Por Gabriel Escalante Fat

«Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil» – Abraham Lincoln

El domingo 26 de noviembre de 1978 hubo elecciones municipales en el Estado de México. 17 días antes yo había cumplido 18 años de edad y me urgía votar por primera vez. El candidato del PRI (quizás el único) era Don Ángel Castillo, quien ya había sido presidente municipal de 1970 a 1972, dejando una honda huella por su entrega al municipio, su trabajo duro y su honestidad intachable.

En esa época era muy fácil obtener la “Credencial permanente de elector”; sólo había que acudir a la Junta Municipal Electoral con una copia del acta de nacimiento y uno salía en minutos con aquel tarjetón mecanografiado sobre un formato en papel seguridad. De allí, directo a la casilla a ejercer mi obligación y derecho ciudadanos.

Han pasado 45 años desde aquel día y puedo afirmar, con orgullo, que nunca he faltado a una elección. Desde aquella época en que los resultados se conocían desde semanas antes (El Partido Oficial nunca perdía y cuando perdía, arrebataba), la jornada electoral significa un día importante para mí, en el que me quedo en mi lugar de residencia y acudo desde temprano a mi cita con las urnas.

Mucha agua ha corrido bajo el puente y mucho han cambiado los procesos electorales, para bien y para mal.

De la Comisión Federal Electoral (órgano de gobierno), al primer IFE descentralizado, de allí al IFE ciudadanizado e independiente y de éste al INE actual, hay una clara evolución.

De la proscripción de partidos de izquierda (con excepción del PPS que funcionaba como satélite del PRI para cooptar posibles disidencias), del PARM anquilosado que era también un faldero del partido oficial y de un PAN intelectualmente sólido, pero sin recursos y con una sospechosa afinidad disimulada con la Iglesia Católica, pasamos a la legislación actual, en la que una asociación política con suficientes agremiados puede convertirse en partido estatal o nacional, con derecho a prerrogativas económicas y tiempo aire en medios.

Eso es una distancia astronómica.

Del “carro completo” y el “de todas, todas” previo a 1988, pasando desde luego por el muy probable fraude a Cuauhtémoc Cárdenas, orquestado por el redimido e impoluto actual director de la CFE, ejemplo de probidad y humanismo, se llegó al primer reconocimiento de una gubernatura ganada por la oposición: Baja California, en 1989, que de alguna manera intentaba compensar el fraude en Chihuahua de 1986, perpetrado por ¿quién creen?… Sí, por el propio Manuel Bartlett siendo titular de Gobernación.

A raíz de la creación del IFE, de su proceso de ciudadanización en 1994 y de su autonomía plena en 1996, las condiciones de equidad entre fuerzas políticas permitieron que, durante el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), 13 gubernaturas pasaran a manos de la oposición: El PRD conquistaría cinco, en tanto el PAN repetiría el triunfo en Baja California y se haría con ocho entidades más.

La participación ciudadana en las elecciones creció a partir de que los procesos se hicieron más transparentes y competidos. El nuevo siglo llegó a México de la mano de la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, con el triunfo claro de Vicente Fox, reconocido por el presidente Zedillo en un gesto de civilidad y hombría de bien. A partir de ese momento, ya nada sería igual en los procesos electorales en México.

Sin embargo, nuestra democracia, frágil aún, está en peligro más que nunca antes.

Por una parte, el Gobierno Federal parece anhelar los viejos tiempos en los que las autoridades eran juez y parte en las elecciones. El presidente se salta las leyes electorales un día sí y otro también, muchas de ellas promovidas por su grupo político en la reforma del 2007, luego de su berrinche monumental con el bloqueo de Reforma y de su “presidencia legítima” de opereta.

Hay indicios –aunque no comprobados, ciertamente- de que el crimen organizado ha financiado las campañas de 2006 y 2018 a favor de quien nos gobierna desde Palacio Nacional.

Se ha socavado al Tribunal Electoral, poniendo trabas que han impedido al Senado de la República nombrar a dos magistrados faltantes para que se integre adecuadamente la Sala Superior con siete miembros, como lo dispone la Constitución. Desde hace dos años, trabaja “cojo” con sólo cinco magistrados, y en esas condiciones enfrentará la elección más numerosa e importante de la historia del país.

