Por Arturo Allende González*
Una de las implicaciones que tendrá y/o deberá tener, según la opinión de algunos analistas políticos, el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como Presidenta de la República, será promover una nueva gobernanza como parte de su gestión.
Lo anterior a partir de considerar que la negociación, la cooperación y la coordinación entre el Poder Ejecutivo, a través del brazo ejecutor de sus decisiones políticas -la administración pública-, con diversos actores de la sociedad mexicana, se conciben necesarios para optimizar el desempeño del quehacer gubernamental, así como para incrementar sus resultados.
Con el propósito de entender mejor los alcances del término “Gobernanza”, expongo a continuación, algunas notas conceptuales sobre sus: antecedentes, definiciones y atributos.
Tratadistas del tema ubican como origen del estudio de la gobernanza, el documento de debate titulado Reconceptualizando la Gobernanza (1997), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En el referido documento el PNUD adopta un significado amplio de gobernanza, en el cual se incluyen tres potestades de la misma, a saber: el dominio del Estado, el dominio de las organizaciones de la sociedad civil y el dominio de la iniciativa privada.
A partir del análisis de los elementos aludidos por el PNUD, la idea central es que la gobernanza además de considerar al Estado, incluye a las organizaciones de la sociedad civil y al sector privado. De esta manera, gobernanza se entiende como una forma en que se conduce una sociedad y de organizar la acción colectiva para el logro de objetivos comunes, en la que participan tanto actores públicos como privados. Representa una forma diferente de concebir los asuntos de gobierno que bajo una visión tradicional -perspectiva de gobernabilidad- se limitaba a los poderes públicos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), define a la gobernanza como “la realización de relaciones entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar asuntos de interés público, proceso que puede ser caracterizado por la competencia y cooperación de instituciones tanto formales como informales (ciudadanía y sus distintos mecanismos de organización temporal y/o espontánea).”
Frank M. Cabrera Rizek entiende por gobernanza “El ejercicio de autoridad política, económica y administrativa para manejar los asuntos de la nación, es un complejo de mecanismos, procesos, relaciones e instituciones por medio de los cuales los ciudadanos y los grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y obligaciones y median sus diferencias”.
Para Luis F. Aguilar Villanueva destacado estudioso de la gobernanza, la gestión de gobierno y la administración pública, el término gobernanza “alude a la idea de que existe cierta forma apropiada, eficaz, correcta, de cómo gobernar una sociedad determinada. En este sentido, el concepto de gobernanza se asocia a nociones como la de buen gobierno, mejores prácticas de gobierno, impulsadas desde la academia y por diversos organismos internacionales”.
Gobernanza democrática, para Ricardo Uvalle Berrones este nuevo paradigma de la administración pública, “demanda un gobierno abierto, deliberativo y corresponsable, capaz de construir un nuevo espacio público e institucionalizar las formas de cooperación, que impulsen el rigor de los diferentes actores interesados en participar en la acción pública. En este sentido, el poder público se entiende como el poder de los ciudadanos para que la gobernanza y las políticas públicas tengan un valor institucional que se nutra de los valores democráticos de la propia sociedad”.
Georgina Villafranca López apunta al respecto que “… la participación ciudadana en el modelo de gobernanza democrática supone el vencimiento del monopolio gubernamental de las decisiones públicas a través de la corresponsabilidad social entre los poderes públicos y los ciudadanos que demandan su participación de forma individual o grupal en organizaciones civiles”.
Villafranca López caracteriza la gobernanza democrática con los siguientes atributos:
- Gobierno coordinador.
- Dirección consensuada de la sociedad.
- Participación ciudadana proactiva.
- Relaciones de corresponsabilidad.
- Relaciones interorganizacionales.
- Pluralidad de redes con fines de agenda pública.
Enfatiza que “Si bien el paradigma de la gobernanza democrática permite institucionalizar los nuevos modos de distribución del poder en la sociedad, a través de la coproducción de políticas públicas, con la participación de los ciudadanos, es imprescindible atender los mecanismos y procesos que favorezcan la formación de una ciudadanía capaz de contribuir a la acción pública”.
El los conceptos de Gobernanza anteriormente enunciados, están presentes de manera enfática dos elementos: gobierno y sociedad, como categorías interrelacionadas, en la perspectiva de hacer más eficiente la acción pública, a partir de una nueva conceptualización del espacio público.
En un escenario tan complejo como el que se vislumbra caracterizará al periodo presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo, en el que tendrá que enfrentar multitud de problemas y ofrecer soluciones satisfactorias, se concibe congruente redefinir el espectro público, abriendo espacios de participación -de manera coordinada y corresponsable- a los grupos sociales en la planeación, ejecución y evaluación de la acción pública.
Su arribo al poder el 1º. de octubre de 2024, tendrá ineludiblemente implicaciones en diversos aspectos de la vida política, económica y social del país, uno de ellos podría ser el cambio de modelo en la acción pública, sustentado en una nueva gobernanza, en la que estén presentes corresponsablemente gobierno y sociedad, con un objetivo común, hacer más eficiente la ejecución de las políticas públicas y potenciar sus alcances y beneficios.
Como lo enfatiza Martín de Jesús Díaz Vázquez, “en el contexto actual mexicano, es imprescindible que los actores interesados e involucrados en las políticas públicas aporten valor agregado, nuevas ideas para construir lo mejor posible las decisiones que tienen su impacto en la sociedad. Específicamente los hacedores o diseñadores de políticas, deberán mejorar continuamente su efectividad, eficiencia y eficacia, para hacer viables las medidas y estrategias y lograr los impactos esperados”.
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