anterior, a partir de reconocer que los resultados de su implementación son a todas luces deficitarios.

Se deberán promover ante el Poder Legislativo las reformas necesarias al marco jurídico vigente, así como impulsar la promulgación de nuevos instrumentos normativos que brinden a la Secretaría de las Mujeres el soporte jurídico para el cabal cumplimiento de sus responsabilidades.

Otro aspecto vinculado con el Poder Judicial, es revisar y fortalecer en el entramado institucional de impartición de justicia, el protocolo para juzgar con perspectiva de género.

Mediante una eficaz estrategia de coordinación con los gobiernos locales, promover que los programas y acciones que se ejecuten a nivel federal, permeen para su implementación en el contexto estatal.

Revisar la coordinación institucional y operativa con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) de la Secretaría de Gobernación y con los institutos estatales de la mujer o instancias equivalentes en el ámbito local.

Por lo que respecta a la articulación de las políticas, programas, servicios y acciones de gobierno para apoyar a las mujeres, esto no será tan sencillo de llevarse a cabo, las inercias del quehacer gubernamental, los cotos de poder, celo institucional en el ejercicio de los recursos públicos y las prioridades de atención de cada dependencia prevalecerán sistemáticamente.

Como referente de lo anterior, baste recordar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 mandató que las dependencias de la Administración Pública Federal alinearan todos los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales en torno a la perspectiva de género como estrategia transversal para el desarrollo nacional. Al término de la referida gestión gubernamental, la evaluación arrojó que la alineación de los programas se dio de manera incipiente, en el mejor de los casos, y en la mayoría simplemente no se atendió lo mandatado por el documento rector de la planeación nacional.

Con el fin de evitar que suceda lo mismo, la Secretaría de las Mujeres deberá diseñar y aplicar una eficaz estrategia de coordinación e interlocución con todas las dependencia, entidades y organismos que integran la estructura del Gobierno Federal, con el fin de lograr que los programas, proyectos y acciones que se determinen alinear en apoyo de las mujeres, se acompañen de los recursos necesarios para su ejecución.

Paralelamente a lo anterior, se deberá analizar y evaluar minuciosamente la viabilidad de las políticas públicas y los programas gubernamentales en proceso de ejecución, orientados en favor de las mujeres, mediante la aplicación de indicadores de resultados e impacto más rigurosos. Lo anterior con la finalidad de decidir cuáles se mantienen y cuáles no.

Establecer para el personal docente, médico, ministerios públicos y jueces el estudio de la perspectiva de género, a fin de que la apliquen con eficacia en el desempeño de su trabajo.

Promover oportunidades de contratación y promoción de las mujeres a puestos de mando y directivos, en todas las dependencias y organismos del Gobierno Federal, como medida determinante para impulsar su empoderamiento. La equidad de género en el servicio público, no debe quedar sólo a nivel de la titularidad de las dependencias.

El horizonte hacia la igualdad, la justicia, el respeto de sus derechos y el empoderamiento de las mujeres en nuestro país, se vislumbra aún largo y sinuoso, la creación de la Secretaría de las Mujeres, es un paso trascendental que abona a la consecución de dichos propósitos.

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