También desde el Ejecutivo se intenta debilitar al INE, restringiendo su presupuesto e insertando consejeros abiertamente proclives al régimen actual y se ha anunciado la intención de hacer cambios constitucionales que lo dejarían indefenso y dependiente –como hace cincuenta años- del Gobierno de la República.

Por si lo anterior fuera poco, a las claras evidencias de que la delincuencia organizada influyó notoriamente en las elecciones de 2021 en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa y Sonora, se suman los crímenes contra aspirantes y candidatos a distintos cargos de elección, en una clara demostración de músculo de quienes gozan de los abrazos de la 4T, a los que ellos corresponden con balazos y violencia extrema, que enrarecen el clima previo a la jornada electoral del próximo 2 de junio.

Apenas el 27 de febrero pasado, los más claros aspirantes a la presidencia municipal del cercano municipio de Maravatío, fueron privados de la vida el mismo día. Uno panista, Armando Pérez Luna; otro morenista, Miguel Ángel Zavala. Ambos, ciudadanos muy populares y apreciados por los habitantes de aquel enclave michoacano. ¿Qué mensaje conllevaban esos crímenes?

En Celaya, Guanajuato, el dos de abril, segundo día de campaña y al término de un acto proselitista, fue ultimada a tiros Bertha Gisela Gaytán, candidata de Morena a la presidencia celayense. Como si el hecho no fuera una tragedia, las fuerzas políticas empezaron a lanzarse acusaciones mutuas, las autoridades tardaron más en llegar al lugar del homicidio que en evadir su responsabilidad ante tan atroz hecho.

Y esos crímenes son sólo los más notorios entre alrededor de medio centenar de actores políticos que han sido asesinados en lo que va del proceso electoral que concluirá en junio. ¡Es escandaloso, es inédito, es indignante!… Pero sobre todo, es muy triste.

Nunca imaginé, aquella mañana de 1978 en que mi entusiasmo por mostrar ante las urnas mi recientemente adquirida mayoría de edad, que 45 años después iría a emitir mi voto no tanto por un gusto… ni por un deber cívico… ni por expresar mi preferencia política…

Sino por tratar de impedir, desesperadamente, que en pocos años pudiéramos volver al tiempo en que otros, en las cúpulas del gobierno y de los más oscuros intereses, decidan en vez de los ciudadanos, quiénes dirigirán los destinos de nuestros municipios, estados y país.

¡Esta es la última llamada!

EN AGOSTO NOS VEMOS

Me resistí poco más de 20 días a comprar la novela póstuma de Gabriel García Márquez “En agosto nos vemos”, que publicaron sus hijos en el 97° aniversario del nacimiento del Nobel colombiano y a casi diez años de su fallecimiento.
Claramente se advirtió al posible lector que el propio Gabo dictaminó: “Este libro no sirve, hay que tirarlo”.
Contra esas advertencias, sus hijos Rodrigo y Gonzalo García Barcha decidieron editar esa última obra escrita por su padre, respetando cada nota manuscrita que el autor anotó en el último borrador que tuvo en su poder.
Se dice que, más que una novela, “En agosto nos vemos” pretendía ser un conjunto de relatos más o menos ligados, con una misma protagonista: Ana Magdalena Bach, una mujer de 40 años que, a raíz de la muerte de su madre, visita cada aniversario la tumba en la que ésta reposa, situada en una isla a cuatro horas por transbordador desde la ciudad en que la hija vive.
Explorando la sexualidad y el deseo, Ana Magdalena descubre que una noche al año, ella puede convertirse en una mujer distinta a la convencional esposa y madre que es el resto del tiempo.
La premisa es estupenda y la novela en realidad no es mala (se lee en dos o tres horas). Sin embargo, carece de la precisión literaria (carpintería, le llamaba GGM), de la palabra hecha magia, del encantamiento que atrapaba al lector en las páginas que escribía el mejor autor en lengua española del siglo XX.
Cincuenta mil ejemplares físicos se han desplazado en menos de un mes, además de incontables descargas electrónicas (así la leí yo). Pero el éxito económico no es lo que persigue un autor que ha trascendido a las épocas y a las fronteras, ni seguramente sus hijos, quienes gozan de una situación monetaria más que holgada.
Los lectores, más que los críticos, tenemos en nuestra mano el juzgar si el contravenir la decisión de García Márquez, respecto a destruir el manuscrito, valió la pena. Yo, personalmente, digo que no.

Guadalajara, Jalisco, abril 04, 2024.

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