Por Ana Karen Flores*

«Hemos cortado de tajo con la corrupción en el Poder Ejecutivo»

Andrés Manuel López Obrador, 6to. Informe de Gobierno, 1 de septiembre (Milenio:2024)

En la madrugada del 04 de septiembre, se aprobó en lo general y en lo particular la Reforma al Poder Judicial; un tema que sin duda ya tenía días sobre la mesa, del cual cuestionaba algunos puntos relacionados con la designación, elección y supervisión de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desde los cambios de sede, los obstáculos para sesionar por parte de los Diputados y Diputadas de MORENA es que se logró la votación de dicha reforma, ahora corresponde al Senado discutirla, siendo aprobada pasaría directamente a la modificación o adición a la Constitución.

Recordando la edición del mes pasado: “División de Poderes” (https://revistadinteres.com/division-de-poderes/), bajo la óptica que presenciamos estos días, la reforma judicial parece ser el deseo cumplido o, mejor dicho, un capricho del Presidente actual, algo que paradójicamente contraviene a los ideales planteados; “entre líneas” tal vez. Iniciando con la desaparición de los Organismos Autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

También existe la propuesta de que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea reformado o bien con otra denominación, siendo así el órgano encargado de realizar las próximas elecciones de los jueces y magistrados; añadiendo entre sus funciones el vigilar las actuaciones relacionadas con los partidos políticos. ¿Será que realmente se logre el contrapeso? No lo sabemos, dado que MORENA cuenta con la mayoría calificada, sin embargo, ya muestra algunas manifestaciones de que “la política solo se transforma” … a los intereses particulares, algo para nada sorprendente.

En esta línea, la división de poderes permite establecer los contrapesos o medir las atribuciones de cada uno de los mismos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; una especie de balanza logrando garantizar la democracia y con ello tener derechos humanos (ya están) protegidos adecuadamente. Sin esto, prácticamente está el abuso de poder o el autoritarismo. No una dictadura, solo el autoritarismo.

No podría definirse algo similar al año 1994 con la desaparición de las empresas nacionales y finalmente Luz y Fuerza durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, porque tal vez la edad y la generación milenial no favorecen dadas las circunstancias, pero, generaciones atrás sí recuerdan cómo se fue minando parte de estas decisiones conforme a una política neoliberal y al final terminó con el hartazgo, o tal vez la vox populi habló ante tantas situaciones.

Otro de los puntos reveladores es la figura de los jueces sin rostro, una modalidad donde supuestamente el Estado protege a los jueces en los casos relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico o delitos graves que atenten contra la seguridad. Aunque parece no tiene trascendencia con la ciudadanía, en realidad hay mucho más de eso: la seguridad de los integrantes del Poder Judicial depende exclusivamente del Gobierno dado que la justicia claramente está a su cargo (como Estado). No es comprar unas pastillas o el remedio mágico que en automático brinde justicia.

Así mismo, los jueces sin rostro previamente ya fueron nombrados en algún sexenio. ¿Cuál? El de Felipe Calderón Hinojosa, pero con la denominación de jueces anónimos en un intento de reformar el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al final no prosperó en ese tiempo, al final solo las ideas quedan en la mesa, llegando una persona a retomarlas. La política también es inspiración.

Y la inspiración continúa. Los jueces sin rostro limitan el derecho de un juicio transparente e independiente, pues al desconocer la identidad de la persona o en este caso el servidor público que conoce del caso, viola el debido proceso. Las referencias internacionales como Perú o Colombia con esta figura describen las limitaciones por no mencionar “vulneraciones” a las personas que acceden a la justicia conforme esto: uno porque puede señalar bajo acusaciones falsas a determinadas personas, asociaciones u organizaciones de la sociedad civil que señalen las deficiencias del Ejecutivo y dos: porque no hay un acceso a la transparencia o información. ¿Ahora la conexión con los órganos autónomos?

Los antecedentes o referencias de esta figura en Latinoamérica también llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacando la vulneración de los derechos durante los juicios, afectando el estado democrático en el acceso a información pública e incluso en la idoneidad de perfiles para conocer de dichos asuntos.

La deuda pendiente con la reforma judicial es que si bien la justicia es fundamental, lo es la perspectiva de género, la interseccionalidad, la perspectiva de infancia y adolescencia entre otros criterios necesarios para comprender los entornos culturales y/o sociales de las personas. Esto porque permitiría tener mayor empatía en todo el procedimiento judicial federal; ejemplo: salud. Si un hospital se niega a brindar atención médica urgente a una mujer indígena, la justicia se encarga de otorgar ese derecho, pero contemplando los trayectos, la propia comunidad o si existen otros obstáculos lograría mejorar la calidad de vida de la mujer indígena.

Finalmente, la rendición de cuentas o transparencia en la información permite que la ciudadanía conozca la actuación de los servidores públicos, juezas y jueces en el ámbito de sus competencias sobre el desempeño, casos relacionados con corrupción, nepotismo, manejo de recursos públicos o contratos de obras públicas, personas beneficiadas con algún programa de carácter público, reflejan el trabajo realizado y sobre todo, las políticas públicas implementadas para el mejoramiento o no de las mismas.

Capricho: Determinación que se toma arbitrariamente, inspirada por un antojo, por humor o por deleite de lo extravagante y original. (RAE). Capricho: dícese de los mandatos de un presidente que simplemente transformó una política neoliberal disfrazada de ¿populismo?, para ajustar lo que es a su conveniencia. Capricho, lo que se observará en unos meses, años o más. Capricho: el resultado de la vida misma y cómo la política solo se ajusta conforme a la voz del Ejecutivo.

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